Por Mariela Pérez Valenzuela
Corresponsal jefa en República Dominicana
Abinader, 56 años, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), procedente de una adinerada familia de origen libanés, es economista –con varios títulos obtenidos en Estados Unidos y experiencia empresarial, incluidas las firmas de su familia.
El tema económico está llamado a ser fundamental en la agenda del dignatario. Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, publicado en marzo pasado, indicó que alrededor del uno por ciento de las mayores fortunas locales controla cerca del 42 por ciento de la riqueza total de la nación.
En Quisqueya, nombre indígena originario de este país que comparte la isla La Española con Haití, viven unos 11 millones de personas. La alta emigración demuestra que la situación económica empujó a otros países a una importante masa poblacional.
Aunque República Dominicana experimentó en los últimos años un crecimiento económico importante, Abinader tratará de, según expresó, poner en marcha nuevas inversiones extranjeras que fomenten más empleos, sin olvidar que hizo de la lucha contra la corrupción una de sus promesas cuando asumió en 2020, bajo los estragos de la pandemia de la Covid-19.
Datos oficiales indican que en 2023 el turismo contribuyó con 10 mil millones de dólares al Producto Interno Bruto (PIB).
Las remesas enviadas desde el extranjero ascendieron a casi 11 mil millones de dólares, un 3.1 por ciento más en comparación con el año precedente, y la inversión extranjera directa tuvo un récord de cuatro mil 300 millones de moneda verde, destinada en especial a la construcción hotelera.
Sin embargo, a pesar de esos altos índices, la generación de empleos en los últimos años no cubre las expectativas y la tasa de desocupación se situó en 5.0 por ciento en el último trimestre de 2023, en tanto la mitad de la población económicamente activa se mueve en la informalidad, en muchos casos en situaciones precarias.
La pobreza afectó en los últimos cuatro años a casi una cuarta parte de la población, y la pobreza extrema a un tres por ciento.
Información brindada por la administración de Abinader admite que la mayoría de los núcleos de bajos ingresos residen en zonas urbanas, y el 63 por ciento están regidos por mujeres.
Abinader está en deuda con la masa femenina local y tendrá que esforzarse por alcanzar una paridad de género ahora inexistente.
La posición de desventaja de la mujer dominicana tuvo su expresión en los recientes comicios, donde de nueve candidatos a ocupar el Palacio Nacional solo dos eran féminas; una situación parecida a la de las postuladas en las elecciones municipales de febrero último, sobre todo en altos cargos.
En opinión de analistas, las políticas sociales implementadas en el último cuatrienio solo han sido un paliativo en el cruento escenario social en que subsiste gran parte de la población. Por tanto, el presidente debería solucionar problemas estructurales de una economía de servicios.
Para expertos, las cadenas de valor globales asignan a República Dominicana el rol de operar como una maquiladora tecnológica potenciada por las múltiples zonas francas existentes, de carácter privado, estatales y mixtas instaladas en su territorio desde 1985.
Además, hay que considerar que esa parte de la isla es uno de los principales destinos turísticos de la región, con más de 10 millones de visitantes en 2023; al mismo tiempo de poseer una cuenca de minerales y una pequeña industria manufacturera.
Especial interés mostró la administración del PRM en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), herramientas y programas informáticos utilizados para crear nuevas formas al respecto en diferentes sectores.
Al inicio del pasado año, la Oficina Nacional de Estadísticas registró dos mil 187 empresas que operaban con TIC, las que, según esa fuente, emplean a 33 mil personas, con una relación de dos a uno entre hombres y mujeres.
Otro dato importante brindado por el gobierno es que los ingresos por exportaciones de productos manufacturados alcanzaron en 2023 poco más de mil 500 millones de dólares en total. De esa cifra la producción minera sin agregado de valor en origen explica el 50,18 por ciento, el sector industrial el 48,04 por ciento y el resto, la producción agropecuaria.
Uno de los temas recurrentes en este segundo mandato de Abinader será el de la migración. Este sensible asunto se concentra, en lo fundamental, en la controversial relación histórica con su vecina Haití.
En respuesta a la decisión de los agricultores haitianos de fomentar un canal de riego en el río Masacre (Dajabón en Dominicana), el gobernante decidió cerrar la frontera común y fortalecer la presencia militar, con un declive en el comercio bilateral considerado fundamental por las partes.
En recientes declaraciones, y ante la inminente llegada de una fuerza multinacional a Haití para tratar de neutralizar los grupos paramilitares, el presidente enfatizó que su país no integrará ningún equipo extranjero y solo brindará, si fuera necesaria, ayuda humanitaria.
Para analistas, su postura frente a la crisis del vecino Haití de defensa de la soberanía nacional, al impulsar la construcción de una valla fronteriza, rechazar la llegada de refugiados y aumentar las deportaciones de haitianos y de ciudadanos en situación irregular, es bien recibida.
En el último año, cerca de 200 mil haitianos resultaron deportados de este país.
No obstante, la posición oficial, sectores de la economía dominicana como la agricultura y la construcción dependen de Haití, por las relaciones comerciales bilaterales y el uso de la fuerza de trabajo migrante a muy bajo costo. Una contradicción latente e importante para la nueva administración.
Observadores políticos consideran que los planes de Abinader hasta el 2028 son variados y tendientes, al menos en sus discursos, a mejorar la calidad de vida de la gente empobrecida, dándole especial atención a educación, atención sanitaria, vivienda y otras ramas de la superestructura nacional.
Para su segundo mandato enfrenta retos como la inflación y la inseguridad ciudadana, una de las mayores preocupaciones de los dominicanos, y plantea reformar la Constitución para fortalecer instituciones como el Ministerio Público.
Pero la práctica es más rica que la teoría. Hay que ver las condiciones internas y del ámbito internacional en que se desempeñará este empresario que entró a la política de lleno en 2012 y ocho años después ya vestía la banda presidencial.
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