Por Adriana Robreño

Corresponsal jefe en Ecuador

Aunque el actual periodo presidencial comenzó el 24 de mayo de 2025, Noboa no es un gobernante recién llegado al poder.

El mandatario asumió por primera vez el 23 de noviembre de 2023, tras ganar las elecciones extraordinarias convocadas luego de que el entonces presidente Guillermo Lasso aplicara la llamada “muerte cruzada”.

Desde entonces, Noboa ha gobernado de manera ininterrumpida durante más de dos años y medio.

Su segunda victoria electoral, en abril de 2025, tuvo lugar en medio de denuncias de irregularidades en las votaciones y hasta fraude, pero finalmente fue presentada como una nueva oportunidad que le dieron los ecuatorianos para hacer avanzar al país.

Su llegada al poder en una segunda elección popular se produjo con la promesa de devolver la seguridad, reactivar la economía, generar empleo y modernizar el Estado, aunque para muchos esos ofrecimientos todavía están lejos de concretarse.

SEGURIDAD: LA GRAN PROMESA PENDIENTE

La lucha contra el crimen organizado ha sido el eje central del discurso presidencial y prácticamente todas las decisiones giran alrededor de esa problemática.

En enero de 2024, Noboa declaró el “conflicto armado interno” y calificó a las principales bandas delictivas como organizaciones terroristas.

La estrategia incluyó estados de excepción, militarización de cárceles, toques de queda y una creciente cooperación con Estados Unidos.

Sin embargo, la violencia no ha desaparecido al punto que 2025 cerró con más de nueve mil homicidios, el registro más alto en la historia del país.

El Gobierno sostiene que en mayo de 2026 los homicidios se redujeron 39 por ciento respecto al mismo periodo anterior, tras la aplicación de un toque de queda en nueve provincias y cuatro cantones.

Esa fue la segunda medida de restricción de movilidad aplicada este año, y dejó más de cinco mil detenidos, 717 de ellos presuntamente ligados al crimen organizado.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha expresado preocupación por el uso prolongado de estados de excepción y por denuncias de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.

SALUD EN CRISIS, HOSPITALES SIN INSUMOS

Federaciones médicas, pacientes y sindicatos denuncian desabastecimiento de medicamentos, suspensión de cirugías y retrasos en tratamientos para enfermedades catastróficas.

La situación de los pacientes renales es una de las más dramáticas, incluso, representantes del sector aseguran que más de cuatro mil personas han muerto en los últimos dos años y medio por falta de acceso oportuno a diálisis y medicamentos.

El Gobierno ha atribuido los problemas a corrupción en el sistema de distribución de medicamentos e insumos.

La vicepresidenta ecuatoriana, María José Pinto, estuvo a cargo de la salud pública durante varios meses en que no fue nombrado ningún ministro para esa cartera, sin embargo, las críticas persisten.

El portal digital Primicias reportó que Salud Pública necesita 687 millones de dólares para medicinas e insumos en 2026, pero el Ministerio de Economía y Finanzas presupuestó 300 millones, es decir, menos de la mitad.

DIÉSEL SIN SUBSIDIO, PROTESTAS

En el frente económico, la administración destaca el respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos multilaterales, así como desembolsos destinados a sostener la dolarización y las finanzas públicas.

Pero la estabilidad macroeconómica y el descenso del riesgo país no se han traducido en una mejora perceptible para la mayoría de la población.

La eliminación del subsidio al diésel en 2025 y el alza de los precios de todos los combustibles este 2026 conllevan un aumento del costo de la vida que no todos pueden asumir, de acuerdo con economistas.

La decisión del diésel provocó un paro encabezado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), con bloqueos de carreteras y movilizaciones que se extendieron durante un mes, entre septiembre y octubre de 2025, fundamentalmente en la sierra norte del país.

Organizaciones de derechos humanos denunciaron uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y restricciones a la protesta social, que provocaron la muerte de al menos tres manifestantes.

Aunque el Gobierno defendió la medida de acabar con el beneficio al diésel como necesaria para sanear las finanzas públicas, el ajuste golpeó el poder adquisitivo de miles de familias.

A eso se suma que, según datos oficiales, la informalidad laboral afecta a más de la mitad de la población económicamente activa, mientras el empleo adecuado sigue sin mostrar una recuperación sólida.

POLÍTICA EXTERIOR

La política exterior de Noboa ha estado marcada por un fuerte acercamiento a Estados Unidos, país que más ha visitado el gobernante en sus viajes al exterior.

Washington ha reforzado la cooperación en seguridad, inteligencia y asistencia técnica en la lucha contra el narcotráfico, incluida la firma del Escudo de las Américas, estrategia liderada por el presidente estadounidense, Donald Trump, a la que se sumaron gobiernos de derecha latinoamericanos.

En contraste con el acercamiento a Estados Unidos, el mandatario ecuatoriano protagonizó tensiones con Colombia por la imposición de aranceles y por diferencias en torno al combate a grupos armados en la frontera.

Además, en marzo de 2026, el gobierno de Noboa declaró persona non grata al embajador cubano en Quito, Basilio Gutiérrez, y expulsó a la misión diplomática del país caribeño.

Cuba, por su parte, rechazó la decisión y dijo que se trataba de un acto injustificado, inamistoso y sin precedentes, que daña significativamente las históricas relaciones de amistad y cooperación entre ambos países y pueblos.

Por otro lado, la frecuencia de los viajes internacionales del jefe de Estado ha sido otro motivo de cuestionamiento por parte de la oposición, que considera que el mandatario dedica más tiempo a la agenda exterior que a la gestión interna.

CORRUPCIÓN, PERSECUCIÓN Y TENSIONES POLÍTICAS

El Gobierno de Noboa también ha enfrentado cuestionamientos por presuntos casos de corrupción y por decisiones políticas que han elevado la confrontación con la oposición.

Uno de los procesos más sensibles es el denominado caso Progen o caso Apagón, en el que la Fiscalía investiga presunto peculado relacionado con contratos de generación eléctrica firmados durante la crisis energética de 2024 que provocaron un desfalco al Estado de alrededor de 150 millones de dólares.

Las investigaciones apuntan a contratos para centrales termoeléctricas en Quevedo y Salitral que, según la Fiscalía, ocasionaron millonarias pérdidas debido a que los generadores no llegaron a operar pese a que sí se realizaron desembolsos económicos.

Si bien funcionarios de alto nivel del Ejecutivo cercanos al presidente no fueron formalmente acusados, la oposición cree que están involucrados, entre ellos los exministros de Energía Roberto Luque e Inés Manzano.

A las tensiones políticas se añade la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de suspender temporalmente a la Revolución Ciudadana, principal fuerza política de oposición, mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) canceló a los partidos Construye y Unidad Popular.

Esas acciones, unidas a la resolución del CNE de adelantar las elecciones seccionales para el 29 de noviembre de este año, casi tres meses antes de lo previsto, son consideradas parte de la estrategia del oficialismo que, según afirman, presiona para ir sin adversarios a los comicios.

En opinión de Gabriela Rivadeneira, presidenta de la RC, y de otros líderes políticos, el Gobierno de Daniel Noboa, a través de sus aliados, busca “eliminar la posibilidad de una participación” plural para “ir solo en la papeleta”.

En ese contexto, crecen las denuncias de persecución política, sobre todo contra la RC, partido fundado y liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017).

Militantes y dirigentes de esa organización han sufrido allanamientos, acusaciones y amenazas de cárcel, entre ellos la excandidata presidencial Luisa González.

Paralelamente, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se encuentra detenido sin sentencia por un caso de aparente desvío de combustibles en la Cárcel del Encuentro, provincia de Santa Elena, penitenciaría emblemática de la administración de Noboa inaugurada en noviembre de 2025.

Allí Álvarez ha bajado 26 kilogramos de peso en solo unos meses y, aunque el ministro del Interior, John Reimberg, atribuyó a cuestiones personales la pérdida de peso, los familiares del burgomaestre y su defensa denunciaron violaciones de derechos y condiciones que comprometen su salud.

Un caso similar sufre en la misma prisión de máxima seguridad el exvicepresidente Jorge Glas, a quien le fue negado un habeas corpus, pese a la denuncias de sus abogados de problemas de salud y malos tratos en la cárcel.

“La denominada cárcel del Encuentro es más un centro de tortura para los adversarios políticos, que un centro de privación de libertad (…). La justicia no puede convertirse en castigo anticipado ni en espectáculo político”, aseveró la prefecta de Pichincha, Paola Pabón.

CONSULTA POPULAR, FRACASO PRESIDENCIAL

Uno de los mayores reveses políticos del mandatario ocurrió en noviembre de 2025, cuando los electores rechazaron cuatro propuestas del Ejecutivo.

Entre ellas figuraban la instalación de bases militares extranjeras y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

El Gobierno defendió ambas iniciativas bajo el argumento de que eran necesarias para enfrentar al crimen organizado y modernizar el Estado, pero sectores políticos, sociales y académicos advirtieron riesgos para la soberanía nacional y la concentración de poder.

La posibilidad de permitir nuevamente bases militares extranjeras generó fuertes cuestionamientos debido al recuerdo de la base estadounidense de Manta, clausurada en 2009 tras una reforma constitucional impulsada durante el gobierno de Rafael Correa.

En tanto, la propuesta de la Constituyente fue interpretada por críticos como un intento de ampliar el control del Ejecutivo sobre otras funciones del Estado y modificar las reglas políticas en medio de la crisis de seguridad.

Finalmente, el plebiscito, que también indagaba sobre la posibilidad de reducir el número de legisladores y de eliminar el financiamiento a partidos políticos, fue un freno para los planes de Noboa.

El resultado fue interpretado como una señal de que el respaldo electoral dado meses antes no se traduce automáticamente en apoyo a todas sus iniciativas. Analistas advirtieron que la consulta fue un termómetro de la gestión gubernamental y señalaron que el resultado adverso reflejó la insatisfacción de la ciudadanía ante la falta de respuestas a sus problemas más urgentes.

Meses después de esa derrota en las urnas para el Ejecutivo, los sondeos reflejan un deterioro gradual de la imagen presidencial.

Una encuesta reciente del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados (Ciees), realizada en Quito y Guayaquil el 16 y 17 de mayo, situó en 26 por ciento la valoración positiva de la gestión de Noboa y en 23 por ciento el nivel de confianza en su liderazgo.

El 80 por ciento de los consultados consideró que la situación del país es mala o muy mala.

Otra firma, Comunicaliza, reportó en abril una aprobación de 47,7 por ciento, lo que evidencia diferencias metodológicas, aunque ambas mediciones coinciden en que la inseguridad y la economía son las principales preocupaciones ciudadanas.

El segundo mandato de Daniel Noboa transcurre entre el respaldo de sectores que valoran su estilo enérgico y la “mano dura” contra las mafias, pero crecen las críticas de quienes consideran que los resultados no corresponden a las promesas.

“Llegó ofreciendo renovación política, eficiencia empresarial y una nueva forma de gobernar. Un año después, el país no solo sigue atrapado en las mismas crisis: en muchos aspectos está peor. El Ecuador de hoy, el nuevo Ecuador demuestra que entre la propaganda y la realidad hay una distancia cada vez más imposible de ocultar”, comentó el periodista Héctor Calderón.

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