Por Carmen Esquivel
Corresponsal jefe en Chile
Los menores, de entre 13 y 17 años, estaban junto a una fogata en la comuna de Quilicura, de la Región Metropolitana de Santiago, cuando una ráfaga de más de 40 disparos acabó con sus vidas.
Dos días después, en el municipio de Lampa, de la misma región, cinco personas, todas extranjeras, fallecieron en medio de una balacera ocurrida en un centro de eventos.
Luego de estos acontecimientos, el presidente chileno, Gabriel Boric, convocó de urgencia al Gabinete Pro Seguridad, y anunció varias medidas destinadas a enfrentar la delincuencia, entre ellas la construcción de una cárcel para los cabecillas del crimen organizado.
En una amplia entrevista concedida a Prensa Latina, el analista político y exasesor del Ministerio del Interior, Juan Andrés Lagos, reflexiona sobre la multicausalidad del fenómeno, su extensión y las propuestas para enfrentarlo.
P-En pocos días ocurrieron dos matanzas consecutivas en la Región Metropolitana. ¿Cómo evalúa usted la situación?
Yo creo que hay una crisis grande que tiene varias causas y viene de un tiempo largo, no es reciente.
P-¿De cuánto tiempo estamos hablando?
Después del golpe de Estado de 1973, estoy hablando de finales de la década de 1970 y la de 1980, hay estadísticas y libros que muestran un aumento fuerte del ingreso de la cocaína al país.
Los aparatos represivos de la dictadura de Augusto Pinochet, como la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y la Central Nacional de Informaciones (CNI) se involucraron en la entrada de drogas por las fronteras, el lavado de dinero y la venta de estupefacientes en los territorios.
Ese negocio no se detuvo a finales de los 80 cuando se inició el pacto transicional en Chile, sino que continuó.
P-¿Qué ocurrió en los años siguientes?
En la década de 1990 los grandes carteles que operan en el continente y siempre tienen como punto de referencia el tremendo mercado de Estados Unidos y ahora de Europa, iniciaron una traslación constante y en incremento hacia el cono sur.
Así entraron a países como Brasil, Argentina, Venezuela, Chile, Perú y Bolivia.
Chile se convirtió en un terreno apetecible para los carteles por la facilidad para entrar y salir por las fronteras e instalarse en los territorios.
Este mes de julio la policía española detectó en el puerto de Algeciras, en el sur del país, un cargamento de 440 kilogramos de cocaína procedente de Chile.
P-El Gobierno ha implementado varios programas como el Plan Calles sin Violencia para enfrentar el flagelo de la delincuencia. ¿Qué piensa de estos planes? Se ha dado una batalla importante como no se ha hecho en administraciones anteriores, por ejemplo, se está combatiendo el robo de madera en la octava región, donde camiones cargados pasaban por todos los caminos, llegaban a los puertos, subían el cargamento a los barcos y partían al exterior. Ahí se han logrado objetivos importantes.
Con respecto al Plan Calles sin Violencia hay algunos resultados, pero si uno considera todos los aspectos involucrados en esta crisis, digamos el lavado de dinero, secreto bancario, adicciones, crimen organizado en los territorios, creo que las parcialidades no dan cuenta del nivel de profundidad de la crisis.
Yo concuerdo con quienes piensan que el problema abordado desde la lógica Gobierno-Parlamento es insuficiente porque en el Congreso la derecha ha mantenido un boicot a las leyes durante todos estos años.
No se puede responder a este tipo de flagelos con medidas parciales, focalizadas o acotadas.
P-¿Cuál considera usted que sería la solución?
Hace falta un acuerdo nacional. Lo ha planteado mi partido, el Partido Comunista, y la Central Unitaria de Trabajadores. Ello implica poner todas las voluntades en esa dirección, digo agrupaciones políticas, poder ejecutivo, legislativo, las iglesias, las organizaciones sociales, sindicales y municipales y el sector privado.
Eso hay que hacerlo ahora, no en un año o dos.
P-Pero el flagelo va más allá de las fronteras. ¿Qué propone a nivel regional?
Nosotros tenemos la necesidad urgente de profundizar acuerdos en primer lugar con nuestros vecinos: Perú, Bolivia y Argentina. Pero también necesitamos incrementar los convenios con otros países de la región, como Colombia, Venezuela y Ecuador.
Por ejemplo, en el tema de la migración en el cono sur, este es un fenómeno que no se va a detener ni aunque cierren las fronteras porque tiene múltiples causas, la principal es que las familias buscan horizontes económicos.
En el caso de Chile tenemos varias migraciones en las últimas décadas: de Perú, menos de Bolivia y Argentina, una significativamente mayor de Haití y también de Venezuela cuando el presidente Sebastián Piñera fue a Cúcuta y ofreció a estos últimos la llamada visa de seguridad democrática.
Esas migraciones no solo trajeron al país a quienes venían buscando mejoras socioeconómicas, aquí también hubo ingreso de personas vinculadas con el crimen organizado, lo cual ha quedado demostrado con las detenciones recientes.
Entonces necesitamos acuerdos bilaterales y multilaterales, intercambio de información, trabajo cooperativo entre las policías de diferentes países. Hay que despejar las desconfianzas y pasar a otro nivel.
P-¿Qué le parece la propuesta de algunos sectores de implantar un Estado de Sitio en la Región Metropolitana?
No es real que por el hecho de sacar a las Fuerzas Armadas a la calle se va a resolver el problema. Hay situaciones concretas donde pueden ayudar en función de su experiencia, por ejemplo, en el control de las fronteras en el norte, aunque hay que profundizarlo y mejorarlo mucho.
Yo creo que la urgencia es involucrar a todas las instituciones del país en ese plan y, por supuesto, las fuerzas armadas no pueden ser ajenas a eso.
P-También habría que atajar las causas del problema.
Exacto. Mientras no se enfrenten las causas, realmente no vamos a resolver bien la crisis.
Hay familias donde adolescentes están controlados por el narcotráfico y la manera de ayudarlas a salir de esa situación es con políticas públicas que les garanticen trabajo, educación, salud, o sea, planes muy concretos y focalizados.
P-Una de las propuestas del Gobierno es construir una cárcel de máxima seguridad, pero hay rechazo de algunos alcaldes a su edificación en la Región Metropolitana.
Efectivamente, una cárcel de alta seguridad, con los estándares internacionales, se tiene que construir en lugares donde haya control total.
Frente a esa situación, el problema real es que se necesitan recursos. Eso no se resuelve con lo que tenemos hoy día, ni desviando pequeños porcentajes.
En estos momentos hay una crisis en las prisiones porque después de los años 90 del siglo pasado muchas fueron concesionadas, es decir, se la entregaron a privados, y la institución de gendarmería necesita modernizarse y para eso hacen falta fondos.
P-¿Sería necesario entonces que se aprobara en el Congreso la propuesta de un pacto fiscal?
No tenemos pacto fiscal, no tenemos reforma tributaria. Entonces chocamos con la muralla fuertemente.
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