Por Jorge Petinaud Martínez

Corresponsal jefe en Bolivia

“El Ministerio de Relaciones Exteriores, en el marco de las atribuciones reconocidas por la Ley 465, como Rector de la Política Exterior boliviana, comunica que el Estado Plurinacional de Bolivia no mantiene relaciones diplomáticas con la presunta nación ‘Estados Unidos de Kailasa’ (…)”, asegura el documento.

Según el texto, este supuesto país no se encuentra reconocido como Estado por ningún otro actor de la Comunidad Internacional en el contexto de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.

La ficticia nación Kailasa, de origen indio según sus promotores, se autoproclamó en 2019 como un país con bandera, constitución, banco central y pasaporte, a pesar de carecer de reconocimiento oficial.

Representantes de ese Estado ficticio buscan establecer ahora acuerdos de arrendamiento perpetuo de tierras con los pueblos indígenas de Bolivia, además de Ecuador y Paraguay.

El medio digital boliviano Visión 360 reportó e incluso mostró fotografías de los portavoces de Kailasa con vestimenta vistosa y colorida mientras firmaban documentos que reflejaban la intención de adquirir tierras en esta región.

Tal propósito causó problemas en varios países, como Ecuador, Paraguay, Estados Unidos y ahora en Bolivia.

En Paraguay, el exjefe de Gabinete del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Arnaldo Chamorro, fue destituido de su cargo en 2023, después de rubricar un acuerdo con Kailasa sobre ayuda al país sudamericano.

EN BOLIVIA

Recientemente, el diario El deber denunció que kailasianos intentaron establecer un contrato de alquiler “perpetuo” de 60 mil hectáreas en territorio indígena originario Baure por 108 mil dólares anuales.

Igualmente, se informó, sostuvieron conversaciones con representantes de Esse ejja y Cayubaba, y dirigentes de la Coordinadora Andina y del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq).

Denominador común en todas estas acciones es la búsqueda de la entrega de tierras a través de convenios de cooperación, entendimientos o contratos de arrendamiento.

Según distintos medios, detrás de la trama está el autoproclamado gurú Swami Nithyananda, quien se reconoce como “fundador” del país en 2019, el cual incluso se percibe como un dios en la Tierra. No existen imágenes del territorio donde, según afirman sus promotores, está asentado el país.

INVESTIGACIÓN Y AMENAZAS

Una investigación realizada por Silvana Vincenti, de El Deber, reveló la existencia de un documento que permitiría alquilar de forma “perpetua” un territorio indígena a un Estado creado por hindúes hace cinco años.

Ante la pesquisa periodística, uno de los firmantes envió un audio amenazador a la comunicadora, lo que causó preocupación en el gremio.

El documento revelado sería un acta para firmar un contrato de “arrendamiento perpetuo”, por 108 mil dólares anuales, de 60 mil hectáreas del territorio indígena originario Baure, en favor de Estados Unidos de Kailasa.

De acuerdo con la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), el domingo 16 de marzo, tras publicarse la investigación titulada “Estado ficticio tienta a indígenas para que alquilen sus territorios por mil años”, el teléfono de Vincenti recibió llamadas y mensajes.

Desde el extranjero y personas que no se identificaron, le exigieron la retirada de ese texto de las redes sociales del medio informativo.

Dentro de este contexto, El Deber informó que Vincenti “ha sido objeto de amenazas por destapar una trama de negociados de tierra que involucra a dirigentes indígenas de Beni y Pando (…)”. Tras la publicación de la nota, uno de los líderes de esa comunidad envió un mensaje amenazante a la periodista.

Precisó el diario que el mensaje de voz fue remitido desde el teléfono del dirigente de la subcentral indígena de Baure, Pedro Guasico, uno de los firmantes del acta.

El Deber también señala que los representantes del supuesto Estado habrían tenido reuniones y avances con otras naciones indígenas bajo la denominación de “cooperación mutua”. Figurarían en tal situación los Esse ejja y Cayubaba, en cuyos documentos se ofrece el pago de 55 mil 800 y 28 mil 107 dólares anuales.

Menciona que, en los documentos de noviembre de 2024, están las rúbricas de varios dirigentes indígenas y por parte del supuesto Estado firmó la “embajadora de Kailasa”, Brenda Jung, así como los delegados.

Según el diario, con posterioridad esos contratos fueron revocados.

La ANP expresó preocupación por lo que denominó hostigamiento con la aparente intención de censurar un trabajo periodístico y amedrentar a la investigadora.

Reclamó a las autoridades judiciales tomar conocimiento de estas acciones amenazadoras contra Vincenti, y pidió un pronunciamiento de las entidades encargadas de la administración y tenencia de tierras en Bolivia.

arb/jpm