sábado 11 de abril de 2026

Jet Set: madrugada que aún reclama justicia en República Dominicana

Santo Domingo (Prensa Latina) La madrugada apenas comenzaba el 8 de abril de 2025 y la ciudad dormía cuando, dentro de la discoteca Jet Set, en la capital dominicana, la noche seguía viva.

Por Mariela Pérez Valenzuela

Corresponsal jefa en República Dominicana

Luces, música y risas llenaban el ambiente. En el escenario, el merenguero Rubby Pérez animaba a un público entregado que coreaba y bailaba sin imaginar que el tiempo estaba a punto de detenerse.

Entonces ocurrió. En cuestión de segundos, el techo cedió y la estructura se vino abajo con un estruendo que apagó la música y dio paso al caos. Donde había celebración, quedó el desconcierto. Donde había vida, comenzó una lucha desesperada por sobrevivir.

Desde ese instante, la tragedia se expandió más allá de las paredes del centro nocturno, durante décadas un emblemático escenario por el que desfilaron reconocidos artistas nacionales e internacionales como Johnny Ventura, Sergio Vargas, Gilberto Santa Rosa y Wilfrido Vargas.

Las primeras llamadas de auxilio activaron un despliegue sin precedentes. Ambulancias, unidades de bomberos y rescatistas se abrieron paso entre la oscuridad y el polvo. Bajo los escombros, voces pedían ayuda; arriba, manos urgían por encontrarlas.

EL PAÍS DESPERTÓ CON LA NOTICIA

El presidente Luis Abinader llegó al lugar pocas horas después, mientras las autoridades intentaban dimensionar el alcance del desastre.

Las labores de rescate se extendieron por más de dos días, con brigadas nacionales e internacionales trabajando sin pausa, coordinadas por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

El balance final dejó una marca imborrable: 236 personas fallecidas y más de 180 heridas. Sin embargo, la cifra no logra contener la magnitud del impacto. La tragedia se filtró en los hogares, en los hospitales, en cada familia que aún hoy reconstruye su historia a partir de esa madrugada.

En los centros de salud, la incertidumbre se volvió rutina. Listas de nombres, pasillos llenos y abrazos sostenidos por la esperanza o el duelo. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses fue, durante días, el lugar donde muchas historias encontraron un final.

Pero otras apenas comenzaban a narrarse.

Sobrevivientes cargan con cicatrices visibles e invisibles. Padres que perdieron hijos, hijos que crecieron de golpe sin sus padres, proyectos de vida truncados en cuestión de segundos. Cada testimonio revela que el colapso no terminó con el rescate: se extendió en el tiempo, en la memoria y en el dolor.

A UN AÑO DEL SUCESO, LA BÚSQUEDA DE RESPUESTAS CONTINÚA

El proceso judicial contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat -dueños del local- comenzó el 15 de abril de 2025 con la primera querella penal por homicidio involuntario, interpuesta por familiares de una de las víctimas.

En los meses siguientes, se sumaron nuevas denuncias; las investigaciones apuntan a fallas estructurales acumuladas durante años, intervenciones sin supervisión técnica y señales de deterioro que, según testimonios de empleados, habrían sido advertidas antes del desplome.

Estas revelaciones dieron paso a un proceso judicial que aún no concluye.

El Ministerio Público formalizó acusaciones por homicidio involuntario contra los responsables de la administración del local, señalando negligencia en el mantenimiento de la estructura. También se incluyeron cuestionamientos a las autoridades encargadas de la supervisión.

Actualmente, el caso se encuentra en fase de juicio preliminar, iniciado en enero de este año. El proceso ha estado marcado por aplazamientos y debates periciales, mientras decenas de familias siguen firmes en su reclamo. Hace apenas dos días el Ministerio Público pidió al juez Reymundo Mejía que los hermanos Espaillat enfrenten un juicio de fondo y solicitó mantener las medidas de coerción impuestas en junio de 2025 por la jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.

Estas consisten en una garantía económica de 50 millones de pesos (unos 806 mil 452 dólares), presentación periódica ante las autoridades y prohibición de salida del país.

La próxima audiencia, pautada para el 20 de abril, será clave en la decisión de si el caso pasa a juicio de fondo. Mientras tanto, en las afueras de los tribunales y en distintos puntos del país, continúan las manifestaciones que exigen justicia.

Porque lo ocurrido en Jet Set no pertenece solo al pasado.

Es una herida abierta que se resiste a cerrarse. Una madrugada que no termina. Un silencio que, incluso hoy, sigue haciendo ruido.

arb/mpv

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