Por Nara Romero Rams
Corresponsal jefe en Etiopía
Heaven Awet sólo tenía siete años de edad cuando el 1 de agosto de 2023 fue brutalmente violada y asesinada por Gentnet Bayih, dueño del alquiler donde residía con sus padres en la ciudad de Bahir Dar, región de Amhara (norte).
Con antecedentes penales, Bayih estuvo prófugo por un tiempo y caminaba libremente por las calles hasta el momento de su arresto.
La Oficina de Justicia de Amhara presentó dos cargos de delito agravado en su contra. Basándose en el Código Penal vigente, fue imputado por homicidio agravado y asesinato por violación, los cuales conllevan sentencias que pueden llegar hasta la pena de muerte o cadena perpetua.
Después de escucharse los argumentos de la fiscalía y la defensa, el tribunal determinó que las pruebas respaldaban el cargo de asesinato por violación, en lugar de homicidio agravado, y sentenció a Bayih a 25 años de prisión rigurosa.
El condenado apeló el veredicto ante el Tribunal Supremo y estará en revisión hasta 2025, cuando se emita un fallo irrevocable.
Ante ese veredicto, la indignación popular no se hizo esperar, comenzando por la madre de la víctima que expresó su frustración porque no se ajustaba a la gravedad del delito, mientras que internautas en las redes sociales movidos por la campaña Justicia para Cielo pedían la pena capital.
Sin embargo, la Asociación de Jueces de Amhara no ve con buenos ojos ese interés público y defendió la postura de que “el sistema legal debe basarse en la ley y el orden, y el asunto se encuentra actualmente bajo revisión judicial. (…) Tales acciones pueden afectar la independencia judicial y la supremacía de la ley”.
Mediante un comunicado, la asociación consideró que las campañas en las redes sociales exigiendo determinadas acciones contra los acusados crean una presión indebida sobre los jueces, los cuales deben basar sus decisiones únicamente en la ley y las pruebas.
“Estas campañas están socavando el debido proceso y amenazando el derecho de los ciudadanos a un juicio justo”, subrayó el texto.
También cuestionó la presión del Ministerio de la Mujer y Asuntos Sociales de Etiopía el cual afirmó en su perfil institucional que la forma empleada para tramitar el caso fue inapropiada.
Precisó la publicación que trabajan a fin de establecer direcciones políticas específicas para la protección de los derechos de los niños y la creación de un sistema de procedimientos a fin de registrar los ataques.
Igualmente laboran para instaurar un mecanismo de gestión de información de los niños con vistas a garantizar que reciban servicios integrales apropiados y fortalecer las actividades de coordinación.
La cartera de Estado expresó su pesar por el crimen horrible e inhumano cometido contra la menor, además de condenar enérgicamente este tipo de abuso infantil. “Al no corresponder apelar la decisión respecto al delito cometido, manifestamos que es un asunto que trabajaremos y daremos seguimiento en coordinación con los órganos judiciales y actores relevantes”, concluyó el texto.
VISIONES DIFERENTES
La administración de la ciudad de Bahir Dar condenó el crimen y afirmó que se trataba de una ofensa grave contra la moralidad y la dignidad sociales. Fue más allá al argumentar que “el veredicto no sirve suficientemente como disuasivo dada la gravedad del acto”.
Para expertos en leyes, el caso de Heaven Awet expuso importantes fallas en el sistema legal de Etiopía, particularmente en lo que respecta a los crímenes contra mujeres y niños.
En ese sentido, piden ahora una revisión exhaustiva y una modificación del Código Penal para abordar estas deficiencias.
La experta jurídica y abogada defensora Wendimu Ibsa comentó que “cuando se cometen delitos que contravienen las leyes del país y los derechos humanos básicos, basarse únicamente en las leyes convencionales no genera cambios significativos”.
Ibsa abogó por la creación de una nueva legislación que garantice un castigo proporcional para los delitos graves contra mujeres y niños, así como la urgencia de revisar las leyes penales existentes para abordarlos adecuadamente.
Otro experto jurídico, Tetemke Yohannes, pidió sentencias más estrictas en línea con las prácticas internacionales considerando que, a medida que delitos como la violencia y el abuso sexual se vuelven más frecuentes, el gobierno debería modificar las leyes para imponer castigos más severos.
Yohannes recalcó que, dada la creciente frecuencia de tales crímenes, no basta simplemente con sensibilizar a la opinión pública. “Es necesario adoptar medidas punitivas apropiadas mediante leyes penales revisadas”, añadió.
Coincidió, como el resto, en la insuficiencia de las actuales pautas de sentencia que van desde penas de prisión cortas hasta un máximo de 25 años, no acordes con la naturaleza sensible y la creciente prevalencia de tales delitos.
El debate público también reavivó las discusiones sobre la pena de muerte en Etiopía que, si bien está estipulada en la ley vigente, los expertos dicen que su implementación sigue siendo polémica.
Sobre el tema, Yohannes explicó además que muchos países que aplican la pena de muerte no la ejecutan debido a preocupaciones sobre daños a las relaciones internacionales y críticas a los derechos humanos.
Sin embargo, dada la naturaleza alarmante de los incidentes recientes, sugirió que podría ser más apropiado establecerla al menos para delitos graves como la agresión agravada.
“Teniendo en cuenta los impactantes incidentes que escuchamos, como padres que dañan a sus propios hijos, creo que sería más apropiado establecer la pena de muerte, al menos para delitos graves como la agresión agravada”, afirmó.
A su juicio, las organizaciones públicas y de la sociedad civil deben presionar al gobierno para que proteja mejor a las mujeres y los niños, especialmente a la luz de los graves ataques que enfrentan.
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