Por Jorge Petinaud

Corresponsal jefe en Bolivia

La denuncia fue formulada en el artículo titulado Gasolina “basura” y responsabilidades diluidas: cuando todos pagamos los errores de pocos, publicado en Encuentros Diario Digital.

“En medio de la crisis por la calidad de los combustibles en Bolivia, el foco del debate no puede limitarse a los daños visibles en los vehículos, sino que debe dirigirse a la cadena de responsabilidades detrás de la importación y distribución”, advierte el analista económico.

Añade que los contratos con traders internacionales, lejos de ser un detalle técnico menor, son el punto de partida donde se define la calidad del producto, las condiciones de entrega y los mecanismos de control.

Sin embargo, agrega, la falta de claridad sobre el rol de estos intermediarios, junto con la escasa transparencia de las autoridades y entidades involucradas, abre dudas legítimas sobre quién garantiza realmente que el combustible que llega al país cumpla con los estándares exigidos.

Moreira subraya que en Bolivia se escucha cada vez con más frecuencia una preocupación que ya no parece exagerada ni aislada: la mala calidad de los combustibles.

“Lo que comenzó como rumores y quejas dispersas se ha convertido en una sensación generalizada de desconfianza. Primero, se reduce la subvención; luego, aparece una gasolina de dudosa calidad que termina distribuyéndose masivamente a través de surtidores para todos los vehículos del país”, describe el autor.

Lamenta que después viene la escena que nadie quería ver: miles de autos en talleres, como si una epidemia mecánica hubiera recorrido el parque automotor.

Describe Moreira inyectores dañados, motores carbonizados, fallas prematuras y propietarios que enfrentan altos gastos por reparaciones que, en muchos casos, superan sus posibilidades económicas.

En este contexto, indica que el resultado es claro: una cadena de perjuicios económicos que no solo afecta a los conductores, sino también a la confianza en todo el sistema de abastecimiento.

Añade que, cuando llegan las protestas, la respuesta estatal es conocida: se anuncian correctivos. Se habla de la incorporación de “aditivos de máxima calidad” para mejorar el combustible.

Sin embargo, lamenta, no se especifica cuáles son esos aditivos, ni cómo funcionan, ni quién garantiza su efectividad, o sea, “la opacidad vuelve a aparecer justo cuando más se necesita transparencia”.

RECURSOS PÚBLICOS

Alerta Moreira que a todo esto se suma otro elemento preocupante: el uso de recursos públicos para compensar daños, millones de dólares para cubrir perjuicios, lo cual en la práctica significa que el costo final lo terminan pagando todos.

Es decir, los ciudadanos enfrentan una doble carga: pagan combustibles más caros y, además, financian las soluciones a los problemas generados en la cadena de suministro.

El economista considera que lo más inquietante en medio de este escenario es que las obligaciones parecen diluirse, sin exigir las responsabilidades de los altos cargos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y del Ministerio de Hidrocarburos, responsables directos de esta situación.

“(…) ¿Quién importó el combustible?, ¿bajo qué condiciones?, ¿qué controles se realizaron antes de su distribución? (…) ¿Falló el proveedor, el importador o el sistema de control interno?”, pregunta Moreira.

Lamenta el analista que nadie asume plenamente el error, mientras los costos recaen sobre los ciudadanos. “Y ahí radica el verdadero problema: no solo es una crisis de calidad de combustible, sino también una crisis de transparencia y rendición de cuentas”.

Concluye Moreira que, mientras eso no ocurra, “seguiremos atrapados en el mismo ciclo: combustible cuestionado, daños masivos, soluciones improvisadas…, y una factura que, inevitablemente, termina pagando la población”.

PARO EN LA PAZ

Dentro de este escenario, en protesta por la distribución del denominado “combustible basura”, los transportistas de La Paz realizaron un paro que se prolongó por casi 48 horas, tras las cuales se firmó un acuerdo con una comisión gubernamental.

Los gremialistas rubricaron el entendimiento con los ministros de Gobierno, Marco Antonio Oviedo; de Economía, José Gabriel Espinoza; de Obras Públicas, Mauricio Zamora; de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli; y se sumó el titular de la Presidencia, José Luis Lupo.

Esos entendimientos, entre otras cosas, establecían que se realcen los resarcimientos ante el daño causado por el hidrocarburo de mala calidad, que los pagos serán inmediatos y que se abrirán puntos físicos para tramitar estas compensaciones.

Los firmantes exigieron la renuncia del presidente de YPFB, Youssef Akly. La demanda se cumplió el 30 de marzo, cuando el jefe de Estado de Bolivia, Rodrigo Paz, juramentó en ese cargo a la nueva titular, Claudia Cónembold, en una ceremonia realizada en la Casa Grande del Pueblo (sede gubernamental).

arb/jpm