Estados Unidos no solo es destino, sino también origen de grandes cantidades de sustancias producidas en laboratorios, lo que complejiza aún más el tema del tráfico de narcóticos en el continente hacia cualquier mercado con altos precios.
Conocida históricamente como la llave del Golfo, la isla afronta inmensos desafíos con una política consolidada de Tolerancia Cero, con un carácter preventivo y multifactorial, que tiene el aval de más de seis décadas de implementación y adecuación efectiva a las más disímiles situaciones.
Los inicios de la referida política se remontan al triunfo de la Revolución en 1959, cuando el país se impuso la difícil tarea de eliminar los males y vicios de 25 años de impunidad total que propició el dictador Fulgencio Batista (1952-1958), a las lacras y las mafias.
EN LA REPÚBLICA NEOCOLONIAL
La república neocolonial nacida en mayo de 1902, llevaba las huellas de la intervención militar estadounidense, el impacto de los vicios dejados por las tropas invasoras que convivían con el consumo de opio heredado de tiempos de la colonia.
Y también las fisuras de un país en manos de adinerados inescrupulosos y corruptos, así como una débil institucionalidad que facilitó la conversión de Cuba en víctima precoz del tráfico y consumo de drogas.
Si en 1910 ya había presencia de cocaína, morfina y heroína en la isla, ocho años después se instaló la marihuana, mientras entre las décadas de 1930 y 1940 proliferaron las mafias, el paraíso de las yerbas y el trampolín de los polvos, para abrir paso a la conexión de narcotráfico entre Europa, Cuba y Estados Unidos.
Le siguió la conexión con Sudamérica y los mercados norteamericanos.
El lucrativo negocio contó con la participación de gente cercana a Batista, senadores, militares, acaudalados, Aerovías Q -principal aerolínea comercial del país-, y los aeropuertos del Ejército.
Desde finales de 1933, fruto de arreglos subterráneos entre políticos nacionales, magnates extranjeros y cubanos junto con la mafia estadounidense, empezó a forjarse un imperio delictivo en Cuba.
Entre sus negocios vitales comprendía el empleo del país como base sólida para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y uno de los más importantes centros de la delincuencia internacional, una vieja obsesión del hampa de aquel país.
Un artículo de la revista Bohemia del 8 de octubre de 1944 afirmaba que la marihuana se había extendido en su cultivo y tráfico con gran impacto en el incremento de la delincuencia.
Por el auge del tráfico ilícito de distintas drogas, Cuba era designada en aquel momento como “el centro conspirativo de la estabilidad social de las Américas y como una quinta columna de la salud de todas las Naciones Unidas”.
No hubo un acontecimiento político de magnitud o gran negocio entre 1930 y 1958 en que no estuviera presente la mano o la atención de la mafia, que puso en evidencia las interconexiones entre organizaciones criminales foráneas y locales, capos extranjeros y “empleados” nacionales.
Dicha relación devino en alianza estratégica para la gestación o el triángulo: Estados Unidos-gobierno neocolonial de la isla-mafia, que imperó en Cuba hasta el primer amanecer de 1959.
Se reorganizó después en la Florida y otros estados norteños para forjar el negocio de la guerra anticubana y de la permanente hostilidad de la Casa Blanca contra el proceso revolucionario.
Personajes de la mafia de la droga norteamericana y esbirros de la tiranía batistiana que huyeron al triunfo de la Revolución con las maletas llenas de dinero robado o resultado de negocios ilícitos, aparecieron después en documentos desclasificados o investigaciones del legislativo estadounidense implicados en delitos de alto perfil.
En los informes aparecen señalados como autores, cómplices o en el círculo de sospechosos de innumerables acciones terroristas, planes de atentados contra líderes cubanos, escándalos políticos como el Watergate e Irán-Contras o mucho antes en el propio magnicidio de John F. Kennedy.
A principios de la década de 1950, en un pacto con el gobierno golpista de Batista, la mafia concibió la construcción de una gran cadena de hoteles y casinos, sobre todo en La Habana y Varadero, como cara visible de negocios ilícitos, especialmente el narcotráfico.
También se había previsto tener a Cuba, en un futuro cercano, como un “portaaviones” para el flujo del tráfico de drogas desde América Latina hacia Estados Unidos en proporciones mayores a las alcanzadas hasta ese momento.
Pero el triunfo de la Revolución dio al traste con esos planes, y la vacante dejada por la isla sería ocupada por el Cartel de Medellín.
CONSTANCIA, UNIDAD Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
El compromiso del gobierno revolucionario recién llegado al poder en enero de 1959, tenía como punto de partida lo que el Comandante en Jefe Fidel Castro había declarado desde octubre de 1958 en los territorios liberados de la Sierra Maestra:
“Es responsabilidad y objetivo del Movimiento Revolucionario y de esta Administración la eliminación total de las drogas (…), las que en la actualidad hacen imposible un verdadero desarrollo físico, mental y económico del pueblo cubano”.
El carácter multifactorial de la estrategia cubana de enfrentamiento y prevención del flagelo se perfecciona y fortalece, con su máxima expresión en la Comisión Nacional de Drogas, creada en marzo de 1989 y reestructurada en 1998.
Tiene una amplia participación interdisciplinaria que incluye entre otros a los ministerios de Justicia, Salud Pública, Educación y Educación Superior, Cultura, de Relaciones Exteriores y del Interior, así como la Fiscalía General y la Aduana General de la República.
Concibe la prevención y el enfrentamiento en sistema y de manera integral permite a Cuba garantizar la coordinación de intereses y esfuerzos entre entidades del Estado, organizaciones políticas, sociales y de masas, así como la colaboración internacional.
La estrategia cubana apuesta por inmunizar con valores y la educación de la sociedad como columna vertebral, así como la práctica del deporte y la recreación sana, al tiempo que promueve la atención médica oportuna a los enfermos por adicciones y la reinserción social de las personas sancionadas por delitos vinculados a las drogas.
En el 2021 se enfrentaron intentos de trasiego o introducción de drogas a través de las fronteras marítima y aérea, se desmantelaron cultivos de marihuana y se neutralizaron acciones de tráfico interno.
En estos hechos se incautaron más de cuatro mil kilogramos de esas sustancias, con predominio de la marihuana y la mayoría como resultado de recalos en las costas del país.
Sobresalió la persistencia e intencionalidad de emigrados cubanos y extranjeros de organizar operaciones de drogas, con apoyo de ciudadanos cubanos, para lo cual reacomodaron y diversificaron su actuar, empleando las cargas no acompañadas, envíos postales y utilización de lanchas rápidas.
Las autoridades pertinentes capturaron cinco medios navales por narcotráfico internacional, confiscaron bienes y sumas de dinero, y frustraron 21 hechos de tráfico internacional por la frontera aérea con 41 detenidos entre nacionales y extranjeros.
Otro dato importante es que de 2015 al 2021 disminuyó el número de menores involucrados en estos actos delictivos, y que la mayor parte de los eventos ocurrieron fuera de las instituciones de educación.
Cuba dispone de un efectivo sistema jurídico y judicial, y otorga una gran importancia a la preparación y capacitación de las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley. Realiza, además, un control de los precursores y sustancias químico bases y mantiene vínculos de cooperación internacional en los ámbitos policial, aduanal y judicial.
Por otra parte, la mayor de las Antillas tiene firmados 11 tratados de extradición, 34 de asistencia jurídica, 42 de drogas y 31 de traslado de sancionados con otros países.
Asimismo es signataria de instrumentos jurídicos multilaterales en materia de drogas aprobados por Naciones Unidas como la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, enmendada por el Protocolo de 1972, por Adhesión el 30 de agosto de 1962.
Igualmente suscribió el Convenio de Sustancias Sicotrópicas de 1971, por Adhesión en fecha 26 de abril de 1976 y el Convenio de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, firmado el 7 de abril de 1989.
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