Por Luis Beatón

Corresponsal jefe en El Salvador

El académico e investigador Oscar Picardo estima que el gobierno de Bukele es gastador, en ocasiones muestra sus proyectos con “muchas luces y mucho circo”, todo un despliegue de publicidad en obras que tal vez tengan un pequeño impacto, pero que son presentadas como grandes ejecuciones.

Los críticos lo atacan pero, ciertamente, hay un “esfuerzo” por mostrar al país que trabaja por el desarrollo aunque factores externos e internos ralentizan los planes para avanzar.

Una incursión en un tema medular por su impacto, las remesas, muestra algo de la realidad que enfrenta la economía salvadoreña y en especial sus fuentes de financiamiento.

Un reciente informe del banco estadounidense J.P. Morgan prevé una desaceleración de ayudas familiares a El Salvador en el segundo semestre de 2025, luego de un crecimiento inusual en el primer semestre del año.

Las remesas representaron un 25 por ciento del PIB en el primer trimestre de 2025.

La entidad bancaria señaló que las remesas familiares son un elemento vital en la dinámica económica de América Latina, especialmente en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, donde llegan a superar el 20 por ciento del producto interno bruto (PIB) y un 40 de las entradas totales de la cuenta corriente.

Si bien el impacto final es incierto, es evidente que las estrictas políticas migratorias norteamericanas -lo cual incluye cierres de fronteras y deportaciones, desaceleración del crecimiento económico estadounidense que conlleva un enfriamiento del mercado laboral, y disminución de la concentración anticipada de remesas- probablemente afecten negativamente las entradas de remesas, aseguró el J.P. Morgan.

Aunque se frenarán en el segundo semestre, la proyección indica un crecimiento de un 9.9 por ciento al término de 2025 con ingresos por nueve mil 300 millones de dólares, superior a lo que ingresó al país en 2024.

El tema de las ayudas es una “caja de sorpresa”, las proyecciones no son nada halagüeñas ya que los abruptos cambios en la política migratoria implementados por la segunda Administración Trump, pueden afectarlas en el futuro.

Más aun, según analistas, cuando hay planes de la Casa Blanca de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para 1.8 millones de personas, de ellos, cerca de 234 mil salvadoreños residentes en Estados Unidos.

Esto es algo preocupante, pues según economistas, las remesas son la principal fuente de financiamiento de la economía familiar en el llamado Pulgarcito de las Américas.

Otro aspecto destacado por expertos es el de la deuda pública del país, algo analizado en el sitio web https://izcanal.org, que hace una cirugía de los problemas que enfrenta El Salvador para que se cumplan sus planes de desarrollo.

La deuda pública topó niveles críticos que comprometen gravemente la capacidad del Estado para atender las necesidades básicas de su población, plantea la publicación.

Con 33 mil 130 millones de dólares registrados en abril de 2025, equivalentes al 89.2 por ciento del PIB, el país enfrenta una crisis fiscal cuyas dimensiones trascienden los números para convertirse en una amenaza directa al bienestar social y al futuro económico nacional, alerta el informe.

Aquí se ve con certeza la aseveración de Picardo cuando calificó el de Bukele como un gobierno gastador. Desde que asumió la presidencia en junio de 2019, la deuda pública tuvo un crecimiento sin precedentes de 13 mil 250 millones de dólares.

Los datos revelan que el 41 por ciento de toda la deuda pública nacional corresponde exclusivamente a la administración Bukele, evidenciando una estrategia fiscal expansiva que privilegia el gasto por encima de la sostenibilidad fiscal.

Valoraciones como la del economista Rafael Lemus identifican un “problema sistémico” en la gestión presupuestaria: la administración Bukele convirtió los presupuestos aprobados en «puntos de partida» en lugar de límites del gasto público.

En 2024, el presupuesto votado fue de nueve mil 068.7 millones de dólares pero terminó ejecutándose en 13 mil 141.20 millones, un alarmante incremento del 45 por ciento, o sea, el gobierno gasta más que lo aprobado.

En este escenario hay que destacar que el servicio de la deuda es una pesada carga y hace de sectores como la salud y la educación a sus principales víctimas.

Según izcanal.org, la carga del servicio de la deuda se convirtió en el principal drenaje de recursos públicos. Para 2025, el pago de intereses y amortizaciones alcanzará dos mil 784.66 millones de dólares, representando el 28.8 por ciento del presupuesto general.

Esta cifra supera los recursos asignados a Educación, mil 535.78 millones y Salud, mil 170.38 millones, combinados.

Lourdes Molina, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), afirmó que el problema trasciende el aspecto financiero: “al destinar una quinta parte de nuestro presupuesto al pago de la deuda, hay menos recursos disponibles para financiar políticas públicas en sectores como salud, educación, seguridad e infraestructura”.

Este panorama trata de ser enfrentado por el gobierno con la “ayuda” del Fondo Monetario Internacional (FMI) cuyas recetas de ajustes siempre podan el gasto social.

El acuerdo con el FMI por mil 400 millones de dólares condicionó la política fiscal salvadoreña a un ajuste de 3.5 por ciento del PIB durante tres años (2025-2027). Este programa, diseñado para “encaminar la deuda pública hacia una senda de firme descenso”, incluye medidas de contingencia tributaria si los ingresos resultan insuficientes.

Son “las medicinas amargas” anunciadas por Bukele al proponerse en junio de 2024 impulsar y rescatar la economía como prioridad de su gobierno.

Algunos se preguntan por qué se afecta a sectores sociales prioritarios como salud y educación mientras otros como defensa, presidencia y servicio de la deuda se llevan buenas partidas de aumento.

En estos apuntes sobre la economía local hay que exponer que El Salvador es el más endeudado de la región y marcha a la saga en la recepción de inversiones externas. Las proyecciones del Icefi no mejoran sustancialmente, estimando que el endeudamiento rondará el 73.3 por ciento del PIB.

Esta posición de vulnerabilidad se agrava por la pérdida de capacidad de inversión externa. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), El Salvador cerró 2022 con Inversión Extranjera Directa negativa de 131 millones de dólares, la primera vez desde 2010.

En resumen, estudios aprecian que la deuda pública de El Salvador evolucionó desde un desafío fiscal hasta convertirse en una crisis social multidimensional.

De acuerdo con izcanal.org, la evidencia corrobora que El Salvador enfrenta una encrucijada histórica: mantener el rumbo actual significará décadas de austeridad social, mientras que cualquier desviación del programa FMI podría desencadenar una crisis de liquidez con consecuencias aún más severas para la población.

Esta disyuntiva, subrayó, define el verdadero costo político y social de las decisiones fiscales tomadas durante los últimos seis años, durante la era Bukele.

arb/lb