Por Luis Beatón

Corresponsal jefe en El Salvador

Según la Cámara de Medianos y Pequeños Productores Agropecuarias (Campo) hay que importar tanto maíz como frijol. En el caso del maíz se trae desde Estados Unidos, donde los productores reciben un subsidio de casi el 60 por ciento, y traerlo aquí cuesta mucho más barato que producirlo.

El maíz puesto en El Salvador cuesta 11 dólares y producirlo aquí, 15, una gran diferencia que marca el subsidio a los productores estadounidenses por su gobierno. Entonces no hay justificación para que suba el precio de las tortillas, señalan expertos.

En el caso del frijol ante una producción deficitaria se importa desde Nicaragua y desde junio se consume del país vecino, pues la cosecha nacional no sale hasta finales de noviembre o principios de diciembre. La situación se complica pues no hay muchos productores de frijol rojo de seda del cual los salvadoreños consumen casi 20 kilogramos per cápita anuales, los mayores consumidores de la región.

Evidentemente hay un déficit en la producción y según Campo para la cosecha 2024-2025 faltarán 10 millones de quintales de granos básicos para llevar a la mesa de los cuscatlecos.

Visto de otra forma, las carencias, entre otros factores, elevan el costo de la canasta básica alimentaria (CBA) que, a inicio de mes de abril, rondaba los 251 dólares en la zona urbana y los 191, en la rural, según el economista Cesar Villalona.

Cuando Bukele asumió el gobierno en 2019, la CBA urbana estaba en 200 dólares al mes, y la rural en 146, lo que refleja un mayor gasto a los salvadoreños y por ahora no se ve una solución a la falta de políticas en la agricultura para llevar productos más baratos a la mesa.

No obstante, los productores calculan una cosecha de 21.9 millones de quintales de granos básicos, entre maíz, frijoles, maicillo y arroz este año, lo cual es alentador, pese a contradicciones en cifras oficiales y de las gremiales.

Mateo Rendón, coordinador de la Mesa Agropecuaria, aseguró que esta producción será suficiente para cubrir el consumo de los salvadoreños, aunque en el caso del maíz persistirá un déficit del grano destinado a la ganadería.

“No estamos cubriendo el déficit, pero estamos dejando un hoyo menos. El próximo año no habrá déficit de frijoles, tenemos asegurada la cosecha”, añadió Rendón.

Dejando a un lado lo que va a la mesa de los salvadoreños, una mirada al auge del sector de la construcción, hoy el motor visible de la economía del país, nos da una idea de cómo marcha el país.

Con una proyección de inversión que podría alcanzar entre dos mil 800 y los tres mil millones de dólares, al cierre del año, el país se encuentra ante una de las etapas de mayor dinamismo productivo de las últimas décadas, pero para que sea más palpable es indispensable que la inversión en infraestructura y vivienda llegue a las regiones y genere oportunidades más allá del eje capitalino, indican estudios.

En especial, el turismo necesita aumentar la planta hotelera y añadir 10 mil habitaciones para alcanzar 17 mil en 2030 y satisfacer la demanda de mercados como Estados Unidos, Guatemala y Honduras, según valoraciones de la ministra del ramo Morena Valdez.

Según la Cámara Salvadoreña de la Construcción (Casalco) el 80 por ciento de la inversión proviene del sector privado, una señal contundente de que los empresarios vuelven a ver al país como un terreno fértil para el crecimiento.

Las proyecciones de Casalco —un aporte de 16 por ciento al PIB en 2025 y 167 mil empleos generados— son alentadoras, pero también demandan compromiso: fortalecer la capacitación técnica, garantizar condiciones laborales dignas y preservar el equilibrio ambiental, temas claves para que este auge se traduzca en bienestar real.

Algo que también debe influir en la situación económica es el acuerdo marco alcanzado con Estados Unidos que elimina el arancel a exportaciones salvadoreñas y deriva nuevo marco comercial. Washington es el principal comprador de bienes y servicios salvadoreños como textiles.

Según el convenio, El Salvador disminuirá barreras no arancelarias que afectan a exportadores estadounidenses. El país deberá simplificar los requisitos y trámites regulatorios en sectores clave como productos farmacéuticos y dispositivos médicos, áreas consideradas prioritarias por el gobierno estadounidense.

Sin dudas, la eliminación de esta carga arancelaria dará más competitividad a los productos salvadoreños y abrirá nuevas oportunidades en el mercado estadounidense, clave para la economía nacional.

Encaminar la economía de El Salvador por la senda del desarrollo es el reto planteado por Bukele en su segundo mandato, difícil tarea para una administración que gasta más de lo que ingresa y planifica, según sus críticos.

Este año que termina se aprecia un “esfuerzo” de las autoridades por mostrar al país que trabaja por el desarrollo aunque factores externos e internos ralentizan los planes para avanzar aunque hay resultados palpables en inversiones en educación y salud.

Por otro lado, un tema medular por su impacto, es el de las remesas, donde las deportaciones desde territorio norteamericano son como una espada de Damocles cuyo filo puede cortar fondos que este año superan los ocho mil millones de dólares y aportan cerca de un 25 por ciento del PIB nacional.

Un informe del banco estadounidense J.P. Morgan prevé una desaceleración de ayudas familiares en el segundo semestre de 2025, luego de un crecimiento inusual en el primer semestre.

Si bien el impacto final es incierto, es evidente que las estrictas políticas migratorias norteamericanas -lo cual incluye cierres de fronteras y deportaciones, desaceleración del crecimiento económico estadounidense que conlleva un enfriamiento del mercado laboral y disminución de la concentración anticipada de remesas- es probable que haya afectaciones negativas en las remesas, aseguró el J.P. Morgan.

Aunque se frenarán en el segundo semestre, la proyección indica un crecimiento de un 9.9 por ciento al término de 2025 con ingresos por nueve mil 300 millones de dólares, superior a los de 2024.

El tema de las ayudas es una “caja de sorpresa”, las proyecciones no son nada halagüeñas ya que los abruptos cambios en la política migratoria implementados por la segunda Administración Trump, pueden afectarlas en el futuro.

Más aun, según analistas, cuando hay planes de la Casa Blanca de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para 1.8 millones de personas, de ellos, cerca de 234 mil salvadoreños residentes en Estados Unidos.

Esto es algo preocupante, pues según economistas, las remesas son la principal fuente de financiamiento de la economía familiar en el llamado Pulgarcito de las Américas.

Otro aspecto medular en la economía local es el incremento de la deuda pública, que ya ocupa más del 85 por ciento del PIB y de continuar el alza, en ausencia, por ejemplo, de una reforma del fondo de pensiones, entorpecerá avances económicos.

Con 33 mil 130 millones de dólares registrados en abril de 2025, equivalentes al 89.2 por ciento del PIB, el país enfrenta una crisis fiscal cuyas dimensiones trascienden los números para convertirse en una amenaza directa al bienestar social y al futuro económico nacional, alertan informes.

Desde que Bukele asumió la presidencia en junio de 2019, la deuda pública tuvo un crecimiento sin precedentes de 13 mil 250 millones de dólares, según cifras del Banco Central de la Reserva (BCR).

Los datos revelan que 41 por ciento de toda la deuda pública nacional corresponde exclusivamente a la administración Bukele, lo cual evidencia una estrategia fiscal expansiva que privilegia el gasto por encima de la sostenibilidad fiscal.

Valoraciones como la del economista Rafael Lemus identifican un “problema sistémico” en la gestión presupuestaria: la administración Bukele convirtió los presupuestos aprobados en “puntos de partida” en lugar de límites del gasto público.

En este escenario hay que destacar que el servicio de la deuda es una pesada carga y hace de sectores como la salud y la educación a sus principales víctimas.

Según el sitio izcanal.org, la carga del servicio de la deuda se convirtió en el principal drenaje de recursos públicos. Para 2025, el pago de intereses y amortizaciones alcanzará dos mil 784.66 millones de dólares, representando el 28.8 por ciento del presupuesto general.

Esa cifra supera los recursos asignados a Educación, mil 535.78 millones y Salud, mil 170.38 millones, combinados.

Lourdes Molina, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), afirmó que el problema trasciende el aspecto financiero: “al destinar una quinta parte de nuestro presupuesto al pago de la deuda, hay menos recursos disponibles para financiar políticas públicas en sectores como salud, educación, seguridad e infraestructura”.

El gobierno trató de enfrentar el problema con la “ayuda” del Fondo Monetario Internacional (FMI) cuyas recetas de ajustes siempre podan el gasto social, algo que denuncian organizaciones sociales y comunitarias.

El acuerdo con el FMI por mil 400 millones de dólares condicionó la política fiscal salvadoreña a un ajuste de 3.5 por ciento del PIB durante tres años (2025-2027).

Ese programa, diseñado para “encaminar la deuda pública hacia una senda de firme descenso”, incluye medidas de contingencia tributaria si los ingresos resultan insuficientes.

Son “las medicinas amargas” anunciadas por Bukele al proponerse en junio de 2024 impulsar y rescatar la economía como prioridad de su gobierno.

Algunos se preguntan por qué se afecta a sectores sociales prioritarios como salud y educación mientras otros como defensa, presidencia y servicio de la deuda se llevan buenas partidas presupuestarias.

El Salvador es hoy el país más endeudado de la región centroamericana y marcha a la saga en la recepción de inversiones externas., mientras estudios indican que el endeudamiento rondará el 73.3 por ciento del PIB.

En resumen, estudios aprecian que la deuda pública de El Salvador evolucionó desde un desafío fiscal hasta convertirse en una crisis social multidimensional.

De acuerdo con izcanal.org, la evidencia corrobora que El Salvador enfrenta una encrucijada histórica: mantener el rumbo actual significará décadas de austeridad social, mientras que cualquier desviación del programa FMI podría desencadenar una crisis de liquidez con consecuencias aún más severas para la población.

Es previsible que, en términos generales, a los salvadoreños al final de 2025, les sea más difícil llevar a sus mesas tortillas, frijoles y pupusas, pues la economía pese a importantes acuerdos e inversiones como en los puertos, en turismo y en el sector de la construcción, no termina de tomar el rumbo previsto por Bukele.

arc/lb