Por Antonio Paneque Brizuela

Corresponsal jefe en Costa Rica

Fotos Lesyani Sobrado

Otrora Estado relevante tras la decisión oficial en 1948 de eliminar el ejército, su ahora también deficitaria policía devela, cada vez más, la imposibilidad de vencer al creciente narcotráfico y sus secuelas de criminalidad, que este año ya rebasan los 600 homicidios, comprendidos récords en femicidios y otros delitos que ahuyentan a visitantes.

El turismo y la inseguridad, por cierto, develan ángulos contrapuestos del conflicto, pues el primero representa un ocho por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y genera miles de empleos, mientras la segunda tiende a disminuir la cantidad de visitantes e ingresos por ese concepto.

Especialistas y funcionarios de todos los sectores coinciden en que el narcotráfico es el principal causante de los asesinatos, por nuclear a las bandas criminales con sus consiguientes ajustes de cuentas, venganzas y la captación (o reclutamiento forzado) de jóvenes para “el negocio”.

Explicación esta última incompleta sobre el asunto, si se prescinde de otra realidad tal vez más objetiva: la deficitaria situación económico-social, que condiciona el crimen en cualquier país.

LA INSEGURIDAD TOCA A TODA LA SOCIEDAD

Una interpretación más realista sobre el asunto la ofrece el intelectual y periodista costarricense Rafa Ugalde, al afirmar que esa situación nacional “tiene profundas raíces socioeconómicas, como consecuencia de la política neoliberal en toda Latinoamérica”.

La llamada inseguridad -declaró el analista a Prensa Latina- “toca a toda la sociedad después que dejaron sin educación pública a miles de jóvenes, mientras cientos de miles de madres no cuentan ya con guarderías estatales para dejar a sus hijos y colaborar con el sustento diario.

“El adquirir una morada digna -subrayó Ugalde- es un sueño, y cada vez es más la gente que vive en tugurios, porque el derecho humano a una casa digna se convirtió en un sostenido negocio de los bancos”.

Argumentos estos últimos sustentados por un estudio de la Universidad de Costa Rica (UCR) respecto a que el país afronta un déficit habitacional de alrededor de 145 mil viviendas, mientras disminuye la entrega de bonos para obtenerlas y permanecen sin avances las posibilidades de crédito para construirlas.

“El acceso a un lugar adecuado para vivir es una de las mayores deudas sociales del Estado centroamericano”, añade la investigación “Balance de la Situación y Tendencias del Sector Vivienda y Asentamientos Humanos 2024: Avances, obstáculos y desafíos”.

Las raíces formativas sobre el origen de este flagelo alegadas por Ugalde cobran objetividad con otra noticia, esta vez del Programa Estado Nación, acerca de que “en los últimos años la inversión social en educación, medida como porcentaje del PIB, experimentó su peor caída”.

Un informe de esa institución, representativa de todas las universidades locales, titulado “La inversión va en caída libre y los programas sociales están en riesgo”, revela que esa reducción, atribuida a decisiones políticas, “representa un retroceso de dos décadas en materia de financiamiento educativo”.

Pero el estudioso tico mira aún más lejos en busca de los orígenes de la situación de criminalidad en su país y la relaciona con lo que ocurre en otros “como Ecuador, Colombia o Perú, con el tráfico de drogas, el lavado de dinero y los bienes mal habidos”.

“Así, está violencia aquí y allá -sentencia Ugalde- habrá que agradecérsela al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional y a nuestros neoliberales inescrupulosos”.

EL PUEBLO TICO, LA PRINCIPAL VÍCTIMA

Mientras tanto, la principal víctima de la inseguridad del país, con sus muertos, heridos, mutilados, duelos y lutos familiares, sigue siendo la población, el 56 por ciento de la cual identifica este problema como el más grave del país, según la última encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población de la UNA.

Por su parte, el subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, estima que la presente ola de violencia tiene como causa principal la disputa por territorios, protagonizada por bandas criminales asociadas al contrabando de drogas.

“Los choques -asegura- entre por lo menos seis de esos grupos delincuenciales, en pugna por zonas de influencia vinculadas al narcotráfico, microtráfico y tráfico intermedio, generan los actuales homicidios en la capital, San José, y en otras partes del país.

Las balaceras entre bandas, que operan sobre todo en el sur de esta capital, se traducen en crímenes como los ocho muertos y 10 heridos registrados en un reciente fin de semana, junto a ajustes de cuentas, con saldo de numerosas víctimas colaterales, precisa el funcionario del OIJ.

“Esas bajas -explica- resultan de ataques con armas de fuego y armas blancas durante virtuales matanzas entre esos grupos de narcos armados, por divisiones internas, traiciones y rupturas de alianzas, que detonan muchos de los episodios violentos”.

El criminólogo y exjefe del OIJ, Gerardo Castaing, por otro lado, alertó sobre el trasfondo social y estructural “que permite a la criminalidad avanzar más rápido que la capacidad policial”.

ATAQUES A UNIFORMADOS Y CORRUPCIÓN POLICIAL

En el momento en que escribimos estas líneas, un programa de la televisión de Costa Rica habla sobre una balacera que causó cinco heridos en un centro recreativo.

Los relatos televisivos, sobre todo los del espacio llamado “Alerta 8”, de dicho canal (la mayoría de ellos con videos legítimos), reflejan episodios sangrientos de esta tragedia, que sustituyen al mejor (o peor) de los thrillers clásicos del cine estadounidense.

Uno de ellos describió a cuatro individuos causantes de un ataque a la Policía, en el que los tiradores emplearon fusiles de asalto AK-47 y AR-15 contra sus víctimas, dos de ellos policías, uno de los cuales recibió una herida mortal.

Otros pasajes de “Alerta 8” denunciaron el asesinato a tiros de una mujer embarazada y su hijo de 11 años, quien luchó por salvar a su madre; y detallaron la muerte en cuestión de meses de tres abogados que defendían a narcos.

Otros medios ticos publican noticias como la de días atrás sobre la participación de policías y otros funcionarios dentro de una banda de 10 narcotraficantes condenados a 321 años de prisión, según el periódico CR Hoy.com.

El grupo criminal agrupaba también a agentes de tránsito y funcionarios de otros cuerpos del orden dedicados a homicidios, infracciones a la Ley de Psicotrópicos, portación ilegal de armas y asociación ilícita.

La célula narco del capo conocido como “Diablo”, principal prófugo de la justicia del país, operaba en la Zona Norte y estaba conformada por al menos 16 miembros, que fueron detenidos en diciembre de 2023 y utilizaban dos centros turísticos para almacenar drogas y esconderse.

El creciente aumento del narcotráfico y sus secuelas es objeto hace tiempo de críticas de legisladores, líderes comunitarios, sindicales y entes reguladores como la Contraloría General de la República, la Defensoría de la Población, así como por representantes de Organizaciones No Gubernamentales y organismos internacionales.

La preocupación internacional por esos hechos delictivos también aflora en países grandes emisores de turismo como Canadá, cuyo gobierno emitió una alerta para que sus ciudadanos tomaran precauciones durante sus visitas a Costa Rica.

Y no les faltaba razón: el canadiense Christopher Dier fue asesinado en julio durante un asalto cuando paseaba junto a su esposa, mientras el pasado 7 de agosto el estadounidense Jonathan Cuthbert fue víctima de un robo con fuerza en su vivienda.

La amenaza contra la población costarricense ante la posesión de armas de fuego por criminales aumentó con la captura este año de unas cinco mil, según el Ministerio de Seguridad Pública.

Algo nada singular hoy, pero lamentable en este país centroamericano, otrora conocido como “La Suiza de Centroamérica”, y donde ahora es común que los medios publiquen, a cualquier día y hora, tiroteos, apuñalamientos (y accidentes del tránsito por violaciones) con saldos de numerosos muertos y heridos.

Todo ello inmerecido para este pueblo noble, trabajador y ético, defensor de históricas tradiciones, heroicas y democráticas, precisamente en amparo de las cuales prescindió de esas fuerzas armadas que ahora tanto necesita para defenderse del narcotráfico, al que las instituciones atribuyen el aumento de la criminalidad.

arb/apb