Por Adriana Robreño

Corresponsal jefa en Ecuador

El conflicto se desató cuando el presidente Daniel Noboa anunció que Ecuador aplicaría una “tasa de seguridad” del 30 por ciento sobre las importaciones colombianas a partir del 1 de febrero.

Su argumento es que Colombia no ha ofrecido “reciprocidad” ni acciones firmes contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera común, algo que refutó el Gobierno de Gustavo Petro.

Bogotá respondió con el anuncio de un gravamen similar del 30 por ciento a productos ecuatorianos, afectando alrededor de 250 millones de dólares en exportaciones.

Además, la nación cafetera anunció que presentará una demanda ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN) por considerar que Ecuador incumplió compromisos del Acuerdo de Cartagena.

Colombia también suspendió la venta de electricidad a Ecuador en represalia por la medida unilateral, y Quito elevó en más del 900 por ciento la tarifa por el transporte de crudo colombiano a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).

¿QUÉ HAY DETRÁS DE LA DISPUTA?

En medio de ese panorama de enfrentamiento muchos cuestionan el argumento dado por Noboa para justificar la medida.

El abogado y miembro del Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil Fernando Bastias criticó al gobernante por culpar a otros en varias ocasiones de que no exista una reducción de los índices de violencia.

“Sin duda estamos abandonados a manos de un presidente que a través de berrinches, culpa a todo el mundo de los resultados de su pésima y cuestionable gestión”, afirmó Bastias en su cuenta de X.

La asambleísta Paola Cabezas, de la Revolución Ciudadana (RC), mencionó una “retaliación política” vinculada con el pedido del mandatario colombiano, Gustavo Petro, de liberar al exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas, preso en una cárcel de máxima seguridad.

“A Daniel Noboa el país le importa poco, y la frontera aún menos”, afirmó la legisladora, al señalar que Colombia ha mostrado mayor interés en la pacificación de la frontera común.

El exvicecanciller Kintto Lucas, por su parte, vinculó la decisión del Gobierno ecuatoriano con factores externos.

“Noboa no hace nada sin la venia de Estados Unidos. Esta medida idiota, es parte de la campaña internacional que se está montando contra Colombia desde el gobierno de Trump”, comentó.

DIPLOMACIA EN MARCHA, PERO SIN SOLUCIÓN INMEDIATA

Las cancilleres Gabriela Sommerfeld (Ecuador) y Rosa Villavicencio (Colombia) mantuvieron un encuentro a puertas cerradas en Panamá, sin que se divulgaran resultados de esa cita.

Luego, el 6 de febrero, ambas ministras volvieron a verse en Quito para abordar la crisis, reunión en la que también participaron altos funcionarios como Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia.

Según la Cancillería ecuatoriana, las discusiones incluyeron seguridad fronteriza, cooperación energética, hidrocarburos y aspectos judiciales, con la meta de reforzar acciones conjuntas contra el crimen organizado que opera a lo largo de la frontera de 600 kilómetros plagada de narcotraficantes y grupos armados.

Sin embargo, aunque Colombia solicitó la suspensión inmediata de los aranceles, Ecuador respondió que evaluará esa petición en una etapa posterior y condicionó cualquier avance a resultados concretos en otros ámbitos como la seguridad y la coordinación operativa.

La delegación colombiana, junto con la ministra Villavicencio, expuso resultados “contundentes” en la lucha contra el narcotráfico, mientras que el ministro Sánchez destacó la importancia de cooperación con Ecuador para garantizar la seguridad fronteriza y combatir el crimen transnacional.

Tras la reunión en Quito, Colombia y Ecuador intercambiaron acusaciones.

La representación ecuatoriana manifestó que el origen del desacuerdo bilateral no radica en ellos, sino en la “falta de control efectivo y presencia estatal de Colombia en su frontera sur”.

Previamente, Bogotá había informado sobre el aumento de sus efectivos en la frontera y enfatizó la necesidad de contar con la cooperación del país vecino para reforzar la seguridad.

Asimismo, destacó que, ante la negativa de Ecuador de levantar las trabas comerciales, expedirán el decreto de aranceles de respuesta por razones de seguridad nacional, que hasta ahora no había sido aplicados, y anticipó la demanda ante la CAN.

IMPACTO ECONÓMICO DE UNA DECISIÓN POLÍTICA

La aplicación de aranceles ha provocado preocupación entre gremios empresariales, transportistas y comerciantes de ambos países.

En el puente fronterizo de Rumichaca, representantes de transporte pesado y sectores productivos protagonizaron protestas exigiendo la revisión o derogación de las medidas por su impacto en el flujo comercial binacional.

El encarecimiento de productos, la reducción del comercio y la interrupción del suministro energético han puesto de manifiesto la alta integración económica entre los dos Estados vecinos.

La presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción de Ecuador, María Paz Jervis, estimó que cerca de 200 mil empleos están en riesgo con las medidas arancelarias.

Jervis advirtió que esta decisión tendrá un impacto directo en la industria y se reflejará en la vida cotidiana de los ciudadanos, quienes podrían enfrentar escasez o un incremento de precios en productos del sector agrícola y en las medicinas.

El 14 por ciento de los fármacos importados a Ecuador provienen de Colombia y a eso se suman insumos hospitalarios. Pese a los esfuerzos diplomáticos, incluida una mediación propuesta por el presidente colombiano Gustavo Petro con apoyo de Estados Unidos, la crisis no ha concluido con soluciones concretas.

Las negociaciones continúan con la idea de levantar los gravámenes una vez se acuerden compromisos claros y verificables, pero las partes aún deben superar desconfianzas duraderas.

Medios locales reportaron que desde el 1 de febrero, que entró en vigor la medida arancelaria por la parte ecuatoriana, el intercambio comercial bilateral permanece casi paralizado.

Transportistas declararon al canal Teleamazonas que, cuando normalmente se despachan entre 120 y 150 vehículos diarios desde la norteña provincia ecuatoriana de Carchi, en la primera semana de la medida no llegaban ni a 50.

Por otro lado, la Corte Constitucional de Ecuador admitió a trámite una demanda de inconstitucionalidad contra la resolución del Servicio Nacional de Aduana (Senae) que oficializó el arancel, aunque no hay fecha prevista para un pronunciamiento.

En suma, más que una disputa comercial aislada, este conflicto pone de manifiesto la fragilidad de la cooperación regional frente a desafíos de seguridad, gobernanza fronteriza y mecanismos eficaces de diálogo bilateral.

Mientras tanto, transportistas, industriales y consumidores de ambos lados sufren las consecuencias de una guerra arancelaria que trasciende lo económico y se adentra en la política y la seguridad nacional.

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