Por Carmen Esquivel

Corresponsal jefa en Chile

Esta mujer pequeña y enérgica que desde 2009 preside la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) concedió una amplia entrevista a Prensa Latina en la sede de la organización, muy cerca de la Plaza de la Dignidad.

Originaria de Concepción, a los 14 años vino con su familia a la capital, donde trabajó en una fábrica textil, participó en las luchas sindicales y se incorporó a las Juventudes Comunistas, llamadas popularmente La Jota.

Fue en esas tareas donde conoció al que luego sería su esposo, Felipe Rivera Gajardo, quien era jefe de los grupos de autodefensas que se encargaban de cuidar los locales, proteger a los dirigentes en las marchas, además de dar clases políticas.

“Una vez, para Semana Santa, subimos a la Cordillera (Los Andes), éramos como 60, yo casi tiro la esponja, pero como iba mi hermano pequeño, Diego, el regalón, y mi hermano mayor y todos estaban pendientes de mí, no sé de dónde saqué coraje para la subida”.

“Ahí conocí al negro y nos hicimos novios. Él habló con mi hermano mayor porque eran compañeros y así se hacía antiguamente, con mucho respeto, y a los ocho meses de pololeo (noviazgo) nos casamos el 26 de febrero de 1970.

“Él era mi esposo, pero para mí esa era una palabra extraña porque más que eso era mi negro, mi compañero.

“Nos fuimos a vivir al campamento Villa Lenin, hoy conocida como población Yungay, y allí nos agarró el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 contra el gobierno de la Unidad Popular del presidente Salvador Allende.

“A mediados de 1974, como éramos del Partido Comunista, los militares nos fueron a buscar y por suerte ese día no estábamos. Con ayuda de los compañeros logramos sacar nuestras cosas en un camión y nos vinimos para donde una hermana”.

EL AÑO 1986

El 8 de septiembre de 1986 se produjeron una serie de allanamientos y arrestos en Santiago, después del fallido atentado contra el dictador Augusto Pinochet en la cuesta de Las Achupallas, del Cajón del Maipo.

Dentro de los detenidos estaba el periodista José Humberto Carrasco Tapia, el profesor Gastón Vidaurrazaga y el esposo de Alicia.

“Asaltaron mi casa en la madrugada, lo sacaron casi semidesnudo y nunca más lo volví a ver vivo. Al día siguiente presenté un recurso de amparo, estuve todo el día buscándolo y el 9 me citan al Servicio Médico Legal a reconocer su cuerpo. Tenía 13 impactos de bala.

“En el proceso quedó demostrado que lo mataron porque era comunista, no porque tuviera algo que ver con el atentado a Pinochet. La Central Nacional de Informaciones (CNI) tenía una carpeta de él, sabía que había estado en la Unión Soviética. Fue una venganza la que hicieron con ellos”.

Alicia recuerda con mucha emoción sus años de matrimonio. “Fuimos dos compañeros, dos amantes de la vida, comprometidos. No hay nada amargo que me recuerde de él”.

Después del asesinato de su esposo y de la detención de su hermano Diego, los compañeros del partido le dieron la orden de que tenía que salir a lo público y al tercer o cuarto día se incorporó a la AFEP.

Allí no se quedó mucho tiempo y pasó a la Agrupación de Familiares de Presos Políticos, donde había mucho trabajo por hacer: ir a la cárcel a reclamar por los detenidos, participar en las marchas contra la dictadura, ayudar a las familias. Consultada sobre cuál considera como el momento más difícil de su vida dice: “Yo creo que vivir sin el negro ha sido lo más terrible”.

LA AFEP

El 9 de septiembre de 1976, tres años después del golpe militar y del inicio de la dictadura, se produjo un hecho que conmovió a la sociedad y demostró la actuación de los grupos represivos del régimen.

Ese día encontraron en la caleta Los Molles, el cuerpo semidesnudo, dentro de un saco y con señales de torturas, de la profesora Marta Ugarte, quien había sido lanzada al mar para hacerla desaparecer.

Después de revelarse este crimen, sus hermanas Berta e Hilda Ugarte, junto a Hilda Rosas, Tala Quiroga y Josefina Santa Cruz, deciden crear la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) para la búsqueda de la verdad y la justicia y mantener la memoria de las víctimas.

Desafiando todo el terror de la dictadura, esas mujeres desarrollaron diferentes formas de resistencia, desde encadenamiento a edificios públicos, huelgas de hambre, ocupación de organismos internacionales y protestas en las calles.

“En el 1986, cuando estaba sepultando al negro, Irene Manzano, hermana del estudiante Patricio Manzano, quien murió un año antes a causa de las torturas del régimen, sin conocerme me abrazó y me dijo: compañera, no está sola, yo represento a la Agrupación de Ejecutados Políticos. Aquí tiene mi contacto”.

“Y así lo hacían con todos los familiares de la época”, recuerda Alicia.

“Yo soy la presidenta de la AFEP desde 2009, pero nosotros cada dos años tenemos elecciones. Siempre me gusta decirlo porque a veces creen que uno tiene un cargo vitalicio”.

La AFEP funcionó primero en la Comisión Chilena de Derechos Humanos, luego en San Diego, después en Santa Lucía, en un lugar muy precario, hasta que en 2016, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, se le entregó la sede actual en la calle Carabineros.

“Nosotros no nos hemos quedado solo en la lucha por la verdad, justicia y reparación para nuestros familiares, sino que también luchamos por la paz, contra las bases militares, entre ellas la de Guantánamo, en Cuba, y por la solidaridad internacional con Palestina y otros pueblos”, dice.

CHILE HOY

Ya pasaron 52 años del golpe de Estado contra el gobierno de Allende, que sumió al país en uno de los momentos más oscuros de su historia.

Según informes publicados aquí, se estiman más de 40 mil las víctimas de la dictadura (1973-1990), entre secuestrados, torturados, detenidos desaparecidos y asesinados, sin contar los 200 mil exiliados.

-Más de medio siglo después, ¿usted considera que se ha hecho justicia?

-No. Todavía hay muchos casos impunes. Lo que sí puedo valorar, a pesar de que yo soy muy crítica en eso, es que ningún gobierno ha estado tan preocupado por el tema de los derechos humanos como éste.

Primero los homenajes a las víctimas al cumplirse 50 años del golpe de Estado y luego la creación del Plan Nacional de Búsqueda para esclarecer las circunstancias de la desaparición o muerte de personas y saber su paradero.

Hay más atención a las agrupaciones de derechos humanos. Se ha dignificado a los dirigentes de las organizaciones a nivel nacional.

Pero hay impunidad en términos de lo lenta y mezquina que ha sido la justicia. Hay impunidad cuando más de 100 responsables de crímenes terribles duermen en sus casas por la famosa “pena remitida”, que sustituye la condena de privación de libertad por la observación y asistencia de la persona condenada ante la Gendarmería.

Incluso, el año pasado el Estado fue condenado por aplicar la media prescripción en casos de delitos de lesa humanidad, lo que permite reducir considerablemente las penas.

Hay impunidad cuando a muchos les aplicaron la amnistía y cuando a 52 años del golpe de Estado ningún civil ha sido sancionado política, social o penalmente.

-¿Cómo valora usted la decisión que acaba de tomar el presidente Gabriel Boric de poner fin a los privilegios para los represores en la prisión de Punta Peuco?

-Fue bueno que lo anunciara porque las personas que cometieron crímenes atroces no pueden seguir con esos privilegios. Esa no es una cárcel como las otras porque allí tienen baño y habitaciones propias. Cerrarla es difícil porque hay una crisis carcelaria en el país, pero sí se podría usar como un recinto a donde lleguen otros presos comunes.

-¿Qué opinión le merece que medio siglo después algunos sectores intenten negar la represión y los crímenes de la dictadura?

-Eso es algo que hemos denunciado varias veces. Primero las señales con la vandalización de los memoriales y ahora con las declaraciones de la candidata presidencial de la derecha, Evelyn Matthei, cuando dijo que al principio las muertes eran “inevitables” y que hubo una “guerra civil”.

En realidad todos los campesinos que secuestraron en Chigüío, Lonquén, Santa Bárbara, en Paine, Maipo, los fueron a sacar a la casa con sus hijos, los mataron y después escondieron sus cuerpos.

Está también la Caravana de la Muerte, que recorrió el país por órdenes de Pinochet y fusiló a trabajadores mineros y agrícolas, profesores, funcionarios públicos, estudiantes y a otras personas, muchas de las cuales aún están desaparecidas.

-A lo largo de su vida, usted ha recibido varios premios por su labor. ¿Podría abundar en ello?

-En 2016 me dieron el premio del Consejo Mundial por la Paz en República Dominicana.

También recibí un reconocimiento del Club Social y Deportivo Colo-Colo que para mí tiene un gran significado porque mi compañero era hincha del cacique, al igual que mi hermano Diego.

Y en 2023 recibí la primera Medalla de Derechos Humanos y Democracia de la Universidad de Chile.

El jurado le otorgó la distinción en reconocimiento a su fuerza y valentía en la defensa de los derechos humanos y la sostenida exigencia de verdad y justicia que ha inspirado y movilizado a distintas generaciones.

La Universidad de Chile agradeció, muy especialmente, su trabajo incansable para sumar voluntades en la lucha por honrar la memoria y alentar procesos de reparación.

arb/Car