Por Mario Hubert Garrido

Corresponsal jefe en Panamá

Ese cambio de perspectiva emerge del análisis del informe Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo (SOFI 2026), compartido con Prensa Latina por el subdirector general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y representante regional para América Latina y el Caribe, el boliviano Rene Orellana Halkyer.

El funcionario consideró que el lema del Día Mundial de la Alimentación, “Innovar hoy para nutrir mañana”, trasciende una consigna coyuntural, demanda compromiso político de los Gobiernos y participación de todos los sectores para modificar la manera en que se producen, distribuyen, consumen y valoran los alimentos.

Los datos regionales aportan razones para el optimismo. La prevalencia de subalimentación en América Latina y el Caribe descendió hasta 4,8 por ciento, equivalente a unos 32 millones de personas, mientras también disminuyó la inseguridad alimentaria moderada o grave. La región aparece así entre las que más rápidamente recuperaron los niveles anteriores a la pandemia.

Sin embargo, detrás de esa evolución favorable persiste una paradoja que, según el SOFI 2026, debe ocupar un lugar central en las políticas públicas:

América Latina y el Caribe presenta uno de los menores niveles de hambre del mundo en desarrollo, pero al mismo tiempo registra el mayor costo promedio de una dieta saludable entre las grandes regiones del planeta, estimado en 4,91 dólares en paridad de poder adquisitivo por persona al día.

El contraste obliga a mirar más allá de las estadísticas de producción. La región es una importante productora y exportadora de alimentos, pero esa capacidad no garantiza por sí sola que frutas, verduras, legumbres y otros productos nutritivos estén al alcance de todos los hogares.

DESPUÉS DEL CAMPO

Uno de los principales aportes del diagnóstico de la FAO consiste precisamente en desplazar el foco del problema.

El SOFI identifica entre los factores que encarecen especialmente los alimentos saludables al transporte, la logística, el almacenamiento, las cadenas de frío, el procesamiento, las pérdidas postcosecha y las deficiencias en las cadenas de valor.

En América Latina y el Caribe, las verduras y hortalizas constituyen el componente más costoso de una dieta saludable, seguidas por frutas y otros productos perecederos. La consecuencia es evidente: producir más no necesariamente significa comer mejor.

Si una parte considerable del precio final se genera entre el productor y el consumidor, las inversiones destinadas exclusivamente a elevar la producción agrícola pueden resultar insuficientes para enfrentar el problema de la asequibilidad.

De ahí que la infraestructura rural, las cadenas de frío, el almacenamiento y los sistemas de comercialización adquieran una dimensión que va más allá de la política agropecuaria y pasan a formar parte de una estrategia integral de salud y bienestar.

PANAMÁ, AVANCES Y DESAFÍOS

En el caso panameño, las cifras muestran una transformación considerable en las últimas décadas.

De acuerdo con los datos más recientes citados por la FAO, la prevalencia de subalimentación descendió de 23,3 por ciento en el período 2000-2002 a 4,7 por ciento en 2023-2025.

El resultado coloca al país más cerca de abandonar el mapa mundial del hambre, pero también plantea una pregunta de mayor alcance: ¿cómo convertir esa reducción cuantitativa de la subalimentación en una mejora cualitativa y permanente de la alimentación?

La propia FAO advierte que reducir el hambre no constituye el final del camino. El objetivo debe ser que todas las personas tengan acceso cotidiano a alimentos suficientes, inocuos, diversos y nutritivos.

En esa perspectiva, la seguridad alimentaria comienza a relacionarse estrechamente con asuntos como el ingreso de los hogares, los precios, la infraestructura, el comercio, la salud pública, la protección social y la capacidad de los productores para llegar al mercado en condiciones competitivas.

Es precisamente en ese terreno donde adquiere relevancia el nuevo Marco de Programación por País 2026-2030 suscrito por Panamá y la FAO.

HOJA DE RUTA

El acuerdo establece una hoja de ruta para convertir las prioridades nacionales en programas, proyectos, inversiones y alianzas dirigidos a promover un desarrollo rural más inclusivo, resiliente y sostenible.

La cooperación contempla innovación y digitalización agropecuaria, fortalecimiento de la agricultura familiar, sostenibilidad de la pesca y la acuicultura, adaptación al cambio climático, gestión responsable de los recursos naturales y promoción de una alimentación saludable.

También prevé movilizar inversiones para el desarrollo rural y generar oportunidades para productores, pescadores, mujeres, jóvenes, comunidades rurales y pueblos indígenas.

La coincidencia entre esta agenda y las conclusiones del SOFI resulta significativa.

Panamá no enfrenta únicamente el desafío de producir; necesita reducir los costos que separan al productor del consumidor, mejorar la eficiencia de los mercados y asegurar que la modernización del sistema agroalimentario tenga un efecto tangible sobre la mesa de las familias.

En ese sentido, la cooperación con la FAO puede adquirir una dimensión estratégica si logra articular agricultura, infraestructura, transporte, comercio, salud, protección social y adaptación climática en una misma política de seguridad alimentaria. No se trata, por tanto, de una agenda exclusivamente agrícola.

MÁS ALLÁ DE LA TECNOLOGÍA

Orellana insistió en que la innovación no debe entenderse solamente como incorporación de tecnología.

Innovar implica también establecer alianzas, coordinar instituciones, reducir pérdidas y desperdicios, ampliar las oportunidades de quienes producen y conseguir que los alimentos lleguen en mejores condiciones a quienes los necesitan.

Ese enfoque resulta particularmente relevante en un país como Panamá, cuya posición geográfica y capacidad logística pueden convertirse en ventajas para fortalecer las cadenas agroalimentarias, siempre que esa infraestructura contribuya también a reducir costos internos y mejorar la conexión entre las zonas productoras y los consumidores.

La experiencia de cooperación entre Panamá y la FAO se remonta a 1945, cuando el país ingresó como miembro fundador de la organización, mientras la cooperación técnica comenzó en 1951.

Panamá alberga actualmente la Oficina Subregional de la FAO para Mesoamérica, lo que refuerza su papel como plataforma regional para promover sistemas agroalimentarios sostenibles y resilientes.

TOCUMEN COMO VITRINA

La dimensión pública de esa agenda también llegó al Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde la FAO, el Gobierno panameño y la terminal aérea inauguraron una exhibición conmemorativa del Día Mundial de la Alimentación bajo el lema “Innovar hoy para nutrir mañana”.

La iniciativa busca aprovechar el flujo internacional de pasajeros para divulgar la necesidad de construir sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles.

Para Orellana, transformar la forma de producir, distribuir, consumir y valorar los alimentos requiere la participación de todos los sectores de la sociedad.

La elección de Tocumen no es menor. Convertir uno de los principales puntos de conexión internacional del país en una vitrina para el debate alimentario refuerza la idea de que la seguridad alimentaria no es un asunto confinado al campo, sino una cuestión que involucra a toda la sociedad.

NECESARIA TRANSICIÓN

El principal desafío que deja sobre la mesa el SOFI 2026 puede resumirse, entonces, en una transición.

La prioridad histórica de combatir el hambre comienza a complementarse con otra tarea: garantizar el acceso económico a una alimentación saludable.

Para América Latina y el Caribe, donde el hambre disminuye, pero las dietas saludables continúan siendo comparativamente costosas, esa transición exige modificar las prioridades de inversión y las políticas públicas.

En Panamá, el descenso de la subalimentación constituye un avance indiscutible. Sin embargo, el verdadero alcance de ese progreso dependerá de la capacidad del país para consolidar sistemas agroalimentarios que reduzcan pérdidas, mejoren la logística, fortalezcan a los productores y hagan más accesibles los alimentos nutritivos.

El desafío, en definitiva, no consiste únicamente en que haya comida, sino que comer bien sea una posibilidad real para todos, y que la innovación, la cooperación internacional y las políticas públicas consigan cerrar la distancia entre lo que el país produce y lo que sus ciudadanos pueden efectivamente poner en la mesa.

arb/ga