Por Yosbel Bullaín

Corresponsal jefe en Nicaragua

La iniciativa se desarrolla desde el 27 de julio pasado y según precisó la copresidenta Rosario Murillo, más de 200 mil nicaragüenses participaron en las consultas realizadas durante este mes de agosto.

En medios de prensa del poder ciudadano, la mandataria destacó la participación de amplios sectores de la población y sostuvo que el proceso constituye una expresión de la voluntad de las familias nicaragüenses de avanzar por caminos de paz, unidad y desarrollo.

En los encuentros, que se desarrollan bajo los principios de paz, seguridad y estabilidad, y deben concluir a finales de este agosto, han participado de manera presencial y virtual representantes de sectores como el deporte, la salud, la cultura, e iglesias cristianas.

También de pueblos originarios y afrodescendientes, gobiernos municipales y regionales, artistas, músicos, comunicadores, trabajadores de zonas francas y miembros de las fuerzas militares y policiales.

Para el analista internacional Fabrizio Casari, las reformas que modificarán parcialmente el texto de la Carta Magna de Nicaragua son, en efecto, expresión tanto de la identidad política de su sistema como del contexto político en el que se producen.

“Después de todo, la Constitución señala los principios y las leyes establecen la legalidad de la acción en una sociedad”, expresó el experto en un reciente artículo titulado “Nicaragua y las reformas: la defensa del modelo”.

PROPUESTAS DE REFORMAS

Las propuestas de las reformas parciales a la Constitución nicaragüense, defienden seis ejes principales.

En el primero, titulado No Podrán, se establecen limitaciones conforme al artículo 47 de la Carta Magna y establece que no podrán ser candidatos a cargos de elección popular ni ocupar cargos públicos quienes hayan participado en actos calificados como “golpistas”, menoscaben la independencia, soberanía y autodeterminación de Nicaragua, quienes sean considerados “traidores a la patria”, ni aquellos que vulneren los principios previstos en la Constitución.

El segundo eje se denomina estabilidad, y expresa que los cargos de elección popular, así como los de elección o ratificación por la Asamblea Nacional, tendrán una duración de siete años.

Otra de las propuestas señala que el cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Militares del Ejército de Nicaragua y el de jefes de las Fuerzas Policiales también será de siete años.

Además, en ese mismo periodo se dispone que el Consejo Supremo Electoral organice y dirija las elecciones generales, municipales y regionales.

Asimismo, no se otorgará personería jurídica a partidos políticos constituidos con financiamiento extranjero, y se cancelará cuando esas organizaciones, directivos o candidatos reciban financiamiento extranjero o hayan violado principios fundamentales de la Constitución.

La propuesta agrega que la toma de posesión de los copresidentes de la República se realizará el 18 de enero.

El proyecto también propone que los periodos de las autoridades electas en las últimas elecciones generales, municipales y regionales, actualmente vigentes, se ampliarán a siete años.

Al respecto, Casari afirmó que lo que está siendo sometido a estudio y aprobación popular son los mecanismos destinados a garantizar un proceso electoral exclusivamente nacional, que rechace cualquier tipo de injerencia extranjera y salvaguarde el modelo de país eficiente y equilibrado alcanzado.

ELECCIONES PROPIAS

El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, Gustavo Porras, al esclarecer la campaña orquestada por medios internacionales sobre el tema, manifestó que en Nicaragua sí habrá elecciones.

“Sí, va a haber elecciones, sí van a ser elecciones libres, democráticas, sí va a haber voto universal, directo, secreto, como siempre ha sido. Sí va a haber elecciones en los centros de votación y en las mesas, que siempre ha habido”, subrayó.

Porras, quien además encabeza la Comisión Especial de carácter constitucional encargada de las consultas, precisó que todos los nicaragüenses tienen derecho a votar, “pero los que son traidores a la Patria pierden ese derecho” al igual que los golpistas y quienes violan la Constitución.

En ese sentido, el parlamentario recordó que la Carta Magna nicaragüense establece en su artículo 1 que “somos defensores de la independencia, soberanía, autodeterminación, paz, seguridad y tenemos el deber de defenderla, y cualquiera que viole eso es un traidor a la Patria”.

La copresidenta Rosario Murillo afirmó que Nicaragua avanza hacia la construcción de elecciones libres, dignas, soberanas y propias, organizadas desde la soberanía nacional y de acuerdo con la voluntad del pueblo.

“Elecciones sí, pero elecciones propias”, subrayó recientemente la mandataria al rechazar el retorno de procesos electorales que, según recordó, fueron diseñados, dirigidos y condicionados por Estados Unidos.

Al respecto, Casari refiere en su artículo que la dirigencia sandinista estudia las garantías constitucionales y políticas para evitar que se repita lo ocurrido en 1990.

El analista recordó que, en esos años, la amalgama resentida de los sectores patronales al servicio de Estados Unidos quiso destruir todo el entramado constitucional y legislativo construido para permitir las principales reformas -la agraria, por encima de todas- decididas durante la década revolucionaria de los años 80.

“Se aprende de las virtudes y de los propios errores”, señaló el experto al destacar que la diferencia entre quien ha aprendido y quien no lo ha hecho, reside en poner en marcha las condiciones necesarias para que, cualquiera que sea el escenario futuro, no se repitan errores.

RESPALDO GENERAL

El próximo 1 de septiembre el titular del Parlamento, Gustavo Porras, presentará ante el plenario el dictamen final del proceso de consultas, el cual contó con un firme respaldo por parte de todos los sectores del país.

Tal es el caso del Consejo Supremo Electoral, cuya presidenta, Brenda Rocha, manifestó su apoyo a las seis propuestas de reforma constitucional, orientadas, según expuso, a fortalecer la estabilidad, seguridad, paz, soberanía nacional y funcionamiento de las instituciones.

“Creemos en una Nicaragua donde todos los ciudadanos puedan participar y decidir el futuro de la nación con respeto, dignidad, amor a la Patria y compromiso con la paz”, afirmó la magistrada.

Criterios similares emitió el resto de los más de 20 sectores que participaron en las consultas encabezadas por la comisión especial de carácter constitucional creada para este ejercicio.

Uno de los más recientes encuentros fue con miembros del Gabinete de Gobierno, en el que el asesor presidencial Laureano Ortega manifestó que a través de las reformas el pueblo presidente reafirma que en Nicaragua hay y habrá patria y sandinismo.

“Defendiendo nuestra bandera azul y blanca. Estas reformas llevan en su espíritu el legado de Darío, de Sandino, de Carlos Fonseca y de todos nuestros héroes y mártires”, subrayó.

Así avanza Nicaragua, una nación que, a decir de su copresidenta, tiene entre sus propósitos continuar construyendo el país con estabilidad y unidad, y alcanzar un futuro con “inteligencia, sensibilidad y sabiduría”, con la participación de las familias.

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