Por Mario Hubert Garrido

Corresponsal jefe en Panamá

La medida beneficia a personas originarias de África y Asia que permanecen en albergues como el de la organización religiosa Fe y Alegría, así como en hoteles, tras haber sido retornadas en vuelos coordinados entre los dos gobiernos en febrero de este año.

Los indocumentados que aún permanecen en el istmo son originarios de países como Somalia, Irán, Afganistán, Rusia y Etiopía, quienes a su llegada habían recibido esa condición especial por tres meses, pero ese plazo venció el pasado 6 de junio.

Panamá recibió en febrero pasado a 299 migrantes irregulares de otros continentes extraditados desde Estados Unidos en el marco de un acuerdo que lo convirtió en país ‘puente’ para la repatriación.

El grupo llegó en tres aviones; 187 de ellos aceptaron regresar o gestionan su regreso de manera ‘voluntaria’, según datos del Servicio Nacional de Migración.

Otros 112 ciudadanos se negaron, algunos temerosos por sus vidas. Actualmente solo quedan 50 distribuidos en albergues como el de la organización Fe y Alegría, Doña Luisa y un hotel, este último con apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, donde se encuentran alojadas las familias con niños.

SOLUCIÓN ESTABLE

Voceros de organizaciones humanitarias señalaron que esta prórroga representa un alivio temporal, e insisten en la necesidad de establecer una solución migratoria estable que les permita a los migrantes rehacer sus vidas, acceder a trabajo formal y garantizar el respeto de sus derechos básicos.

Según Elías Cornejo, coordinador de Fe y Alegría, una de las organizaciones católicas que forma parte de la Red Clamor (Red Eclesial Latinoamericana y Caribeña de Migración, Desplazamiento, Refugio y Trata de Personas), los ilegales extracontinentales no quieren regresar a su país de origen por diversos motivos.

Tampoco pueden entrar a Estados Unidos, tras la lista publicada por la administración Trump donde se enumeran naciones a las cuales ahora se les niega todo tipo de visa.

En ese sentido, dijo el activista, la respuesta de muchos es decidir si se mantienen en Panamá o se trasladarán hacia un tercer país.

Por su parte, Marco Gómez, director del albergue Fe y Alegría, describió al diario La Estrella de Panamá, como “distinta” la experiencia de los migrantes extracontinentales deportados.

Indicó que aunque se sienten bien tratados, destaca la confusión legal en la que han quedado atrapados tras el retorno forzoso.

La situación, según Gómez, fue consecuencia directa de un acuerdo entre los gobiernos de Panamá y Estados Unidos, cuyas repercusiones no fueron previstas en su totalidad. También señaló que el aporte del Ejecutivo ha sido valioso al mostrar buena voluntad.

Agregó que la reciente decisión de extender por seis meses los permisos humanitarios fue recibida con alivio, pero también con incertidumbre sobre el futuro, y sostuvo que este tipo de medidas debe evolucionar hacia soluciones más estables.

A su juicio, aunque el plazo extendido representa un respiro temporal, aún no se ha logrado una solución definitiva. “Lo ideal sería no estar de extensión en extensión, sino que esto abra la puerta a una legalización, a una regularización migratoria”, remarcó. Gómez también sugirió que el Gobierno explore alternativas en colaboración con terceros países, para demostrar no solo buena voluntad, sino el compromiso real de resolver una crisis que afecta a cientos de migrantes provenientes sobre todo de África y Asia.

Sobre este tema, el canciller Javier Martínez-Acha resaltó que el traslado de los 299 inmigrantes se hizo “respetando su dignidad y sus derechos”, en una operación supervisada por la Organización Internacional de Migraciones y la Agencia de la ONU para los refugiados y que a Panamá no le supuso ningún gasto.

El diplomático recordó que la gestión de la migración es en su país “una historia de éxito”, pues los casi 11 meses transcurridos desde la llegada de la administración de José Raúl Mulino, la migración irregular ha tenido una reducción del 99 por ciento de tránsitos ilegales por la selva de Darién, en la frontera con Colombia, paso cerrado actualmente.

DESAFÍOS

A preguntas de la prensa sobre su gestión, el exfundador del Servicio Nacional de Fronteras, Roger Mojica, aseveró que el principal reto a partir del 1 de julio de 2024, fue atender los flujos crecientes del sur hacia el norte, donde años atrás hubo un tránsito de más de 500 mil personas, rumbo a Estados Unidos.

Según explicó, implementaron medidas como el bloqueo y luego cierre de trochas, la habilitación de un corredor humanitario incrementó el patrullaje marítimo y, por supuesto, los vuelos de repatriación. A su juicio, también contribuyó a la disminución de la migración ilegal el cambio de las políticas de Washington.

Ahora, dijo, se trata de mantener el control efectivo de la frontera con Colombia y de conjunto con el vecino país, establecer los mecanismos para que la migración sea ordenada, segura y regular.

También reconoció el plan Firmeza, del Ministerio de Seguridad, dirigido al combate al tráfico y la trata de personas, de manera cooperada con diferentes agencias a nivel global y a lo interno.

Sobre la colaboración en este sentido con Costa Rica, mencionó el programa denominado “flujo controlado”, donde la migración irregular es canalizada y se realizan los registros biométricos, resultados que aún no se logran con la vecina Colombia.

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