Por Luis Beatón

Corresponsal jefe en El Salvador

El pacto puso fin a 12 años de guerra civil entre el gobierno salvadoreño apoyado con un millón de dólares diarios por Estados Unidos, según dijo el presidente Nayiib Bukele, y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Como parte de los acuerdos para terminar con las hostilidades, las partes señalaban la necesidad de constituir una Comisión para la Verdad que tendría a su cargo la investigación de graves hechos de violencia ocurridos desde 1980, cuya huella sobre la sociedad reclama el conocimiento público de la verdad.

Durante la guerra, la oficina de Prensa latina en las Naciones Unidas, Nueva York, era visitada por diplomáticos acreditados, salvadoreños inmigrantes y activistas de organizaciones que apoyaban la lucha popular.

Estuvimos cerca, pero lejos de esa guerra y siempre dispuestos a dar a conocer la información veraz de lo que acontecía en el Pulgarcito de las Américas.

Por cosa del destino, a finales de la década de los 80 del pasado siglo coincidimos en las oficinas del Centro de Información de las Naciones Unidas (CINU) para Mexico, Cuba y Republica Dominicana, ubicada en un edificio que albergaba el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Allí bajo estricta medidas de seguridad y compartimentación se desarrollaban las pláticas entre las partes en conflicto. No tuvimos acceso y solo escuchábamos comentarios aislados sobre las conversaciones.

Estuvimos cerca entonces como oficial de información del CINU y ahora sobre el terreno en El Salvador donde aún hay elementos del conflicto que piden solución y esclarecimiento como estableció la Comisión que investigó violaciones de derechos humanos, masacres como la del Mozote y desapariciones forzosas, en especial de niños y niñas, de los cuales algunos aun aparecen en hogares extraños.

El 15 de marzo de 1993 fue dado a conocer el Informe de la Comisión para la Verdad: De la locura a la esperanza. La guerra de 12 años en El Salvador, que recogió los hechos que enfrentaron los salvadoreños en lucha de poderes, en la cual los estadounidenses pusieron dinero y armas para las masacres.

El informe recogió evidencias de cerca de 13 mil 500 casos de violaciones de los derechos humanos, es decir, graves hechos de violencia, a partir de dos mil denuncias directas, más 23 mil que llegaron a través de otras instituciones o por cartas (Comisión para la Verdad en El Salvador, 2007).

Cifras conservadoras sitúan el número de muertos y desaparecidos en más de 75 mil, y testigo mudo de esto es el Monumento a la Memoria y la Verdad, un muro principal con alrededor de 30 mil nombres de víctimas de la guerra, que se levanta en el parque Cuscatlán, en San Salvador.

Acuerdos de Paz

Los Acuerdos de Paz salvadoreños se firmaron el 16 de enero de 1992 en el Castillo de Chapultepec, México, poniendo fin a la sangrienta guerra civil que devastó al país por 12 años.

Como cosas de la historia el pacto fue suscrito en un lugar que recuerda a los “Niños Héroes de Chapultepec “, seis cadetes del Heroico Colegio Militar que murieron defendiendo el Castillo de la invasión estadounidense el 13 de septiembre de 1847.

Ese día, una delegación del gobierno salvadoreño encabezada por el expresidente Alfredo Cristiani, hoy prófugo de la justicia, se reunió con la comandancia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en presencia de Naciones Unidas, para estampar su firma en el extenso documento tras 21 meses de activas negociaciones.

En total, seis representantes gubernamentales y 10 de la guerrilla firmaron el histórico tratado, el cual disolvió los cuerpos de seguridad anteriores y separó a la Fuerza Armada de la seguridad pública.

Los firmantes del Gobierno fueron el ministro de Justicia, Óscar Santamaría, el coronel y ministro del Interior, Juan Martínez Varela, el general Mauricio Ernesto Vargas, el escritor y abogado David Escobar Galindo, el asesor jurídico de la empresa privada, Abelardo Torres, y el rector de la Universidad Nueva San Salvador, Rafael Hernán Contreras.

Por la guerrilla popular suscribieron el pacto los comandantes Shafik Hándal, Francisco Jovel, Salvador Sánchez Cerén, Joaquín Villalobos y Eduardo Cañas, así como Roberto Cañas, Dagoberto Gutiérrez, Marta María Valladares (Nidia Díaz), Ana Guadalupe Martínez y Salvador Samayoa.

Los Acuerdos de Paz a 34 años

Uno de los firmantes del histórico documento, el FMLN afirma ahora tras varios procesos eleccionarios en el que participaron como partido político y llegaron a la presidencia en dos oportunidades, que las causas de la guerra están “floreciendo” y culpan al gobierno del presidente Nayib Bukele con ese resurgir.

El secretario general del partido de izquierda, Manuel “Chino” Flores, tildó de canallada que se hable en contra de los Acuerdos, mientras sostiene que la firma de la paz en El Salvador “benefició a la población”.

“Hablar en contra de los Acuerdos de Paz, de mucha gente que se benefició de ellos, realmente es una canallada. Hablar en contra de los Acuerdos de Paz, de muchos que antes enarbolaban esa bandera y marchaban por la plaza, es una canallada”, opina Flores sobre los que adversan el pacto.

En el bando contrario, el presidente Nayib Bukele, quien ostenta un amplio respaldo popular, según encuesta de opinión, calificó de “farsa” tanto la guerra como los Acuerdos de Paz, los cuales calificó de “negociación entre dos cúpulas” que no trajo beneficio al pueblo salvadoreño.

En consonancia con esa posición, la Asamblea Legislativa, controlada por Nuevas Ideas, aprobó en 2022 un decreto para eliminar la conmemoración de los Acuerdos de Paz y, en su lugar, creó el Día de las Víctimas del Conflicto Armado.

Según la exlegisladora del FMLN, Marlenis Funes gracias a los Acuerdos de Paz “hay elecciones libres y democráticas” en el país y hubo reconocimiento a los derechos humanos.

Al valorar la posición del gobierno y de Nuevas Ideas, hacia donde fueron muchos integrantes del FMLN, Funes consideró que “el problema es que como ellos no fueron actores, no participaron de manera directa, quieren hacer ver que ese evento no sucedió, quieren borrar la historia de nuestro país”.

Estando cerca, sobre el terreno, es posible decir que muchos se niegan a borrar la memoria histórica del país, mientras exigen la continuidad de juicios y procesos contra exmilitares y participantes en el conflicto por crímenes y violaciones de derechos humanos cometidas entonces.

arc/lb