Por Lianet Arias

Corresponsal jefe en México

Fue precisamente el iniciador del movimiento de la cuarta transformación, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien envió en febrero de ese último año una serie de reformas a la Constitución relacionadas con temáticas disímiles.

Entre esos proyectos sobresalió la reforma judicial, dirigida según las autoridades a poner fin a la corrupción y el tráfico de influencias en ese poder autónomo, una denuncia en la cual coincidió también la mayoría de los ciudadanos, según encuestas.

“El poder judicial es un poder tomado, secuestrado, al servicio de una minoría rapaz, de una mafia no solo de la delincuencia organizada, una mafia fundamentalmente de los potentados”, aseveró por aquellos días López Obrador durante una de sus habituales conferencias de prensa.

En opinión del entonces jefe de Estado, “así como antes (los hombres de negocios y las cúpulas) tenían en el poder legislativo a sus diputados y a sus senadores y ahora no es así, porque la mayoría son representantes del pueblo, quieren seguir teniendo en el poder judicial a sus representantes”.

Aunque el paquete propuesto por el exmandatario fue presentado mucho antes, los análisis y posterior aprobación de esta y otras modificaciones a la carta magna pudieron llegar a buen puerto luego de las elecciones federales del 2 de junio del año pasado.

La actual presidenta de la nación, Claudia Sheinbaum, no solo se erigió la candidata más votada en la historia reciente del país con casi 36 millones de sufragios, sino que su coalición se impuso por amplio margen en el Senado y la Cámara de Diputados.

Tal realidad permitió el abordaje de los cambios a la Constitución, que requieren al menos de las dos terceras partes de ambas cámaras, tras lo cual el aval de más de la mitad de los Legislativos locales dio luz verde a la promulgación de la reforma judicial el 15 de septiembre de ese año.

UN PODER SECUESTRADO

Poco antes de los inéditos comicios judiciales, realizados el 1 de junio último, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García, dejaba en evidencia a ese poder al señalar que, lejos de proteger a la sociedad y a la víctima, otorgaba en muchos casos facilidades al agresor.

De 2024 a mayo de 2025, las autoridades registraron 193 determinaciones de órganos jurisdiccionales que favorecieron o pretendieron beneficiar a presuntos delincuentes con traslados, liberaciones y egresos definitivos.

Justo hasta el día 8 del quinto mes del año, según denunció el titular, se habían concretado 164 egresos por cambio de medida cautelar y dos salidas definitivas, lo cual equivalía a un número superior a 100 criminales que regresaron a las calles.

Además, hubo 27 traslados a penales de mínima seguridad de individuos que en su mayoría requerían medidas específicas por encontrarse en reclusión debido a los delitos de secuestro, homicidio, privación ilegal de la libertad y otros de alto impacto.

Al detallar este tipo de decisiones, mencionó a un juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, quien resolvió el 24 de abril el egreso de Gerardo Ponce, uno de los líderes del Cártel del Pacífico, y su traslado al Centro estatal de Aguaruto.

En marzo de este año el mismo juez dictó auto de no vinculación a proceso de Juan Enrique “N”, operador del Cártel del Golfo, y cuatro meses antes revocó las medidas de prisión preventiva de José Alfredo N, sobrino de Osiel Cárdenas, líder de la misma organización criminal.

Según García, solo desde octubre del año anterior hasta abril último fueron liberados 26 sujetos pertenecientes a distintos grupos delincuenciales, entre ellos, el Cártel de Sinaloa, del Golfo, Jalisco Nueva Generación, Familia Michoacana, Zetas y Los Rojos.

Con el propósito de poner fin a esa realidad, el Ejecutivo impulsó precisamente la reforma judicial, la cual contempló entre otros puntos la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial como una autoridad independiente a la Corte.

Su pilar fundamental, no obstante, sería la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, con una primera cita ante las urnas prevista para el 1 de junio de 2025 que marcaría un antes y un después no solo en México, sino en el resto del orbe.

CONTRA LA CORRUPCIÓN

La preparación de las elecciones contempló varios pasos, entre estos, la convocatoria emitida por el Senado, la instalación por parte de los Poderes del país de sus respectivos Comités de Evaluación, y la verificación de que los aspirantes reunieran los requisitos establecidos.

“Está en tus manos, en tu decisión, quienes formarán parte del nuevo poder judicial. Un poder judicial honesto, cercano al pueblo, que no haya sido elegido ni por la Presidenta ni por los legisladores, sino elegido por el pueblo”, dijo Sheinbaum a los mexicanos a pocas horas de los comicios.

La gobernante aludió también a los opositores a la convocatoria: “Quienes desean que se mantenga el régimen de corrupción y privilegios en el poder judicial dicen que esta elección está amañada, o dicen también que es para que un partido político se apropie de la Suprema Corte.

También dicen que es para que la Presidenta ponga a modo a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nada más falso”, afirmó en X la mandataria, quien llamó a los mexicanos a ejercer su derecho al voto para construir un poder judicial honesto y cercano a la gente.

Con la participación de alrededor de 13 millones de ciudadanos, cifra que no alcanzó ninguno de los partidos opositores en los comicios de 2024, la cita ante las urnas renovó 881 cargos a nivel federal (la otra parte se definirá en 2027), además de unos mil 800 locales.

Uno de los resultados más significativos fue la elección del abogado mixteco Hugo Aguilar como presidente de la nueva Suprema Corte, que inició sus funciones el 1 de septiembre de 2025 para dar paso –en opinión de muchos- a una nueva era de la justicia en México.

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