Por Adriana Robreño

Corresponsal jefa en Ecuador

Mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciaba su victoria con una diferencia de 11 puntos sobre Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana (RC), el país se sumía en una nueva ola de tensiones políticas.

“Estamos ante un grotesco fraude electoral”, denunció González apenas se conocieron los resultados preliminares.

Lo dijo sin titubeos, apuntando directamente al aparato estatal como cómplice de un proceso que, según ella, merece ser revisado “urna por urna”.

No es la primera vez que Noboa y González se enfrentan en un balotaje, ya en 2023 el joven millonario derrotó a la misma rival en unas elecciones extraordinarias, pero esta vez el margen fue mucho mayor: pasó de un empate técnico a una diferencia de más de un millón de votos.

Ese salto cuantitativo encendió las alarmas. ¿Cómo es posible que en provincias donde González ganó con claridad en primera vuelta, ahora pierda o apenas se imponga con estrecho margen?

La RC asegura que los resultados oficiales contradicen la evidencia científica y estadística, pues al menos una decena de encuestas independientes y modelos reconocidos internacionalmente demuestran la imposibilidad matemática de los datos divulgados.

Por otro lado, hay quienes apuntan que un fraude de un millón de votos -ventaja que, según el CNE, sacó Noboa a González- es imposible y muy difícil de revertir, e incluso, dentro de la RC hay autoridades, alcaldes y prefectos que han reconocido el triunfo del mandatario.

Las misiones de observación nacional e internacional han calificado el proceso de “normal”, pero los dirigentes de la RC no parecen convencidos.

Mientras tanto, el oficialismo celebró su triunfo.

“Esta victoria ha sido histórica”, dijo visiblemente satisfecho el joven mandatario, que ya hizo historia como el presidente más joven del país y ahora se asegura un período completo, hasta 2029.

Su primer mandato se vio marcado por escándalos, apagones de hasta 14 horas, el asalto a la embajada de México que le costó la ruptura de relaciones diplomáticas con ese país, más de la mitad de la población laboralmente activa sin empleo formal y una creciente violencia.

ENTRE LA DERROTA Y EL FRAUDE

En la campaña la estrategia del miedo de Noboa y su equipo de Acción Democrática Nacional (ADN) funcionó, pues el gobernante no solo se posicionó como el antídoto contra el correísmo, sino que logró movilizar a sectores sociales que temen perder lo que consideran sus libertades.

Fue una campaña orquestada con todos los recursos del Estado, dicen desde la RC, y con eso se refieren al uso de la maquinaria pública, el aparato judicial y la presión militar.

Según la organización política, hubo una “grave violación a la democracia ecuatoriana” y exigieron una investigación inmediata e independiente sobre las irregularidades, entre ellas, la “reducción inexplicable y selectiva de votos”.

Asimismo, la organización política señaló que hubo manipulación de actas oficiales, restricciones ilegales para evitar documentación visual del fraude con la prohibición del uso de celulares, y declaraciones anticipadas del CNE para influir en la percepción pública.

A eso añaden interrupciones sospechosas y fallas técnicas en recintos clave, intimidación militar y obstrucción de observadores electorales, y cambios arbitrarios de última hora en recintos de votación.

Durante la campaña, Luisa González se presentó como una figura más abierta, buscó puentes con sectores como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la izquierda tradicional y hasta figuras de derecha, pero al parecer su mensaje no caló lo suficiente en un contexto adverso, con la “cancha inclinada”. La derecha apeló al libre mercado, a la mano dura contra el crimen y a los ataques contra su oponente.

En opinión del sociólogo Agustín Burbano, reconocer la derrota no significa legitimar las condiciones antidemocráticas que organizaron estas elecciones y que restringen derechos de participación política desde hace mucho.

EL DESAFÍO QUE VIENE

La realidad es que Ecuador no ha salido unido de esta elección, por el contrario, Noboa gobernará sin mayoría social clara y con una oposición fortalecida en las calles y en la Asamblea Nacional (Parlamento).

El escenario de confrontación está servido, sobre todo si el gobernante insiste en profundizar medidas neoliberales, impulsar una Constituyente y alinear aún más al país con los intereses de Estados Unidos.

La política del mandatario estadounidense, Donald Trump, de “apoyo” al país parece traducirse en mayor injerencia, presencia militar y cesión de soberanía, y cada vez más, Ecuador de la mano de Noboa parece moverse hacia una lógica de protectorado en nombre de la seguridad.

En ese contexto, los medios, las élites empresariales y los organismos internacionales ya cerraron filas en favor del nuevo gobierno, a pesar de las denuncias de la RC sobre las irregularidades del proceso de votación.

El tiempo dirá si estas fueron elecciones limpias o una operación política bien ejecutada, y por ahora, queda la exigencia de transparencia, la demanda de un recuento exhaustivo y la pregunta que aún flota en el aire: ¿ganó Noboa o perdió la democracia?

Independientemente del resultado, lo que sí está claro es que el país enfrenta una etapa difícil, sobre todo en cuanto a la creciente inseguridad.

“A Ecuador le espera la profundización de su sufrimiento social si es que no se hacen cambios en el régimen social de acumulación y en el régimen social de gobierno”, apuntó Burbano en sus redes sociales.

En tanto, el historiador Juan Paz y Miño afirmó que las condiciones críticas de la economía y la inseguridad ciudadana son los desafíos más importantes para la gestión del nuevo gobierno de Noboa.

Paz y Miño alertó que con una élite corporativa en el poder es previsible el mayor debilitamiento de las políticas y derechos sociales, laborales y ambientales, toda vez que se conjugan con la visión sobre la economía de libre empresa competitiva y de achicamiento total del Estado.

El profesor universitario Jaques Ramírez añadió que la victoria de Noboa profundizará lo que ya se ve en el país: un estado de desprotección social, económica y jurídica.

“En este país no hay ninguna garantía de que se respeten los derechos básicos”, aseveró en entrevista con Prensa Latina.

Añadió que los pretextos de guerra interna -como el gobernante denomina a su estrategia contra el crimen organizado- no termina de pasar ese discurso guerrillero y “vamos a ver un reforzamiento de ese modelo que no soluciona el problema”.

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