Por Mario Hubert Garrido
Corresponsal jefe en Panamá
La normativa, aprobada por la Asamblea Nacional (parlamento) en sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo, establece requisitos de sustancia económica para grupos multinacionales que obtienen rentas pasivas de fuente extranjera desde sociedades constituidas o domiciliadas en Panamá.
La iniciativa, identificada como Ley 526 antes de su sanción, fue publicada oficialmente en Gaceta Oficial y constituye uno de los principales compromisos asumidos por la administración de Mulino frente a la UE, organismo que mantiene a Panamá en su lista de jurisdicciones no cooperativas desde 2021.
Esta decisión ocurre en un momento estratégico. Panamá será sometido en octubre próximo a una nueva evaluación técnica por parte de autoridades europeas, que revisarán el cumplimiento de estándares internacionales en materia de transparencia fiscal, intercambio de información y prevención de evasión tributaria.
REPUTACIÓN FINANCIERA
La permanencia de Panamá en listas grises y negras internacionales ha sido durante años uno de los principales desafíos para su centro financiero y su reputación como plataforma de servicios globales.
El país ha enfrentado fuertes cuestionamientos desde la divulgación de los llamados “Papeles de Panamá” en 2016, investigación periodística internacional que reveló el uso de sociedades offshore para ocultar activos y evadir impuestos en distintas jurisdicciones.
Posteriormente, organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Unión Europea incrementaron las exigencias sobre transparencia corporativa y fiscal.
Aunque Panamá logró salir en 2023 de la lista gris del GAFI relacionada con prevención de blanqueo de capitales, todavía permanece bajo observación de la Unión Europea en materia tributaria. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que la nueva legislación busca enviar “un mensaje potente e inequívoco” a la comunidad internacional. “Cuando los panameños nos unimos pensando en el país, el resultado es definitivamente inequívoco”, declaró el funcionario tras la aprobación parlamentaria.
Chapman sostuvo que la reforma fue producto de consultas con diputados, representantes del sector privado, especialistas tributarios y gremios empresariales.
NUEVAS OBLIGACIONES
La nueva legislación obliga a determinados grupos multinacionales a demostrar presencia económica real en Panamá cuando generen ingresos pasivos provenientes del exterior.
Esto incluye evidencias de operaciones efectivas, personal, gastos operativos, toma de decisiones estratégicas y actividades económicas verificables dentro del territorio panameño.
La medida apunta especialmente a combatir el uso de “empresas de papel” o entidades sin actividad económica real, utilizadas históricamente para planificación fiscal agresiva o traslado artificial de beneficios.
Especialistas consideran que la reforma acerca a Panamá a estándares impulsados por la OCDE y el proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), diseñado para limitar mecanismos internacionales de evasión fiscal corporativa.
Analistas tributarios locales señalan que el concepto de “sustancia económica” se ha convertido en uno de los pilares centrales de la arquitectura fiscal internacional posterior a la crisis financiera global y al endurecimiento regulatorio surgido tras múltiples escándalos financieros.
IMPACTO ECONÓMICO
El Gobierno panameño sostiene que abandonar las listas discriminatorias es fundamental para proteger empleos, mantener competitividad y atraer nuevas inversiones extranjeras.
Según Chapman, la permanencia en estos listados afecta no solo a empresas internacionales establecidas en el país, sino también a pequeñas y medianas empresas que prestan servicios asociados al sector corporativo y financiero.
Empresarios del sector logístico y de servicios internacionales han advertido durante años que las restricciones derivadas de las listas europeas encarecen operaciones bancarias, dificultan transacciones internacionales y generan mayores controles para compañías registradas en Panamá.
Diversos bancos corresponsales internacionales también han endurecido sus procesos de debida diligencia hacia clientes panameños en los últimos años, elevando costos regulatorios y afectando la competitividad del sistema financiero.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá había solicitado previamente acelerar reformas orientadas a mejorar la imagen internacional del país y reducir riesgos reputacionales.
DEBATE POLÍTICO
Aunque la iniciativa logró aprobación legislativa, algunos sectores expresaron preocupaciones sobre posibles impactos en el modelo tradicional de servicios offshore de Panamá.
Juristas y expertos fiscales han advertido que el país enfrenta el desafío de equilibrar cumplimiento internacional y preservación de su atractivo como centro financiero regional.
Sectores críticos también sostienen que las listas europeas poseen componentes políticos y competitivos, argumento defendido históricamente por distintos gobiernos panameños.
Las autoridades panameñas insisten en que el país ha cumplido progresivamente estándares internacionales y consideran injusta su permanencia en ciertos listados.
PRÓXIMA EVALUACIÓN
El ministro Chapman anunció que viajará en junio a Europa para sostener reuniones con organismos técnicos y autoridades comunitarias, con el objetivo de explicar el alcance de las nuevas medidas adoptadas por Panamá.
El Ejecutivo espera que la reforma fortalezca la posición del país durante la evaluación prevista para octubre.
La salida de las listas europeas es considerada una prioridad estratégica por el Gobierno de Mulino, que busca impulsar la recuperación económica, atraer inversión extranjera y consolidar la posición de Panamá como centro financiero, logístico y corporativo regional.
Sin embargo, expertos internacionales advierten que el proceso dependerá no solo de la aprobación de leyes, sino también de su implementación efectiva, supervisión institucional y resultados concretos en materia de transparencia fiscal.
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