Por Mario Hubert Garrido

Corresponsal jefe en Panamá

Las reformas a la estatal Caja de Seguro Social, aplazadas durante años por sucesivas administraciones, obligaron al actual presidente de la República, José Raúl Mulino, a proclamar en campaña y una vez en el poder, que sería tema priorizado.

Tras ser investido con la banda presidencial para un mandato de cinco años (2024-2029), Mulino precisó que a su gobierno correspondía “la difícil y valiente tarea de resolver la crisis de la Caja del Seguro Social. Su situación es crítica e impostergable”, según dijo.

De acuerdo con los expertos, de no hacerlo, el programa de Invalidez, Vejez y Muerte colapsaría en menos de un año, al dejar sin jubilación a miles de panameños que se sacrificaron toda una vida, aunque pagaron con responsabilidad sus cuotas.

A inicios de este año se comenzó todo un proceso dirigido a propiciar los cambios de fondo para salvaguardar la Seguridad Social, la cual, dijo, “no es solo para resolver el problema de las pensiones, es también para resolver los problemas de abastecimiento de medicamentos y la prestación de servicios médico-quirúrgicos”.

De manera inmediata se intensificó en el país una campaña del Ejecutivo que incluyó reuniones con los jefes de partidos políticos, bancadas, representantes de trabajadores y el pueblo organizado.

Estas últimas pláticas eran las más difíciles por la conocida oposición popular a mecanismos privatizadores, medidas paramétricas como elevar la edad de jubilación y las cuotas obrero-patronales, además del retorno al sistema solidario en el pago de pensiones, contrario a las cuentas individuales.

En paralelo se aprobó in extremis en el parlamento la designación de un empresario de aseguradoras, Dino Mon, como director de la CSS, pese al rechazo de los colectivos, lo que para muchos analistas fue una primera muestra de que los acuerdos durante el resto del proceso serían impuestos.

Para los movimientos populares, aquel mensaje posterior a los encuentros fue una gran mentira, porque el resultado de las mesas técnicas no fue el borrador que debieron entregar, por lo tanto, ese documento se elaboró sin el consenso de la mayoría (10 de 11 organizaciones presentes en las conversaciones).

El Legislativo se demoró pero al final votó en mayoría en favor de la Ley 462, que de inmediato fue sancionada por el jefe de Estado.

DEMANDAS INTERNAS

Voceros de los colectivos como el secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), Marco Andrade, y el líder de la mayor organización de constructores, Saúl Méndez, denunciaron de manera temprana la falta de consenso y la ilegalidad de traer al parlamento un proyecto sin respaldo de la mayor cantidad de organizaciones convocadas para su construcción.

En los encuentros con los diputados, varios de esos portavoces demandaron que se retire el proyecto de ley sobre la CSS, que solo va en detrimento de la clase obrera y de la mayoría de trabajadores informales del mercado laboral y sus familias.

Porque respalda intereses de los grandes empresarios que se han robado el dinero de la CSS, y citan la actual evasión fiscal que supera los siete mil millones de dólares.

Sobre el tema, Méndez recordó incluso que ante similares maniobras, a finales de 2023, cuando la AN aprobó un leonino contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá, filial de la trasnacional canadiense First Quantum, el pueblo salió a las calles y obligó a la Corte Suprema de Justicia declararlo inconstitucional y cerrar las operaciones de la mina de cobre en Donoso (Colón).

Una maniobra para imponer este mamotreto, dijo, podría llevar a otras manifestaciones de un pueblo cansado de la forma en que opera el Ejecutivo, como también sucedió en 2022 contra el alto costo de la vida o a finales de 2023 en rechazo a la minería metálica a cielo abierto.

INTENSAS MANIFESTACIONES

Las agrupaciones que integran la alianza Pueblo Unido por la Vida fueron protagonistas de intensas manifestaciones en Panamá contra la Ley 462.

Las protestas de diversos colectivos que exigían la derogación de la norma de pensiones también se solidarizaron con las comunidades originarias que enfrentaron a unidades antidisturbios y del Servicio Nacional de Fronteras en su intento por despejar de manifestantes a la fuerza las vías en la provincia de Bocas del Toro, reprimidos de manera violenta en la operación Omega.

Los pobladores bocatoreños y de Darién también denunciaron en su momento que en los domicilios realizaron capturas de personas que no participaban en los cierres, lo que generó un amplio malestar entre la población.

En medio de este conflicto, el secretario general del sindicato de los trabajadores de la industria del banano, Francisco Smith, fue detenido y un juez de garantías le aplicó medida preventiva por seis meses.

A Smith se le imputaron cargos por la supuesta comisión de los delitos contra el patrimonio económico, el libre tránsito, asociación ilícita para delinquir y contra la administración pública. El coordinador nacional del Frente por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso), Jorge Guzmán, denunció que como resultado de los ataques a manifestantes por aire, mar y tierra, más parecidos a formaciones militares, hubo fallecidos, heridos y desaparecidos, con una cifra aún por precisar.

Mientras, más de 800 personas de 17 países suscribieron una carta abierta dirigida al presidente panameño, en la que solicitaron observación internacional ante la represión desatada contra las protestas populares.

Frente a este escenario, la carta solicitaba la intervención de agencias internacionales de derechos humanos, para dar seguimiento a la situación que vive Panamá y garantizar la protección de las libertades fundamentales.

LA LUCHA SIGUE

En medio de tanta persecución política de sus principales dirigentes, como el líder del sindicato de la construcción, Saúl Méndez -quien al ver amenazada su vida, se refugió en el embajada de Bolivia y desde allí viajó al exilio-, las organizaciones populares y políticas de izquierda organizaron sus bases y aseguraron que la lucha sigue.

El Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), y la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, realizaron sus respectivos congresos ordinarios y eligieron a las nuevas autoridades.

Durante la etapa se constituyó oficialmente el partido Frente Amplio por la Democracia (FAD), representante de las fuerzas de izquierda, y en otro foro constitutivo también eligió a su nueva presidenta, la economista Maribel Gordón.

En ese panorama, tanto Méndez como Gordón han hecho llamados a defender la democracia desde las urnas, sin desatender las luchas reivindicatorias en las calles.

En sus mensajes, denuncian “persecución” y la existencia de un supuesto “Estado de hecho” en la nación istmeña.

“Vivimos momentos difíciles, de persecución, de lucha. Vivimos momentos en los que el dictadorzuelo (en alusión al actual presidente José Raúl Mulino) ha violado la Constitución, las leyes, él y el séquito de corruptos con que gobierna”, a juicio de Méndez.

Además, condenan la acción de los poderes económicos que no representan al pueblo. Denuncian supuestos casos de tortura, asesinatos, masacres, y persecución contra líderes sociales, mencionando directamente a Jaime Caballero, Genaro López y otros dirigentes del Suntracs.

Asimismo refieren la destitución de docentes, procesos judiciales en curso.

Los colectivos han rechazado además la firma del memorando de entendimiento entre Panamá y Estados Unidos en materia de seguridad, y acusaron que el país “ha vendido la soberanía a los gringos”, lo que para muchos abriría la puerta a la presencia militar extranjera en territorio panameño.

También adversaron el interés del Ejecutivo por la reapertura de la mina de cobre de Donoso (Colón), pese a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2023 que declaró inconstitucional el contrato suscrito entre el Estado y la trasnacional canadiense First Quantum, y ordenó el cierre de sus operaciones.

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