Por Orlando Oramas León

Corresponsal jefe en Uruguay

La Cámara de Senadores dio luz verde a la normativa el 15 de octubre con los votos de la bancada del Frente Amplio (FA) y de unos pocos legisladores de oposición, suficiente para completar el trámite parlamentario. Fue una votación con 20 brazos a favor de un total de 31 senadores.

Dos meses atrás había recibido el visto bueno de la Cámara de Representantes, donde ni el gobernante FA ni los partidos de oposición tienen mayoría.

Con estos votos Uruguay ocupa un lugar de vanguardia, primero en tener ley propia sobre el asunto en este hemisferio, y onceno país en el mundo en despenalizarla eutanasia.

En el continente Colombia y Ecuador la permiten por vía judicial. Estados Unidos y México la consienten en varios estados, pero sin legislación nacional al respecto.

SOBRE LA LEY

La ley habilita la eutanasia a personas mayores de edad, uruguayos y residentes extranjeros, psíquicamente aptas” que cursen la “etapa terminal de una patología incurable e irreversible” o padezcan por ello sufrimientos “insoportables”, con “grave y progresivo deterioro” de su calidad de vida.

Para acceder al acto eutanásico se valorará la opinión de un primer y segundo médico. Si hubiera diferencias se pasará a una junta médica de tres profesionales, incluido un psiquiatra y un especialista de la enfermedad para el dictamen definitivo.

La persona, si lo solicita de manera reiterada y fehaciente, tiene derecho a que se le practique la eutanasia para una muerte indolora, apacible y respetuosa de su dignidad.

Una vez expresada la última voluntad, el médico actuante procede a cumplirla cuando y donde el paciente lo decida.

La normativa establece la obligación de prestar servicios de eutanasia a todos los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud del Uruguay.

Se respeta el derecho de objeción de conciencia del médico y del equipo asistencial, aunque la institución debe garantizar el procedimiento designando sustitutos.

DETRACTORES

El debate y votación en el Senado fue acompañado desde las barras del Palacio Legislativo por representantes de grupos ciudadanos favorables, y también contrarios.

La mayoría de los senadores de oposición votaron en contra de la iniciativa bajo diversos argumentos.

Para legislador del Partido Nacional, Martín Lema, es inoportuna pues hace unos días el propio Parlamento dio el visto bueno a una ley sobre cuidados paliativos.

Antes, desde la Comisión de Salud del Senado, el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, arremetió contra la legislación al considerar que va contra el “principio sagrado de la vida”.

Por su parte la Conferencia Episcopal emitió un comunicado tras la aprobación en el que asegura que la ley “fomenta la cultura de la muerte”. Subrayó que la norma da señales equivocadas en un país con alta tasa de suicidios y dificultades para abordar problemas de salud mental.

LOS APOYOS “Es necesaria porque hay personas que recayeron en una enfermedad para la que la ciencia no tiene cura, que saben que no hay luz al final del túnel y que, mientras esperan ese final, sufren terribles dolores físicos”.

Así se expresó el exdiputado del Partido Colorado, Ope Pasquet, quien presentó el primer proyecto de ley de eutanasia durante la anterior legislatura.

En ausencia del presidente Yamandú Orsi, la mandataria en funciones, la vicepresidenta Carolina Cosse, expresó su respaldo en su cuenta de la red social X. Escribió que la legislación coloca a su país a la vanguardia en el abordaje de temas profundamente humanos y sensibles. Añadió que el texto aprobado reafirma el compromiso con la dignidad, la libertad y los derechos de todas las personas.

Para el senador colorado, Robert Silva, la Ley de muerte digna honra lo que calificó como “mejor tradición liberal y humanitaria del Uruguay”.

“Hoy nuestro país es más libre y más humano”, dijo el coordinador de la bancada de senadores frenteamplistas Daniel Caggiani, quien refirió la posibilidad de decidir para quienes padecen dolorosas enfermedades incurables.

Toca al Poder Ejecutivo promulgar la Ley de muerte digna, un lustro después de que fuera presentada por primera vez ante el Parlamento. Se trata, para varios medios y referentes, de un indudable hecho histórico.

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