Por Osvaldo Cardosa

Corresponsal jefe en Brasil

El caso avanza con circunspección, pero con señales claras de que el Supremo Tribunal Federal (STF) está dispuesto a marcar un precedente sin contemplaciones.

Lo que está en juego no es únicamente el destino particular de un exgobernante (2019-2022), sino el mensaje que un Estado envía sobre la inviolabilidad del orden constitucional.

Bolsonaro está acusado de liderar un intento deliberado de ruptura institucional tras perder las elecciones presidenciales de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

La Fiscalía General lo acusa por intento de abolición del Estado Democrático de Derecho, conspiración golpista y participación en una organización criminal.

Según la querella, las pruebas incluyen testimonios de militares presionados, planes redactados para desconocer el resultado electoral y grabaciones de reuniones, en las cuales se discutieron medidas de facto.

En tal sentido, afloraron documentos decomisados que trazan ideas y varios audios, como el de la cita del 5 de julio de 2022, en la que Bolsonaro y su núcleo duro discutieron tácticas para invalidar el proceso democrático.

La contundencia de la acusación llevó al STF a aceptar la denuncia en abril de 2024, por amplia mayoría (ocho de 11 ministros).

¿JUICIO PENAL O A LA DEMOCRACIA BRASILEÑA?

En paralelo, se espera que la defensa de Bolsonaro intensifique su estrategia jurídica. Se anticipan recursos, impugnaciones de pruebas e incluso nuevas ofensivas mediáticas. Todo con el objetivo de dilatar el proceso y, si es posible, deslegitimarlo en la opinión pública.

El proceso continúa ahora con la evaluación de otros 26 imputados. La decisión final sobre ellos, prevista en las próximas semanas, delimitará el alcance de la causa y su impacto en las Fuerzas Armadas, la política y la administración pública.

Desde el punto de vista jurídico, el juicio se encuentra aún en fase de admisibilidad procesal. No se juzga el fondo, sino si hay elementos suficientes para abrir una acción punitiva plena.

Pero ese análisis técnico implica un posicionamiento histórico porque es la primera vez que un expresidente brasileño resulta procesado penalmente por un intento de golpe de Estado.

La reacción política fracciona a la nación. Para sectores bolsonaristas (adeptos de Bolsonaro), se trata de una persecución con motivaciones electorales, destinada a impedir el retorno del líder ultraderechista en los comicios de 2026.

Sin embargo, tal narrativa choca con la evidencia, pues Bolsonaro ya está inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta 2030 por decisión del Tribunal Superior Electoral, ante el uso fraudulento del aparato estatal para deslegitimar el proceso electivo.

Lo que se juzga ahora es otra dimensión: la eventual transformación de la disidencia política en crimen contra la Constitución federal.

Y en esa materia la justicia enfrenta una disyuntiva crítica, como dejar pasar la tentativa golpista, cual exceso retórico, o afirmar la inviolabilidad del régimen democrático con todo el peso de la ley.

A PRUEBA LÍMITES DEL PODER Y FORTALEZA DEMOCRÁTICA

La reciente decisión de la primera sala del STF, que rechazó una iniciativa parlamentaria para frenar el proceso alegando el fuero de un diputado implicado, refuerza el mensaje de que no habrá excepciones institucionales.

El tribunal superior actúa con firmeza jurídica, pero también con conciencia histórica. Lo que resuelva, marcará la arquitectura de límites entre el poder, la ley y el autoritarismo.

Sin pausa progresa el Supremo. En las próximas semanas se espera la definición sobre el resto de los implicados y el establecimiento de un calendario formal para el juicio.

El resultado que emergerá no solo determinará el futuro del político ultraderechista, sino también sentará precedente sobre la rendición de cuentas de altos funcionarios y la protección del orden constitucional.

La jurisprudencia que pueda salir de este examen, sobre responsabilidad de jefes de Estado, delitos contra la democracia y articulación de conspiraciones institucionales, será probablemente referencial para América Latina en los próximos años.

Una imagen de Bolsonaro sentado en el banquillo de los acusados no constituye una hipótesis remota, sino un escenario probable, casi inevitable.

Su juicio no es solo un episodio judicial, es un parteaguas en la historia política nacional.

El desenlace mostrará si la democracia en Brasil es capaz de responder, no con venganza, sino con justicia, a quienes intentaron socavarla desde el poder.

arb/OCS