“El multilateralismo no es una opción, sino una necesidad mientras reconstruimos un mundo mejor con más igualdad, resiliencia y sostenibilidad”, aseguró el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, en un escenario global marcado por los intereses hegemónicos, el uso de la fuerza o la amenaza del mismo y el intento de marginar a actores que deberían tener voz en el concierto internacional.

Parte fundamental de esa arquitectura en pos de la paz, la seguridad y el desarrollo es el respeto de los derechos humanos, entendiendo como tal el derecho de todas las personas a existir en libertad y dignidad, al margen de la raza, el color de la piel, el origen o la condición social, el sexo, el idioma, la religión o la opinión política.

En su preámbulo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada el 10 de diciembre de 1948 en París por la Asamblea General de la ONU, tres años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, considera que “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”.

Dotada de 30 artículos, en el primero de ellos la Declaración reconoció que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Entonces, la comunidad internacional ya contaba con una herramienta alentadora, la Comisión de Derechos Humanos, creada en 1946 para establecer la estructura jurídica e internacional que protege los derechos y las libertades fundamentales.

Con el paso del tiempo, el órgano integrado por 53 Estados miembros fue creciendo en su mandato y alcance, abriendo espacios a la sociedad civil.
Sin embargo, también resultó presa de intereses de potencias como Estados Unidos y sus pretensiones hegemónicas, que con la resistencia de algunos países convirtieron a la Comisión en un instrumento de ataque contra gobiernos específicos.

Mediante relatores, informes y organizaciones no gubernamentales, el ente destinado a ser una herramienta multilateral intentó sentar en el banquillo de los acusados una y otra vez a países como China, Cuba, Irán, Iraq, Libia, Nicaragua, Siria, Sudán del Sur, República Popular Democrática de Corea, Rusia y Venezuela.

Los derechos humanos pasaron a ser un arma sustentada en la selectividad, el doble rasero, la politización y la singularización, al tiempo que el órgano esquivaba la condena a acciones desde Occidente, entre ellas invasiones, actos de racismo, asesinatos selectivos y otras.

Una de las voces respetadas del llamado Sur Global, Cuba, denunció de manera recurrente la pérdida de legitimidad y credibilidad de la Comisión de Derechos Humanos, pese a los esfuerzos por rescatarla en nombre del diálogo y de la cooperación.

La isla en diversas sesiones demandó el cese de la selectividad y del empleo por Washington y sus aliados de la entidad como una propiedad privada y un tribunal inquisidor, siempre contra gobiernos apartados de su órbita de dominación.

El 15 de marzo de 2006, en una elocuente votación, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por 170 votos a favor, cuatro rechazos y tres abstenciones la resolución A/RES/60/251, con la cual nació con sede en Ginebra el Consejo de Derechos Humanos como un órgano subsidiario de la Asamblea.

Tres meses después, la Comisión cerró sus trabajos y se disolvió, dando lugar a la entrada en funcionamiento del Consejo el 19 de junio de 2006.

EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS

La entonces novedosa herramienta intergubernamental de la ONU, enfocada en reforzar la promoción y la protección de los derechos humanos en todo el mundo, quedó compuesta por 47 Estados miembros.

Su misión siguió marcada por el noble objetivo de abordar las violaciones de los derechos humanos, responder a emergencias en la materia y realizar recomendaciones, sin embargo, las condiciones que llevaron al naufragio de su predecesor no cambiaron: el intento de unos pocos de imponer su voluntad y sus valores.

Desde su fundación, el Consejo celebró más de un centenar de sesiones ordinarias y extraordinarias, acogió debates urgentes y adoptó una cifra superior a las mil 500 resoluciones, al decir de especialistas, una labor con luces y sombras.

Como una de las novedades del órgano resalta el Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo singular motivado por la cooperación entre los Estados, los que se someten cada cuatro años y medio a un análisis de su ejecutoria en el ámbito de los derechos humanos.

El principio es sencillo y transparente, la presentación de un informe nacional sobre la situación interna, el debate entre los miembros y las recomendaciones y críticas constructivas para mejorarla.

El experimentado político y diplomático venezolano Jorge Valero defendió que el EPU se realice sobre la base de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración y el Plan de Acción de Viena, al recordar que se trata de los únicos instrumentos de aceptación global.

También reclamó en su época de embajador ante el Consejo fidelidad durante las discusiones a los principios de la universalidad, la objetividad y la no selectividad, en aras de evitar la politización del sensible tema.

De igual manera, instó a tener siempre presente en cualquier ejercicio que los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y que están relacionados entre sí.

“Los propulsores del neoliberalismo han querido imponer un modelo único de democracia. Dicen defender los derechos civiles y políticos, cuando en realidad los socavan y limitan, al fomentar sistemas e instituciones al servicio de reducidas élites políticas”, advirtió Valero, quien en su trayectoria ha representado a su país ante la ONU, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), el Consejo de Derechos Humanos y la Unión Europea, su actual responsabilidad.

Transcurridas casi dos décadas del nacimiento del Consejo, los problemas de antaño resultan cada vez más evidentes.

“El Consejo parece no haber aprendido de los errores que llevaron al fracaso de la antigua Comisión. Continúan imperando los enfoques selectivos y punitivos en lugar del diálogo constructivo y la cooperación respetuosa, sin injerencias”, denunció a finales de agosto el embajador de Cuba ante ONU-Ginebra, Rodolfo Benítez.

El diplomático evocó la desaparición en 2006 de la Comisión de Derechos Humanos, sumida en el descrédito y la politización, que la hicieron “inservible”.

Benítez reiteró el llamado de la isla y de otros países del Sur Global a retomar el camino en los términos acordados hace casi 20 años, un escenario en el que Cuba impulsa con insistencia en el ente multilateral una resolución a favor de la Promoción de un Orden Internacional Democrático y Equitativo.

También recientemente, el otrora experto independiente de la ONU Alfred de Zayas cuestionó que los mecanismos de derechos humanos hayan sido tomados como rehenes por intereses políticos occidentales, golpeando la confianza en el sistema multilateral.

En ese sentido, apeló a la conciencia colectiva en un ensayo de cara a la Segunda Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, que acogerá Doha en noviembre.

“La civilización significa el imperio de la ley, la transparencia, la rendición de cuentas, la justicia y la solidaridad internacional”, sentenció de Zayas.

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