Por Antonio Paneque Brizuela
Redacción Américas de Prensa Latina
Gobiernos locales toleraron con desenfado durante dos siglos ese delito, tan antiguo en el planeta como el Estado, y tan presente en la nación guaraní desde la instauración de la República (1813), tras su independencia en 1811.
Por el contrario, críticos de distintas épocas censuraron esa historia de favoritismo en cargos ejecutivos y legislativos con generosos salarios, cuya práctica perduró casi como una norma social, en lugar de un crimen estatal, hasta entronizarla como una suerte de plaga oficialista.
La función crítica de esos cuestionamientos, por suerte, llegó hasta nuestros días, mediante medios de prensa que impugnan las presentes expresiones paraguayas de nepotismo, como ABC Color, HOY y Última Hora, este último centrado contra esa “naturalidad” con que actúan sus protagonistas.
UN CONGRESO QUE SESIONA “EN FAMILIA”
El referido periódico guaraní fue el que desnudó con más crudeza ese actuar nepotista, al describir a un Legislativo donde los parlamentarios conviven con sus parientes en las oficinas y otros puestos de las instancias de poder estatal.
Todo queda ‘en familia’ en el Congreso, expresó el diario en tono irónico. “Diputados y senadores nombran a sus hijos, esposas, nueras y otros familiares como asesores en ambas cámaras”.
Mientras tanto –añadió- crece la indignación ciudadana y los políticos niegan que se trate de nepotismo, aunque admiten que ello puede atentar “contra la ética y la moral”, esto último en alusión a argumentos del propio presidente Santiago Peña en su rechazo a aceptar que existe este flagelo dentro de su Gobierno.
La publicación recuerda que el actual escándalo por el nombramiento de parientes salió a la luz en marzo de 2023, con la contratación como asesor de diputados de Alejandro Ovelar, hijo de 20 años del líder del Congreso, Silvio Ovelar, con un salario de tres millones 300 mil guaraníes (455 dólares).
El segundo de los casos más sonados fue el de Montserrat Alliana Encina, hija del vicepresidente del país, Pedro Alliana, quien ingresó sin concurso como asesora a la Cámara de Diputados, también con un alto salario, mientras su padre niega aún que se trate de nepotismo.
OTROS CUYO “HOGAR” ES EL CONGRESO
“El diputado liberal Cleto Giménez –precisó Última Hora- es otro que quiere estar cerca de la familia en su lugar de trabajo, ya que tiene como asesoras a su esposa, Liz Liliana Rotela, y a dos hijas, Johana Denisse Giménez Rotela y Danna Maricela Giménez Rotela”.
La autoridad parlamentaria, por cierto, tuvo al menos la certidumbre de anunciar que sus hijas renunciarían, pero hasta el momento no lo hicieron.
También adelantó lo mismo Elías Godoy Torres, hijo de la diputada Roya Torres, quien ni siquiera asiste a su lugar de trabajo, igual que otros descendientes de legisladores.
El joven, sobre el que –trascendió- “cumplía sus funciones en una oficina regional en Alto Paraná”, fue denunciado junto a su madre ante la Fiscalía por el abogado Hugo Armando Rojas, por supuesta comisión de delitos de cobro indebido de honorarios, estafa y producción de documentos falsos.
La carpeta de ejemplos caóticos de nepotismo recoge el de Silvana Busto Adorno, hija del diputado José Domingo Adorno, quien fue incapaz de explicar a los medios la función que ella cumple en la oficina de su padre.
La relación de familiares que “acompañan” a legisladores a sus oficinas incluye los del senador Édgar López, también miembro del Consejo de la Magistratura, al “nombrar” a su esposa, Vidala Hastanasilda Franco Medina, y a su nuera, Andrea Letizia Paredez Acosta.
¿MÁS PRIVILEGIOS Y VICIOS ASOCIADOS?
El periódico Última Hora llamó en un artículo editorial a que Paraguay luche por “un Parlamento sin nepotismo y otros privilegios y vicios”, en medio de los crecientes escándalos por esos flagelos.
“Las malas prácticas abundan en el Legislativo, cuyos miembros favorecen a parientes y amigos, expropian sin rigor propiedades del Estado y decenas de nombramientos de sus parientes quedan casi siempre impunes”.
La publicación recordó cómo el año pasado, a pocos días de las elecciones generales del 30 de abril y con un Presupuesto General 2023 ‘desfinanciado’, tomaron la decisión de hacer pagos extras en beneficio de 74 mil 500 funcionarios, un monto superior a los siete millones de dólares.
Aquellas sumas extras bajo el rótulo de subsidio familiar y nombramientos, así como convocatorias para seguros médicos, fueron algunos de los privilegios que concedió el Gobierno a los funcionarios públicos como motivación poco antes de los comicios.
Una investigación periodística local reveló que el 70 por ciento de los funcionarios del Poder Judicial están afiliados a la gobernante Asociación Nacional Republicana-Partido Colorado, incluidos magistrados, jueces y miembros del Congreso.
La generosidad ‘colorada’ con el dinero público es abundante, y la estrategia dio sus frutos, pues los miembros de dicha formación política lograron con el resultado de las elecciones copar los poderes del Estado, así como las instituciones legislativas.
Para el diario, “la parentela, los amigos y recomendados de nuestros políticos siguen desangrando el presupuesto, mientras los hijos de diputados y senadores, liberales y ‘colorados’, denunciados a diario a través de los medios de comunicación y las redes sociales, permanecen en sus cargos.
El nepotismo paraguayo -apuntan observadores- goza también de la impunidad oficial, social y sectorial requerida por toda forma de corrupción, comprendidas normas que fingieron combatir ese mal, o lo intentaron en serio, como la vigente Ley 5295, devenida “letra muerta y con lagunas”, como la llamó Última Hora.
INFLUENCIA DE LA DICTADURA DE STROESSNER
Por su parte, el historiador paraguayo Herib Caballero asoció la historia del nepotismo en el país con la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), al recordar que la base política del “stronismo” practicaba “esa cultura”.
El general-presidente del militarismo paraguayo favorecía a los parientes y leales con cargos públicos, mediante la adjudicación de tierras, servicios y otras prestaciones y ventajas del Estado, explicó el académico.
Caballero, doctor en Historia por la Universidad Nacional de Asunción, insertó ese flagelo en “el Estado patrimonialista que trata los asuntos públicos como algo personal”.
La historia de nepotismo en el país –según el estudioso- comprendió el factor del parentesco y la visión de que el Estado solo pertenecía a un determinado grupo político, en etapas como la primera mitad del siglo XX.
El analista ubicó mucho antes en el tiempo los orígenes históricos de ese mal, al situarlo dentro de la época española iniciada en 1492, cuando “estaba prohibido al gobernador tener matrimonio con una súbdita de su jurisdicción para evitar vinculación con las familias locales”.
Los ediles emplearon entonces a terceras personas como testaferros, para comerciar algunas actividades que estaban prohibidas por la ley, según quedó demostrado mediante distintas investigaciones.
Recientemente la Justicia paraguaya constituyó un equipo especial de fiscales para investigar todas las denuncias sobre nepotismo dentro del Congreso Nacional.
El grupo, integrado por los agentes del Ministerio Público Diego Arzamienda, Francisco Correra y Jorge Arce, dirigirá en particular su gestión a los 18 legisladores y sus familiares denunciados por esas prácticas, explicó el fiscal general, Emiliano Rolón Fernández.
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