Por Ivette Fernández Sosa

Corresponsal jefa en Colombia

Una de las iniciativas sobresalientes para descarbonizar y al mismo tiempo aliviar la erogación que en las facturas eléctricas hacen los hogares pobres está, por ejemplo, en la puesta en marcha del programa Colombia Solar.

La medida permite que las familias de menores recursos autogeneren su energía mediante la instalación de paneles solares, para que puedan así obtener el consumo básico de subsistencia y aliviar los gastos que les genera el servicio eléctrico.

De acuerdo con cálculos del Ministerio de Energía y Minas, se estima que los núcleos beneficiados tendrán ahorros entre el 20 y el 40 por ciento en sus facturas, dependiendo de la radiación solar y el tipo de equipo.

Se estima asimismo que, a mediano plazo, más de un millón de usuarios en la zona del Caribe y otras regiones del país podrían beneficiarse en los pilotos iniciales.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, afirmó que el Decreto 0972 de 2025 permite dar un giro histórico al “dejar de gastar billones en subsidios que se evaporan cada mes, para invertir en soluciones permanentes que reducen la tarifa de los más pobres y hacen del sol un derecho al alcance de todos”.

La iniciativa tiene asimismo una variante para ayudar a los emprendedores.

El programa Colombia Solar para Economías Populares busca que pequeños negocios puedan acceder a sistemas solares fotovoltaicos con un incentivo de hasta el 60 por ciento del costo o 20 millones de pesos (poco más de cinco mil dólares al cambio actual).

Para postularse, los negocios deben ser pequeñas tiendas de barrio o comercios clasificados en los estratos socioeconómicos 1, 2 o 3, o sea, los más pobres.

A juicio de las autoridades, esta variante podría resultar de provecho para cerca de mil negocios en todo el país.

Lo que se busca es incentivar la transición energética justa a través de la implementación de un programa masivo de inversión en infraestructura de autogeneración con energía solar, aprovechando el potencial de generación limpia para contribuir a la descarbonización de la matriz energética y promover tarifas justas de energía a los hogares colombianos.

Así lo afirmó la directora general del Departamento Nacional de Planeación, Natalia Molina, quien añadió que “esta apuesta refleja el compromiso del gobierno con una transición energética que integra: justicia social, sostenibilidad ambiental y responsabilidad fiscal”.

Actualmente se priorizan recursos para proyectos solares por 935 mil millones con vistas a la ejecución de proyectos (más de 240 millones de dólares al cambio actual), para beneficio de unas 34 mil familias de departamentos históricamente excluidos como La Guajira, Chocó, Nariño, Amazonas y Catatumbo.

Además, se destinarán 27 mil millones (aproximadamente siete millones de dólares) adicionales para la estructuración de 183 incitativas en convenio con universidades, que entrarán en ejecución en 2026.

COMPROMISO CON LA TRANSICIÓN

El 13,87 por ciento de la matriz energética de Colombia se sustenta hoy en las llamadas fuentes de generación limpias, fundamentalmente la solar y la eólica.

Valoró el Ministerio de Minas y Energía que el avance es considerable si se tiene en cuenta que hace tres años ese porcentaje alcanzaba apenas un dos por ciento y atribuyó el progreso del sector al diseño de proyectos como ‘Colombia Solar’ y el ‘Plan 6GW Plus’.

Durante 2025 el gobierno logró avanzar en la aprobación y ejecución de distintos proyectos que dan impulso a la estrategia de sustituir las fuentes de origen fósil.

En ese caso está la construcción de la granja solar fotovoltaica en Tamalameque, Cesar (en el noreste), de mil 792 paneles que cuentan con una capacidad de mil 102 kilovatios pico (kWp) para generar cerca de dos millones de kilovatios hora (kWh) de energía al año, para beneficio de unas 500 familias pobres, hospitales, colegios e instituciones públicas.

La cartera resaltó asimismo que dicha granja solar hace parte del Plan 6GW Plus, que busca alcanzar los seis gigavatios de energías limpias (solar y eólica) para el año venidero.

Recientemente, la corporación estatal del gigante asiático Powerchina anunció la conexión plena a la red de la planta solar colombiana Guayepo III, de 200 megavatios (MW).

La instalación, ubicada en el norteño departamento de Atlántico, cuenta con una generación de 183 millones de kilovatio-hora (kWh) al año, lo cual permitirá abastecer de energía a más de 873 mil personas, según cálculos de la compañía Enel Colombia. El enclave tiene más de 457 mil 700 paneles solares emplazados en una superficie aproximada de 688 hectáreas entre los municipios de Ponedera y Sabanalarga, forma parte del complejo solar que incluye otras fases conocidas como Guayepo I y Guayepo II, con capacidad combinada de 486,7 MW.

POTENCIALIDADES DE LA ENERGÍA EÓLICA

Si bien la fotovoltaica avanza a buen ritmo, las potencialidades de la eólica son prometedoras en Colombia.

Prueba reciente es la aprobación por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de la integración de expedientes y la modificación de la licencia ambiental del proyecto Parque Eólico Camelias, presentado por Celsia Colombia S.A. E.S.P.

De acuerdo con la entidad, con esta decisión se alcanzaría una capacidad instalada de 436,6 megavatios (MW), consolidándose como uno de los proyectos de energía eólica más relevantes del país.

El Parque Eólico Camelias estará ubicado al norte de Colombia, en el departamento de La Guajira, al sur del municipio de Uribia.

El área de desarrollo cubrirá aproximadamente 320 hectáreas, en las que se instalarán 72 aerogeneradores de última generación, infraestructura clave para el fortalecimiento de la energía eólica en el país.

La construcción tendrá una duración estimada de dos años y la operación se extenderá por 30 años, según abundó la ANLA.

Un aspecto fundamental del proceso fue la realización de consultas previas con 15 comunidades étnicas wayuu, localizadas en el área de influencia del proyecto, a través de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa.

En el desarrollo de este ejercicio se lograron acuerdos que contemplan medidas ambientales y compensaciones sociales y culturales en favor de las comunidades.

Más allá de cumplir con un requisito legal, este proceso integró los saberes y prácticas culturales de los pueblos indígenas, fortaleció la confianza entre Estado, empresa y ciudadanía, y garantizó que la transición energética avance con justicia ambiental, remarcó la Agencia.

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