Por Adriana Robreño

Corresponsal jefa en Ecuador

El alza del combustible se convirtió en la chispa que encendió un malestar acumulado, marcado por la precariedad económica, la inseguridad y el descontento con las políticas del Gobierno.

El 12 de septiembre, con el Decreto Ejecutivo 126, el precio del galón de diésel pasó de 1,80 a 2,80 dólares, un valor que sin la subvención comenzará a variar cada mes en dependencia del mercado internacional.

Para el Gobierno, esta medida busca reducir el gasto fiscal y destinar recursos hacia programas sociales, créditos productivos y ayudas a sectores vulnerables.

Sin embargo, para amplios sectores de la sociedad, es un golpe directo a la economía popular, que afecta el transporte, la producción agrícola y los costos de vida de millones de familias.

Ante ese panorama, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) convocó al paro nacional progresivo e indefinido, y señalan que el diésel es apenas la punta del iceberg.

En sus demandas, se suman problemas estructurales: falta de empleo, crisis de salud y educación, inseguridad creciente y la presión de proyectos extractivos sobre comunidades rurales.

Lo que se vive en las calles, insisten, es la expresión de un hartazgo colectivo frente a un modelo económico que consideran injusto.

Las movilizaciones se han concentrado en la sierra norte del país y también en la Amazonía, donde grupos indígenas que inicialmente apoyaron al Gobierno ahora afirman estar arrepentidos y decepcionados.

“Como dimos el respaldo y depositamos la confianza en las urnas; convencidos de que era un gobierno que proponía esperanza, hoy queremos decir que nos sentimos decepcionados”, expresó José Esach, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana .

Plantones, marchas y cierres de vías han sido los protagonistas de la última semana, en la cual el Ejecutivo ha respondido con el uso de la fuerza pública, y aunque en ciudades como Quito y Guayaquil se han desarrollado movilizaciones, la vida transcurre con normalidad.

“Si vas a un hospital no hay medicamentos, subieron el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 al 15 por ciento para dar seguridad y el número de muertes violentas va en aumento, cada vez hay menos presupuesto para las universidades y ahora esto del diésel, no es justo”, comentó una manifestante indignada en la capital ecuatoriana.

NOBOA SE NIEGA A DIALOGAR

En medio de bloqueos de carreteras, enfrentamientos con la fuerza pública y decenas de detenidos, el presidente Daniel Noboa insiste en que no dará marcha atrás.

“Prefiero morir antes que retroceder en esta medida”, afirmó recientemente, dejando claro que la eliminación del subsidio es innegociable.

En una entrevista con Ecuavisa, reiteró que dialoga con sectores dispuestos a trabajar, pero no con dirigentes que, según él, buscan desatar el caos.

Noboa también vinculó a los bloqueos con la minería ilegal y con organizaciones criminales.

“El paro deja de ser social y pacífico cuando se contamina con el crimen organizado”, declaró el gobernante que defendió el despliegue policial y militar para mantener abiertas las carreteras.

Días atrás, se atrincheró en Latacunga, capital de la provincia de Cotopaxi, y trasladó hasta allí la sede del Ejecutivo, aunque luego viajó a Otavalo, donde, bajo fuerte resguardo, entregó bonos y créditos a campesinos y productores.

Su estrategia, según analistas, es dividir a los sectores sociales, ofreciendo beneficios a unos mientras acusa a otros de desestabilizadores.

MOVILIZACIONES Y REPRESIÓN

Las organizaciones sociales denuncian un intento del Gobierno de criminalizar la protesta, considerada un derecho y no un delito.

“Los pueblos y nacionalidades indígenas no son mafias ni delincuentes, son quienes producen alimentos, cuidan el agua y defienden los territorios”, subrayó la Conaie en un reciente comunicado.

El movimiento asegura que las detenciones de campesinos, jóvenes y líderes comunitarios son un intento de debilitar las demandas populares.

Ese reclamo resuena en medio de la represión policial y el uso de tanquetas en lugares como Otavalo (Imbabura), donde la organización indígena denunció una “ocupación militar” tras la llegada del presidente Noboa.

Ante la Fiscalía General, en Quito, manifestantes han acudido con las consignas de “Los comuneros no son terroristas” y “¡Libertad, libertad!”.

El Gobierno reconoció que hay casi un centenar de detenidos por las protestas, entre ellos 12 jóvenes de la comunidad Kichwa de Otavalo, acusados de estar vinculados a un ataque a un cuartel policial.

La Conaie también denunció la persecución por parte de la Fiscalía contra más de 50 dirigentes, entre ellos Marlon Vargas, presidente de la organización y también dirigentes regionales, equipos técnicos y defensores de derechos humanos y de la naturaleza.

“Se trata de un mecanismo más de criminalización y persecución política y judicial del gobierno de Noboa en complicidad con la Fiscalía, para frenar el paro nacional y deslegitimar nuestras demandas con falsas acusaciones, apuntó el movimiento indígena.

A su vez, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) condenó lo que calificó como una “abierta persecución política” emprendida por el Gobierno de Noboa a través de la Fiscalía General, contra dirigentes sociales en el contexto del paro.

Varios líderes fueron citados a audiencia el 3 de octubre, acusados de “tentativa de paralización de un servicio público”.

Los dirigentes notificados son Edwin Bedoya, presidente del FUT; Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE); Nery Padilla, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE); y Wilfrido Espinoza, presidente de la Confederación Nacional de Indígenas, Campesinos y Negros (Fenocin).

En un comunicado, los implicados aseguraron que la notificación es “un claro intento de intimidar y frenar la organización social que se levanta frente al paquetazo de Daniel Noboa impuesto con autoritarismo y mentiras”.

Por otro lado, el Gobierno dispuso la suspensión de la señal del medio de comunicación comunitario TV MICC, del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi y considerado el primer canal de televisión comunitario abierto del Ecuador.

TV MICC rechazó la sanción, “un acto de censura que vulnera la libertad de expresión y busca silenciar la voz de los pueblos que denuncian su precaria gestión”.

POSIBLE CONSTITUYENTE En ese contexto de tensiones, la Corte Constitucional dio luz verde a la propuesta del mandatario de consultar a la ciudadanía sobre la instalación de una Asamblea Constituyente y el levantamiento de la prohibición de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano.

El dictamen llegó después de que el propio tribunal exigiera varias correcciones a las preguntas del referéndum, tras advertir que el Gobierno había intentado saltarse los filtros legales.

Con esta aprobación, el Consejo Nacional Electoral ya está en función de organizar una votación nacional prevista para el 16 de noviembre, que además de la Constituyente incluirá otras preguntas, como la posibilidad de instalar bases militares extranjeras en el territorio nacional.

El presidente apuesta a la consulta como herramienta para ampliar su capital político, mientras en las calles se exige la derogatoria del decreto que eliminó el subsidio, pero también “salud, educación y empleo digno”.

Si gana el “sí”, los ecuatorianos deberán elegir a 80 asambleístas constituyentes, y después volver a votar para aprobar o rechazar la nueva Constitución.

El proceso podría extenderse más de un año, tiempo en el que Noboa deberá jugar con su popularidad y con una sociedad en ebullición, donde muchos afirman que una nueva Carta Magna no resolverá automáticamente problemas como la inseguridad o la corrupción.

En todo caso, el jefe del Gobierno ecuatoriano insiste en que el país necesita reglas nuevas para combatir al crimen organizado y desmontar lo que denomina un “secuestro institucional”.

El futuro inmediato se juega en dos frentes: la resistencia en las calles y el pulso en las urnas.

Ecuador atraviesa días de incertidumbre, donde cada decisión puede marcar el rumbo de un país que no pierde de vista las demandas sociales.

arb/avr