Por Manuel Robles Sosa

Corresponsal jefe en Perú

Los factores en contra reaccionaron tras recientes declaraciones del presidente del organismo de captación de inversiones (ProInversión), Luis del Carpio, quien declaró que en enero de 2027 tendrá listo un proyecto de entrega de la moderna Refinería de Talara, en la norteña región de Piura, a un concesionario privado.

Según el modelo esbozado por Carpio, el concesionario que opere la planta, construida a un costo de cerca de seis mil millones de dólares, deberá generar utilidades para la entidad y para pagar las deudas que mantienen en crisis a Petroperú, generadas por la compleja construcción de la refinería.

Esta propuesta genera el rechazo de dos sindicatos de trabajadores de Petroperú, que sostienen que, si bien la instalación seguirá siendo patrimonio del Estado, este no tendrá poder de decisión sobre un establecimiento de importancia estratégica para garantizar el abastecimiento de combustible a todo el país.

La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol) cuestionó la proyectada concesión, por ignorarse lo que invertirá la empresa concesionaria, cómo recuperaría lo aportado y qué garantías dará al país sobre las tarifas, el abastecimiento de combustible y otras decisiones operativas.

La organización sindical considera que la concesión no garantiza que el Estado conserve el control efectivo sobre su funcionamiento y anotó que la refinería no debe evaluarse solo por su rentabilidad, sino también por su papel en el abastecimiento nacional de combustibles, la regulación de la competencia y la seguridad energética.

Para el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú, la concesión sería una forma de privatización encubierta, por lo que demanda detener el proceso de reorganización de los activos de la empresa.

Plantea esperar la decisión del Tribunal Constitucional sobre una apelación contra el decreto de urgencia que abrió la posibilidad de fragmentar Petroperú para entregarla a inversionistas.

El proyecto de ProInversión fue precedido por un decreto de urgencia que le otorgó el manejo del proceso de la reorganización patrimonial, la evaluación de activos, la política de compras y el esquema de financiamiento internacional de Petroperú.

La medida fue antecedida por una prolongada campaña mediática y política de desprestigio de Petroperú que, con voceros empresariales, planteaba la privatización, alegando el endeudamiento con aval del Estado, lo cual calificaría como derroche de fondos públicos.

Los voceros de la campaña están en buena parte vinculados a empresas transnacionales y analistas y periodistas neoliberales que desde el inicio del largo y complejo proyecto de la Refinería de Talara se opusieron a su ejecución, iniciada por el gobierno del nacionalista Ollanta Humala, quien gobernó entre 2011 y 2016.

El exministro de Economía y Finanzas Pedro Francke aportó a una denuncia ante el Tribunal Constitucional que impugna la constitucionalidad del decreto de reorganización de Petroperú, un análisis que reconoce la gravedad de la crisis de la empresa y la necesidad de afrontarla con medidas radicales y reformas de fondo.

Sin embargo, agregó en las conclusiones de su extenso análisis, que la crisis “no puede ser justificación para adoptar un esquema precipitado e imprudente, como la reestructuración patrimonial en paquetes que propone el decreto de reorganización”.

Agregó que, “lejos de garantizar la sostenibilidad de Petroperú, en realidad apunta a su fragmentación y disolución de facto, lo que se traduciría en la pérdida efectiva de un valioso activo estatal y el debilitamiento de capacidad regulatoria y gobernanza en el mercado nacional de combustibles, con los riesgos y costos que ello conllevaría para la economía y la sociedad”.

Argumentó también que Petroperú es un elemento esencial de soberanía y seguridad energética, como regulador y garante del mercado nacional de combustibles, que no puede ser reemplazado por agentes privados, quienes operan bajo una lógica y dinámica que no necesariamente se corresponde con el bienestar general de la sociedad.

“Por ello, garantizar la sostenibilidad de la empresa y la continuidad de sus operaciones no es un tema opcional, sino una necesidad imperativa para la estabilidad de la economía y el desarrollo del país”, aseveró Francke.

Pero las resistencias a lo que un crítico llamó “gesguace” de la histórica empresa nacida en 1969, con la nacionalización de una firma de la transnacional norteamericana Standar Oil, no se limitan a lo político, económico y social.

El analista económico Oscar Díaz, dedicado a temas empresariales, cuestionó el proyecto de ProInversión y su manejo de un tema al que es ajeno, después de una reciente visita a Estados Unidos acompañando a una misión estatal y empresarial para promoción de inversiones, a cuyas actividades asistieron tenedores de bonos de Petroperú por un estimado de dos mil millones de dólares.

Los representantes de los acreedores de la empresa peruana dijeron, según Diaz, que estaban inquietos por la segmentación de Petroperú y el pago de la deuda pendiente, expresaron sus preocupaciones y advirtieron que si por la fragmentación estuviera en riesgo el pago de la deuda, enjuiciarían al Estado peruano.

Fustigó duramente al presidente de ProInversión, y lo calificó como funcionario de segundo nivel y “vendepatria”, por su intención de concesionar la moderna Refinería de Talara, “la joya de la corona” por ser la parte más valiosa de Petroperú.

Añadió que esa situación se produce en momentos en que la empresa ha comenzado a obtener utilidades gracias a la refinería, por lo que el afán de concesionarla es “un atentado contra el país”.

Destacó acciones de la empresa estatal peruana como la firma, en octubre último, de dos contratos con Petroecuador muy convenientes -por la cercanía del proveedor limítrofe- de compra de crudo de 16 millones 200 mil barriles de crudo por un valor estimado de mil 652 millones de dólares, que garantiza el abastecimiento de 60 por ciento de la capacidad de la Refinería de Talara.

En su programa de video por Internet, Díaz expresó también su preocupación porque la empresa concesionaria podrá aumentar los precios de los combustibles, lo que afectaría la competitividad internacional de los minerales y otros productos que exporta Perú.

Señaló que en su programa promueve la llegada de inversiones pero no a costa del Perú, algo que considera inaceptable.

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