Por Adriana Robreño

Corresponsal jefa en Ecuador

En lo que va de 2026, una decena de embarcaciones ecuatorianas fueron interceptadas por militares norteamericanos, en acciones que las autoridades de ambos países vinculan con actividades ilícitas, acusación que los pescadores rechazan y de la que no existen pruebas públicas.

En uno de los recientes episodios, efectivos estadounidenses abordaron en altamar al pesquero María Candelaria, desde donde uno de sus tripulantes logró transmitir en vivo parte del operativo con su teléfono.

“Se nos han acercado hasta la patrulla, se nos han acercado la patrulla y no nos han llamado, no nos han llamado por radio. No nos han llamado, nos tratan como criminales”, relató el pescador en el video, que fue interrumpido cuando uno de los agentes le quitó el dispositivo.

LOS ATAQUES

Desde enero, ocho pescadores de la embarcación Fiorella permanecen desaparecidos después que ese pesquero fuera intervenido a comienzos de año, según denuncias de familiares y organizaciones de derechos humanos.

Los colectivos aseguran que durante los distintos operativos se han registrado casos de abordajes violentos, privación de libertad, desaparición forzada temporal, tortura y destrucción de embarcaciones, y sostienen que al menos 180 tripulantes se han visto afectados.

El Gobierno estadounidense, por su parte, presenta las operaciones como parte de la lucha contra el narcotráfico y otras actividades ilícitas, mientras que el Gobierno de Daniel Noboa respalda la cooperación con Washington en materia de seguridad.

Luego de lo ocurrido al Fiorella, algo similar pasó al Negra Francisca Duarte II, barco intervenido el 17 de marzo y cuyos sobrevivientes denunciaron que fueron atacados y posteriormente trasladados a El Salvador.

Según sus testimonios, durante la operación fueron inmovilizados, encapuchados y sometidos a condiciones que consideran degradantes.

El tercer caso ocurrió con el pesquero Don Maca, intervenido el 26 de marzo.

Una investigación del diario estadounidense The Washington Post planteó que un programa encubierto de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) podría estar detrás de los misteriosos ataques registrados a principios de año cerca de las islas Galápagos.

Después de esos tres incidentes, el 28 de agosto apareció el cuarto episodio, protagonizado por la embarcación Los Tres Hermanos, interceptada y posteriormente destruida por fuerzas estadounidenses.

Sus 14 tripulantes, que negaron cualquier vínculo con el narcotráfico, regresaron a Ecuador y denunciaron haber sido seguidos por helicópteros y retenidos durante varias horas a bordo de un buque extranjero.

El quinto episodio correspondió al Conquista 2, el 2 de septiembre, seguida por el OM2, interceptado un día después y también destruido.

El séptimo episodio involucró al pesquero María Candelaria, seguido por el atunero Montecristi y finalmente el Don Rufo, intervenido el 8 de septiembre.

Así, en cuestión de semanas, la controversia pasó de los testimonios de algunos pescadores a involucrar a decenas de familias y a convertirse en un asunto de interés nacional.

SEGUIREMOS DESTRUYENDO BARCOS, AFIRMA EEUU

La polémica adquirió una nueva dimensión con la visita a Quito del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien confirmó que las acciones cuentan con la anuencia del Gobierno ecuatoriano.

“Seguimos destruyendo barcos si es necesario”, afirmó Rubio al ser consultado sobre la estrategia estadounidense.

El funcionario explicó que las operaciones más recientes se diferencian de las acciones unilaterales realizadas anteriormente por Estados Unidos en aguas internacionales porque ahora se desarrollan mediante cooperación con gobiernos de la región.

“Se trata de operaciones conjuntas en aguas territoriales, en las que colaboramos con naciones soberanas dentro de sus propias aguas”, sostuvo.

Rubio también dejó claro que Washington mantiene la posibilidad de destruir embarcaciones cuando considere que existe una amenaza, aunque aseguró que las decisiones se adoptan de acuerdo con las características de cada operación.

“Al realizar una operación conjunta en aguas territoriales, es necesario llegar a un acuerdo sobre cómo se llevarán a cabo dichas operaciones; cada país tiene sus propias leyes y sistemas que debe cumplir”, señaló.

DERECHOS HUMANOS Y SOBERANÍA SOBRE EL TABLERO

El abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil, Fernando Bastías, criticó la manera en que se han desarrollado los procedimientos.

“Están haciendo las cosas al revés: primero aprehenden y después investigan”, afirmó Bastías, quien cuestionó que los procesos contra pescadores se sustenten en información de inteligencia, sin pruebas presentadas públicamente.

El jurista también señaló que algunos pescadores interceptados en altamar han sido trasladados hasta las islas Galápagos, fuera del territorio continental ecuatoriano, y consideró que esa práctica dificulta que sus familiares puedan denunciar las presuntas irregularidades.

“Este es el resultado de la improvisación. Decisiones que dejan dolor y sufrimiento en el camino, mientras la crisis de seguridad permanece y el show continúa”, sostuvo.

La oposición ecuatoriana comparte parte de esos cuestionamientos y acusó al Gobierno de Noboa de permitir actuaciones de una fuerza extranjera contra ciudadanos del país.

El legislador Ricardo Patiño afirmó que existe “silencio y sumisión” del Gobierno y sostuvo que las operaciones implican una pérdida de soberanía.

“Ecuador no es colonia, ni patio trasero de nadie”, expresó.

Desde la misma bancada, la legisladora Mónica Palacios cuestionó que las acusaciones contra los pescadores hayan cambiado del supuesto vínculo con el narcotráfico a la presunta utilización de sus embarcaciones para abastecer de combustible a otras que operarían fuera de la ley.

Palacios sostuvo que la defensa de los pescadores asegura que hasta ahora no existe evidencia que demuestre esa acusación y recordó que un juez declaró ilegal la detención de 28 tripulantes y ordenó su libertad.

El legislador Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano, también cuestionó la solidez de los procesos judiciales y afirmó que “ningún fiscal, ni juez podrá condenar a los pescadores porque las pruebas no existen”.

La pregunta, entonces, ya no se limita solamente a determinar qué transportaban las embarcaciones o si alguna estaba vinculada con actividades ilícitas, sino bajo qué protocolos actúan los militares estadounidenses, qué autoridad ecuatoriana supervisa esas operaciones, qué evidencias sustentan las acusaciones y qué mecanismos existen para investigar eventuales abusos.

Organizaciones sociales solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para la comunidad pesquera de la provincia de Manabí y declararon persona no grata al jefe del Comando Sur estadounidense, general Francis L. Donovan.

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