Por Karina Marrón

Corresponsal jefe en Angola

El director general de la Agencia Nacional de Acción Contra Minas, brigadier Leonardo Sapalo, señaló recientemente que, aunque en 2024 liberaron 64 áreas, el país registra todavía una contaminación de 975 áreas minadas conocidas.

La cifra representa una superficie estimada de 60 millones de metros cuadrados, lo cual es un riesgo para la vida y un obstáculo al desarrollo del país.

Precisamente por ser tan considerable el terreno pendiente de labores, el Gobierno solicitó la tercera prórroga para concluir el desminado establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre la Prohibición de las Minas Antipersonales, de la cual Angola es signatario.

No obstante, las provincias de Huambo y Benguela sí deben quedar libres de zonas minadas este año, al menos las áreas conocidas, pues como consecuencia de 27 años de conflicto armado, el territorio nacional quedó ampliamente contaminado por aparatos explosivos de varias tipologías y orígenes.

UNA RESPUESTA COMBINADA Y MÚLTIPLES DESAFÍOS

Sapalo aseguró que tanto el Gobierno como la comunidad internacional a través del sistema de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales (ONG) y entidades internaciones están comprometidos con la respuesta a este flagelo y la mitigación de sus efectos negativos.

El trabajo de desminaje ha sido continuo, sostuvo el 19 de marzo pasado en un encuentro auspiciado por la Embajada de Bélgica en el país, y señaló que a la par se desarrollan acciones educativas en torno al tema y se les presta atención a las víctimas.

Una parte importante es la implementación de proyectos comunitarios de reconstrucción, con destaque para el sector de obras públicas, agricultura y silvicultura, energía y aguas, educación, salud y turismo, que les permiten a las personas disfrutar de una nueva vida en tierras que antes representaban un riesgo de muerte.

En este proceso unieron fuerzas, la Brigada de Desminado de las Fuerzas Armadas de Angola, las del Centro Nacional de Desminado, la ONG Apuako Minas, The Halo Trust, Norwegian People’s Aid; AMAG y la ONG Apopo, las cuales en este proceso de más de 20 años muestra grandes avances.

No obstante, advirtió el director de la Agencia, el caso de las provincias de Moxico, Moxico Leste, Bié, Cuando, Cubango y Cuanza Sul continúa siendo preocupante.

Han sido descubiertas áreas en varias provincias, agregó, pero reafirmó el compromiso gubernamental de continuar movilizando recursos para esta misión, que requiere personal calificado, equipos e insumos.

En general, según comentó Sapalo a la prensa la semana pasada, durante un recorrido por Benguela y Huambo, se necesitan 240 millones de euros más para desminar todas las zonas conocidas en Angola.

SALVAR VIDAS EN VARIOS SENTIDOS

Los terrenos minados son un obstáculo significativo para un futuro próspero, porque dificultan la agricultura, las obras y perpetúan el ciclo de la pobreza, expresó el embajador de Bélgica, Stéphane Doppagne, durante la presentación de la exposición fotográfica, Aquí la tierra ya no duele, de la artista Cassandre Nativel.

Se trata de una realidad que viven muchas familias angoleñas que todavía dependen de ayudas y otras fuentes de ingreso, solo porque no pueden labrar sus terrenos ante el riesgo de explosión de uno de esos artefactos.

Para que se tenga una idea, sólo en el desarrollo del Corredor de Lobito, una infraestructura ferroviaria que se extiende por unos mil 300 kilómetros a través de Angola, desde el Puerto de Lobito hasta la frontera con Zambia, se retiraron y destruyeron 43 mil 142 minas antipersonales, dos mil 460 minas antitanque y 235 mil 50 municiones sin detonar.

A pesar de ese inmenso trabajo, que abarcó una superficie de más de 74 millones de metros cuadrados, hay al menos 192 campos minados localizados a lo largo del Corredor de Lobito, en municipios adyacentes de las provincias de Bié y Moxico, según estimaciones de Halo Trust.

Queda mucho por hacer en Angola y nuevos plazos fueron fijados. Se trata de un esfuerzo que demanda el compromiso de muchos actores, entre los que las comunidades afectadas desempeñan un papel esencial. arc/kmg