Por Adriana Robreño
Corresponsal jefe en Ecuador
El 5 de abril del año que concluye, alrededor de las 22:30 (hora local) efectivos policiales, por orden del presidente Daniel Noboa, allanaron la sede diplomática y detuvieron al político, a pesar del asilo otorgado por el entonces gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Ese episodio suscitó el repudio de la comunidad internacional, pues Ecuador violó normas diplomáticas como la Convención de Viena.
Las fuerzas del orden ecuatorianas, además de aprehender a Glas, maltrataron a personal diplomático mexicano, como evidencian imágenes de las cámaras de seguridad.
Ese hecho conllevó a la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países y a sendas demandas ante el órgano de justicia de Naciones Unidas.
El 11 de abril México acusó a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, Países Bajos, por infringir las normas internacionales sobre la inviolabilidad de las sedes diplomáticas.
Por su parte, el Gobierno de Ecuador justificó el allanamiento, un acto que calificaron de excepcional y aislado que buscaba detener a un “delincuente común”, en referencia a Glas.
La CIJ también recibió una acusación de la nación andina contra México por incumplir las reglas sobre el asilo político, la violación en los principios de igualdad soberana y vulnerar la obligación de cooperar en asuntos anticorrupción.
En mayo pasado, la Corte negó el pedido de imponer medidas cautelares contra Ecuador, aunque las demandas aún están en curso y el fallo definitivo demorará años.
El actual gobierno mexicano, liderado por Claudia Sheinbaum, está dispuesto a continuar el pleito.
SITUACIÓN DE GLAS
Glas, vicepresidenta durante el mandato de Rafael Correa, permanece detenido en una cárcel de máxima seguridad de la ciudad de Guayaquil en medio de preocupaciones por su salud.
Un comité internacional busca devolverle al político, militante de la Revolución Ciudadana, el estatus de asilado.
El coordinador de ese comité, Sacha Llorenti, exsecretario general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP), declaró que el exvicemandatario es un “rehén político” del gobierno de Noboa.
En diciembre, el mandatario reiteró la negativa a entregarle un salvoconducto, pese a su condición de asilado, pues considera que debe cumplir pena por supuestos delitos cometidos en el territorio nacional.
Pero, ¿es un perseguido político o un criminal condenado?
Parte de la población ecuatoriana, instigada por los políticos y medios de comunicación, asegura que es un corrupto y debe responder por sus actos, pero sus partidarios y juristas internacionales opinan que Glas es víctima de procesos viciados, plagados de irregularidades típicas del denominado “lawfare”.
“Glas está preso por las fuerzas de las circunstancias”, dijo hace unos años un conocido detractor y para muchos es verdad.
La trama principal contra el exvicepresidente fue lo relacionado con Odebrecht, un caso que en Brasil, país donde se originó, provocó una sentencia -ahora anulada- contra el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
Si bien en Brasil se declararon inválidas las pruebas de esa pesquisa, a Ecuador parece no haber llegado la noticia, y por eso muchos creen que el objetivo no es servir a la justicia, sino lograr finalidades políticas.
En resumen, el exvicemandatario recibió de forma temporal el beneficio de la prelibertad el 28 de noviembre de 2022, luego de la unificación de dos penas de cárcel de seis y ocho años por los casos Odebrecht y Sobornos, sin embargo, la medida fue revocada a finales de 2023.
Ante esa nueva arremetida, Glas buscó refugio en diciembre de ese año en la embajada de México y solicitó asilo político.
A inicios de 2024, la justicia ordenó la captura del exfuncionario por presunto peculado en otro caso, denominado Reconstrucción de Manabí, que investiga una supuesta malversación en obras públicas tras el terremoto de 2016.
Hace pocas semanas, en una audiencia judicial sobre ese caso, Glas se pronunció vía telemática desde la prisión de La Roca, en Guayaquil, y refutó las acusaciones de supuesto desvío de recursos durante la reconstrucción de esa provincia costera.
Debido a su estado de salud, la defensa del exvicepresidente, basada en el Código Orgánico Integral Penal, solicitó su traslado hacia un hospital psiquiátrico por padecer un trastorno relacionado con intentos de suicidio.
El abogado de Glas, Andrés Villegas, pidió la aplicación de esa medida e insistió en que fue una detención ilegal porque se violaron convenios internacionales al allanar la sede diplomática mexicana.
CUMBRE IBEROAMERICANA, FRACASO PARA ECUADOR
La realización de la XXIX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno en la ciudad de Cuenca, con récord de líderes latinoamericanos ausentes, evidenció el aislamiento y el fracaso de la política exterior del actual gobierno ecuatoriano, afirmaron analistas.
Realizado en noviembre, la reunión cimera culminó con un llamamiento a fortalecer los lazos de cooperación y superar las diferencias, pero sin la acostumbrada declaración de consenso final y sin los mandatarios esperados.
El único gobernante del continente presente fue el anfitrión, Daniel Noboa, acompañado por su par de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza; el jefe del Gobierno de Andorra, Xavier Espot, y el rey de España, Felipe VI.
“Una cumbre se define por la presencia de jefes de Estado. Sin eso, se llama reunión. Esta vergonzosa situación es el resultado del absoluto descalabro de nuestra política exterior, y de un presidente que se ha vuelto el hazmerreír de la comunidad internacional”, señaló el excanciller ecuatoriano Guillaume Long.
En su opinión, la ausencia masiva de líderes fue consecuencia del asalto a la embajada de México.
El Comité Internacional por la Libertad del exvicepresidente Glas consideró “extraño y contrario” a los valores de la Cumbre celebrar el evento en un país cuyo gobierno “viola normas de convivencia entre Estados y mantiene secuestrado a Glas, quien tiene derecho a asilo”.
A esto se sumó, según analistas, la crisis multidimensional que sufre Ecuador, con prolongados cortes de electricidad, inseguridad, desempleo, y otros problemas.
Al finalizar la cita las delegaciones presentes, excepto Argentina, apoyaron un documento que incluye acuerdos en materia de equidad de género, acciones para luchar contra el cambio climático, impulsar la Agenda 2030, y condenar el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, entre otros asuntos.
En cuanto a la política exterior, otras decisiones de la cancillería ecuatoriana han causado polémica, entre ellas la de dejar de reconocer como nación a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y el apoyo a Israel en el contexto de los ataques a Palestina. A eso se suma la ratificación de acuerdos con Estados Unidos en materia de seguridad que, a juicio de expertos, ponen en peligro la soberanía nacional.
CONSULTA POPULAR
Otro hecho que marcó a Ecuador en 2024 fue la consulta popular realizada el 21 de abril, cuando los ciudadanos fueron a las urnas a responder 11 preguntas sobre diversos temas.
La interrogante sobre el arbitraje internacional tuvo un 64,88 por ciento de votos por el no, mientras que la pregunta sobre el trabajo por horas contó con una desaprobación del 68,83 por ciento.
El resto de los cuestionamientos, que trataban el tema de seguridad, mostraron una fuerte tendencia por el Sí, lo cual significa que la mayoría de los ecuatorianos respalda el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía, la extradición y la creación de judicaturas especiales.
También los ecuatorianos estuvieron de acuerdo mayormente con el control de armas en las cárceles, el aumento de penas para ciertos delitos, el cumplimiento total de las sanciones dentro de las cárceles, entre otros temas.
Organizaciones políticas calificaron de victoria popular los resultados por decir No a las dos propuestas que pretendía ceder soberanía y aumentar la precarización laboral.
El expresidente ecuatoriano Rafael Correa, líder de la Revolución Ciudadana, recordó que el actual gobernante destinó 60 millones de dólares a una consulta innecesaria en la cual afortunadamente se impidió aprobar el trabajo por horas y el arbitraje internacional.
Para entrar en vigor, las interrogantes aceptadas deberán ser analizadas primero por la Asamblea Nacional (Parlamento), que tendrá que elaborar los marcos regulatorios, algo que aún no ha ocurrido.
Expertos en materia jurídica consideran que a partir de ese momento Noboa no tendrá excusas para poner freno a la inseguridad, aunque alertan que la implementación de las propuestas de la consulta no servirán de mucho si no se adoptan medidas de corte social, para disminuir la desigualdad.
VICEPRESIDENTA ABAD ¿PERSEGUIDA?
La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, estuvo la mayor parte del 2024 en Israel, donde se desempeñaba como embajadora por decisión de Noboa, hasta que la cancillería ordenó su traslado a Türkiye.
Las desavenencias entre los dos principales jefes del Ejecutivo ecuatoriano se evidenciaron desde la elección del binomio.
El 9 de noviembre, el Ministerio de Trabajo decidió suspender de su cargo a Abad durante 150 días, sin sueldo, por “abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborales” al demorar su mudada de Tel Aviv a Ankara.
Esa medida generó una ola de reacciones, en su mayoría críticas, porque muchos consideraron que viola el orden constitucional y por las implicaciones que podía tener para el venidero proceso electoral de 2025.
En declaraciones a la prensa a su regreso a Quito, la vicemandataria señaló que retornó al país como un acto de rebeldía frente a un Estado que la ha abandonado.
La penalización de la segunda jefa del Gobierno derivó en la designación de Sariha Moya como vicemandataria encargada.
En reiteradas ocasiones, Abad declaró que el Gobierno buscaba una forma de inhabilitarla para que ella no asuma la presidencia cuando Noboa pida licencia para la campaña previa a las elecciones de 2025.
Finalmente, tras un dilatado proceso legal, la jueza Nubia Vera, de la Unidad Judicial de la Familia, la Niñez y la Adolescencia, de Quito, falló a favor de la vicepresidenta y dejó sin efectos la sanción administrativa.
“Mis derechos constitucionales fueron ratificados por esta valiente decisión de la jueza Vera, quien ha decidido romper el miedo al poder y a las amenazas denunciadas al país”, aseveró Abad.
Tras la sentencia se dirigió a la vicepresidencia, pero no logró ingresar a las oficinas, espacio que se encontraba vallado, militarizado y cerrado al público, mientras el presidente Noboa anunció la orden de su traslado inmediato a Türkiye, antes del 27 de diciembre.
La vicegobernante, que no viajó en la fecha que le pidieron, denunció la “consumación del anunciado golpe de Estado y atentado contra la democracia en Ecuador”.
Hizo un llamamiento a organismos internacionales para que observen de cerca “estas serias violaciones que atentan contra la Constitución, la Ley y la Democracia en Ecuador”.
Abad exigió al mandatario que cese el acoso en su contra y le comunicó que irá a Türkiye “dentro del plazo de los 30 días que establece la ley”.
La vicegobernante informó que hasta el 3 de enero de 2025 tomará sus vacaciones luego de un año de trabajo. “Aprovecharé estos días de vacaciones para atender a mi derecho a la salud física y psicológica”, indicó en una carta a Noboa arc/avr
