Por Mariela Pérez Valenzuela

Corresponsal jefa en República Dominicana

A pesar de mostrar un rostro afligido ante las cámaras, Espaillat reconoció que el local, donde el pasado 8 de abril más de 500 personas disfrutaban los Lunes del Merengue, tenía problemas de filtración desde hacía décadas.

Horas antes del derrumbe, incluso, y según el propietario -gerente del local que opera su familia hace 50 años-, sus empleados habían sustituido plafones de yeso, cuyo polvillo blanco caía sobre los usuarios.

La estructura, dijo, siempre estuvo cargada de aires acondicionados cubiertos con techos de aluzinc para disminuir el impacto del aire con salitre que daña y corroe los equipos, y unos tanques de agua para suministrar al negocio.

Pero a pesar de la caída del polvo del yeso que bajaba de los plafones, e incluso del desprendimiento de estos en varias ocasiones, “nunca se verificó la estructura en sí”, expresó el empresario, quien agregó que cuando su madre compró la edificación, esta tenía filtraciones de agua, pero que jamás fueron mencionadas.

La caída del polvo del yeso recién colocado sobre quienes disfrutaban del espectáculo del cantante merenguero Rubby Pérez fue la primera señal del posterior derrumbe. Luego, como si lo soplaran, el techo se desplomó sobre quienes, sin saberlo, disfrutaban su último trago, su última canción, su último merengue.

Hay más. Espaillat, quien se encontraba en el momento del desastre en Estados Unidos participando en una feria de radio y televisión, señaló que los plafones de yeso cayeron de manera repetida a lo largo de los años por distintas razones, como el agua que se filtraba a través de las unidades de aire acondicionado del centro nocturno.

Este empresario es uno de los poderosos hombres de la radio dominicana, propietario del conglomerado RCC Media, un grupo de medios de comunicación que opera 50 estaciones de radio en el país y varios canales de televisión.

La posición de Espaillat, portada de la reconocida revista Forbes, que lo denominó como el “Gurú de la radio”, incide –según voces autorizadas- en el velo de silencio que hasta ahora cubren las causas del siniestro, pues solo aparecen en algunos medios de comunicación opiniones de ingenieros, arquitectos y otros especialistas.

Sin embargo, las redes sociales quedaron encargadas de transmitir las presuntas verdades del caso.

Lo que está claro es que desde que su familia adquirió un antiguo cine en los años 80 para convertirlo en discoteca –dijo en sus primeras declaraciones-, nadie examinó nunca el tejado ni las filtraciones porque, afirmó, “…no hay costumbre en el país de hacer este tipo de inspección estructural”.

Pero también porque sus propietarios le restaron importancia. Así de sencillo. Tan sencillo como decirle a los familiares de las víctimas: “Lo siento mucho”.

ALERTAS EN EL PAÍS

El desastre del centro Jet Set, emblemático en la vida nocturna de la élite dominicana, sonó las alarmas de lo que podría suceder si el gobierno de Luis Abinader no adopta medidas que pongan fin a la impunidad con que operan algunas entidades privadas de recreación en este país.

Espaillat es un ejemplo: una instalación que sufrió un incendio en 2023, que no fue debidamente reparada –y no por falta de dinero-, era explotada al máximo. Sus clientes eran en su mayoría personas adineradas y famosas. El Jet Set no era para todos.

LUIS ABINADER: VACÍOS EN LA LEY

Horas después de que ocurriera la desgracia, el presidente Luis Abinader se personó en el lugar. Una llamada de la gobernadora de Montecristi, Nelsy Milagros Cruz, quien estaba disfrutando en el Jet Set, le avisó del derrumbe aún cuando estaba sumida por los escombros. Murió poco después cuando era atendida en el hospital.

En su reunión La Semanal con la Prensa, Abinader reconoció después que hay un vacío en la legislación, en especial en lo que respeta a las revisiones de las obras, pues no hay una sola institución a cargo de controlar el estado de estas.

Ante esta situación, señaló que el Ministerio de Viviendas y Edificaciones trabaja en un proyecto de ley que, dijo, debe ser declarado de emergencia, mientras su gobierno adoptará medidas para evitar que ocurran situaciones similares.

El Gobierno dispuso la conformación de un equipo de expertos nacionales e internacionales para la realización de un estudio técnico que determine las causas del suceso, con pleno respeto a la independencia del Ministerio Público, órgano que determinará los pasos a seguir en el ámbito de la justicia.

Dicho grupo es coordinado por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica de Infraestructura y Edificaciones.

El pasado 14 de abril, el Ministerio Público abrió una investigación penal para esclarecer las causas del colapso. La pesquisa está a cargo de la Dirección de Persecución, liderada por el procurador adjunto Wilson Camacho, junto con la Fiscalía del Distrito Nacional, jurisdicción donde ocurrió el evento en la madrugada del martes 8 de abril.

RESPONSABILIDADES

Más de 20 días después del trágico acontecimiento que mantiene desolada a la sociedad dominicana, entidades y personalidades independientes siguen reclamando una profunda indagación sobre la causa del derrumbe en la discoteca y exigen sanciones ejemplares si se comprueban negligencias u otras faltas.

Un ejemplo es el de la Coordinadora Popular Nacional (CPN), la que afirmó que el suceso pudo evitarse de haber cumplido con los estándares de seguridad y regulación establecidos para ese tipo de locales.

El CPN, que agrupa a decenas de organizaciones sociales, comunitarias, gremiales y de jóvenes, responsabilizó tanto al propietario del Jet Set como a los órganos estatales encargados de la supervisión, y reafirmó que la sociedad tiene el derecho de reclamar justicia y respuestas claras ante lo acaecido.

El dueño del centro nocturno siniestrado está vinculado, planteó, a sectores privilegiados del poder que “controlan bancos, industrias, medios de comunicación y tierras, y que históricamente han accionado al margen de la ley”.

También se pronunció el Consejo Nacional de la Unidad Sindical (CNUS) en un documento público firmado por su presidente, Rafael Abreu, y su secretario general, Sergio Castillo.

El CNUS exige que los responsables sean enjuiciados con todo el rigor de la ley “por la falta de atención a sus responsabilidades de prevención y seguridad para la gente”.

Asimismo, el abogado Domingo Rojas Pereyra exigió que se aplicaran sanciones judiciales ejemplarizantes en el caso del Jet Set, ya que los responsables de la tragedia cometieron gravísimas faltas y negligencias.

Rojas Pereyra, también secretario de Relaciones Internacionales y Cooperación del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, demostró que tanto el propietario como las autoridades municipales que debieron velar por el perfecto estado de la instalación deben ser encausados.

No es la primera vez que ocurre un desastre como el de la discoteca en República Dominicana, considerado el mayor en la historia reciente del país.

En agosto de 2023, una explosión en una compañía de plásticos dejó una treintena de fallecidos en San Cristóbal, al oeste de Santo Domingo. Los bomberos tardaron tres días en extinguir el fuego.

Tres meses después, el desmoronamiento del paso a desnivel del túnel de la 27 de Febrero, en la capital dominicana, truncó las vidas de nueve personas.

LLENAR EL VACÍO LEGAL

La tragedia del Jet Set expuso el vacío legal existente en la República Dominicana respecto a la fiscalización periódica de los inmuebles dedicados a actividades masivas, de acuerdo con su antigüedad, uso y volumen de usuarios.

En las últimas semanas, fuerzas políticas, como el Frente Popular (FP), se han pronunciado por la necesidad de una ley u otra modalidad de enfrentamiento a la negligencia de la empresa privada en el sector.

El FP propuso incluso la creación de la Dirección General de Prevención, Protección Civil y Emergencias.

Mientras, al Congreso Nacional también llegaron propuestas de varios legisladores para la discusión de una ley que permita la inspección obligatoria y la evaluación de la seguridad de todas las obras públicas.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, indicó que el Ministerio de Vivienda, o la institución que se designe, asumirá la responsabilidad de esos peritajes con el fin, precisamente, de garantizar la estabilidad estructural y proteger la vida de los ciudadanos.

En paralelo, una iniciativa del senador Pedro Tineo ya cursa en el Senado y propone la creación del Sistema Nacional de Supervisión de Obras Públicas y Privadas con más de 10 años de construcción.

Ese órgano, precisamente, realizaría evaluaciones periódicas a construcciones antiguas en todo el país, tanto del sector público como privado.

Las iniciativas coinciden en un punto: la urgencia de advertir nuevas tragedias fortaleciendo la intervención del Estado sobre las condiciones estructurales de los inmuebles existentes.

Cerca de un mes después del luctuoso acontecimiento se desconoce –pues los peritos siguen buscando explicaciones técnicas- las causas oficiales del desplome del techo.

Mientras, el gobierno de Abinader trata mediante regulaciones y una futura ley de poner alto al desorden urbanístico y de construcciones, en tanto continúan propuestas de corporaciones y empresas, y exigencias de justicia.

Las familias, en tanto, lloran a sus muertos y sufren por quienes resultaron heridos. Ofrendas florales y encendido de velas se han hecho habitual en la zona de la catástrofe, donde carteles instan a la acción de las autoridades. Espaillat, en tanto, lo siente mucho.

arb/mpv