Por María Julia Mayoral
Redacción de Economía
Aunque las estimaciones disponibles difieren por su alcance, metodología y horizonte temporal, expertos de la Cepal pronostican que la disminución del PIB per cápita en el área se situaría entre un 0,8 y un 6,3 por ciento para 2030, y alcanzaría un 23 por ciento en 2050, de continuar la tendencia actual de altas emisiones de gases de efecto invernadero.
A este cálculo deben añadirse los daños provocados por los fenómenos meteorológicos extremos, entre ellos, las sequías, las tormentas y los huracanes, así como las perturbaciones a los precios a raíz de las transiciones desorganizadas en los mercados de la energía, el transporte y los alimentos, señaló la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
En su informe “La economía del cambio climático en América Latina y el Caribe, 2023: necesidades de financiamiento y herramientas de política para la transición hacia economías con bajas emisiones de carbono y resilientes al cambio climático”, la entidad de Naciones Unidas recalcó que el fenómeno agravará riesgos fundamentales.
Podría empeorar, ejemplificó, la inseguridad alimentaria debido al aumento de la frecuencia o la gravedad de las sequías, las amenazas para la vida y la infraestructura vinculadas a las inundaciones y los deslaves, la inseguridad hídrica, las epidemias, la insuficiencia de los sistemas de servicios públicos, las alteraciones de ecosistemas y la vulnerabilidad de las zonas costeras.
Todo ello en un escenario de magro desempeño económico: entre 1990 y 2009 el crecimiento promedio de la región giró en torno a un tres por ciento anual; de 2010 a 2019 el índice bajó a la mitad y fue de apenas 0,8 puntos porcentuales de 2014 a 2013, por debajo del registrado durante la llamada “década perdida” de 1980, apuntó la fuente.
Sin embargo, para cumplir los compromisos de acción por el clima, en el período 2023-2030 sería preciso una inversión acumulada entre 2,1 y 2,8 billones de dólares; a razón de un promedio anual de 3,7 a 4,9 por ciento del PIB regional, según los cálculos.
En lo concerniente a las acciones de mitigación, la inversión debería ascender a un monto equivalente entre 2,3 y 3,1 por ciento del PIB anual de la región, al considerar los emprendimientos que harían falta en los sistemas energético y de transporte y para aminorar la deforestación.
Mientras las erogaciones indispensables para la adaptación fueron estimadas entre 1,4 y 1,8 por ciento del PIB anual del área, lo cual debería contemplar a los sistemas de alerta temprana, la prevención de la pobreza, la protección de las zonas costeras, servicios de agua y saneamiento y protección de la biodiversidad, detalló la agencia.
Pero las perspectivas parecen ser cada vez más adversas, si consideramos el entorno global de débil dinamismo de la actividad económica, el incremento de los costos de financiamiento y la reducción de los flujos de capital hacia los mercados emergentes.
Cifras de Bloomberg, sobre instrumentos de deuda soberana para los que existe mercado secundario, señalaron que durante los próximos 10 años los países de América Latina enfrentarán obligaciones crediticias por 2,9 billones de dólares -alrededor del 44,1 por ciento del PIB regional de 2024- en concepto de pago del monto principal y los intereses de la deuda.
Pese a las condiciones financieras desfavorables, especialistas de Naciones Unidas sugieren reforzar el papel del sector público para contribuir de forma activa a las medidas de adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos.
Alrededor del bienio 2022-2023, el gasto climático transversal, es decir, sumando la totalidad de las esferas, lamentablemente fue menor a uno por ciento del PIB en la mayoría de los países, y el componente de inversión pública se ubicó entre 0,1 y 0,8 por ciento del PIB, alertó otro estudio de la Cepal, bajo el rótulo de Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe, 2024.
A juicio de la agencia, para crear resiliencia a las alteraciones severas del clima, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover el desarrollo, es preciso incrementar la inversión pública y privada en la región, cuyo monto conjunto es el más bajo del mundo.
Los esfuerzos del sector público, sugiere el análisis, deben favorecer las políticas y los proyectos con altos rendimientos económicos y sociales, que fomentan el desarrollo productivo y la lucha contra el cambio climático.
En tal sentido, la institución identificó un grupo de sectores clave, entre ellos, industria farmacéutica y de dispositivos médicos, exportación de servicios modernos o habilitados por las tecnologías de la información y las comunicaciones, transición energética, electromovilidad, economía circular, agricultura para la seguridad alimentaria y turismo sostenible.
Para dinamizar un crecimiento sostenible e inclusivo, remarcó, es preciso estimular grandes transformaciones en el modelo de desarrollo que permitan cerrar las persistentes brechas estructurales en materia social, ambiental, de productividad y heterogeneidad productiva.
Si no se le pone freno, “el cambio climático podría perpetuar el equilibrio subóptimo de bajo crecimiento de la región”, pues seguirán acentuándose asimetrías estructurales profundamente arraigadas, como la desigualdad, la pobreza, la informalidad y la baja productividad, fundamentó la Cepal.
Hace falta más dinero, pero esta parte del mundo sigue operando bajo fuertes restricciones: el peso del pago de intereses por servicio de la deuda -de 3,4 y hasta cinco puntos del PIB- reduce la disponibilidad de recursos para gastos e inversiones clave para el desenvolvimiento económico y social, con el agravante de que la inversión pública ha sido la variable de ajuste ante esta situación, advirtió la entidad de Naciones Unidas.
El elevado nivel de deuda pública y el alza de las tasas de interés evidencian los impedimentos que suponen los pagos de intereses. En varios países, confirmó, tales egresos alcanzan un valor equivalente a la mitad del gasto social en educación y salud, y sobrepasan con creces las erogaciones por inversión pública.
Ante el déficit financiero, los Estados podrían ampliar el espacio fiscal: por el lado de los ingresos, para aumentar el nivel de recaudación tributaria así como su progresividad y capacidad de reducir las desigualdades y, por el lado del gasto, para lograr un uso más eficiente de los recursos, recomendó el organismo.
En mayo de este año la IV Conferencia Internacional sobre los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID), celebrada en Antigua y Barbuda, avivó las voces de alarma ante la reducción del apoyo mundial a las naciones vulnerables, entre ellas las caribeñas.
ONU Comercio y Desarrollo (Unctad) reveló en el evento que durante la última década la ayuda oficial al desarrollo (AOD) relacionada con el clima para los PEID aumentó de manera constante, con una notable aceleración después de 2019, pero retrocedió en 2022, al registrarse una caída de 23 por ciento frente al año precedente.
Además, hay una alteración notable en la modalidad: la proporción de préstamos concesionales en la AOD relacionada con el clima para los PEID subió más del doble desde la pandemia de la Covid-19, alcanzando aproximadamente el 40 por ciento de la ayuda total relacionada con el clima.
Aunque estos préstamos se otorgan en términos concesionales, inevitablemente exacerban la carga de deuda de 85 mil millones de dólares que enfrentan los PEID, equivalente al 72 por ciento de su PIB combinado, razonó la Unctad.
“Equilibrar donaciones y préstamos, valoró, es crucial para evitar que los PEID queden atrapados en una trampa de deuda climática. Solo a través de un apoyo aumentado y estructurado adecuadamente, estas islas pueden esperar sobrellevar la amenaza existencial que plantea el cambio climático”.
En adición, no debería pasarse por alto que dos tercios de los PEID están clasificados como países de ingreso medio, por lo tanto, tienen acceso limitado o nulo al apoyo de deuda o financiamiento concesional.
Altos dignatarios asistentes a la cumbre en Antigua y Barbuda exigieron reformar la actual arquitectura financiera internacional para atender las particularidades de los países en desarrollo en general, y en especial de las pequeñas islas, así como el cumplimiento de los compromisos de AOD en correspondencia con lo acordado en sucesivas conferencias de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático y el Acuerdo de París.
La financiación climática será un tema central de la cumbre COP29, que sesionará en noviembre próximo en Bakú, la capital de Azerbaiyán, pero a juzgar por los hechos resulta poco probable que los compromisos y las soluciones prácticas lleguen a estar a la altura de la crisis planetaria.
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