Por Mario Hubert Garrido

Corresponsal jefe en Panamá

El más reciente mensaje a la nación desde la Asamblea Nacional (parlamento), donde rindió cuentas de su gestión tras cinco horas de demora para iniciar la votación por la directiva del Legislativo, estuvo antecedido por una reunión con la diputada Shirley Castañedas.

Ella era la candidata del partido Realizando Metas, que lo llevó al Gobierno, pero no obtuvo los votos necesarios y fue electo Jorge Herrera, del Panameñismo, al frente del Legislativo.

La derrota del oficialismo, ya con bajos niveles de aceptación, según encuestas, fue interpretada sin embargo como un reflejo de la “nueva forma de gobernar”, sin presiones ni compra de conciencias.

En su largo discurso el 1 de julio, Mulino admitió lo difícil que es sacar la politiquería del Estado, un terreno dominado por las negociaciones, donde una mano lava a la otra y “todo gira en torno a intereses monetarios”.

“Empezar a cambiar esta práctica no solo ha requerido determinación, sino aguantar las presiones de los que no quieren soltar el caramelo”, remarcó.

LEY 462

La gestión del jefe de Estado se ha visto empañada por las crecientes protestas populares contra la Ley 462, de la Caja de Seguro Social (CSS), un tema que se venía arrastrando de administración en administración por la crisis financiera de esa institución pública, carencia de medicamentos y los deficientes servicios de salud que prestaba a jubilados y pensionados.

Las manifestaciones elevaron su nivel cuando desde el 23 de abril, gremios docentes iniciaron una huelga indefinida también contra un acuerdo de entendimiento suscrito con Estados Unidos que permite el establecimiento de bases y mayor presencia militar, so pretexto de capacitación y operaciones conjuntas contra el narcotráfico, aunque Mulino lo niegue.

Sobre la norma de pensiones, sancionada en marzo último, el jefe de Estado reiteró en su mensaje que es una buena ley, fruto de meses de consultas, pero sin señalar las propuestas desatendidas de organizaciones sindicales e instituciones académicas como la Universidad de Panamá, o los criterios adversos de diputados como Walkiria Chandler y Jairo Salazar, que impulsarán en el nuevo periodo de sesiones la necesidad de su derogatoria.

“Creo en las libertades y las defiendo. Respeto y valoro las críticas cuando se hacen de manera constructiva, y muchas de ellas las tomo en cuenta en la gestión. Pero es importante distinguir entre el desacuerdo y las viles mentiras”, indicó el mandatario.

A su juicio, hubo líderes sindicales y políticos que pasaron a la acción con violencia. “Son tan temerarios que aprovecharon la difícil, pero inaplazable reforma de la Caja de Seguro Social, para intentar desestabilizar al gobierno con movilizaciones disfrazadas de reclamos sociales. Pero esta vez no funcionó”, opinó.

Para el presidente, era imperativo y absolutamente necesario hacer las reformas a la CSS. En ese sentido, reiteró que la Ley 462 es el resultado de un ejercicio democrático, pero antes dejó claro que se niega al diálogo y no tiene intenciones de derogar la ley, a pesar del rechazo popular.

En su alocución tampoco hizo mención a la exigencia de una respuesta por parte del Estado a decenas de denuncias de organismos internaciones sobre la violación de derechos humanos y el uso excesivo de la fuerza en las acciones de represión policial y criminalización de las protestas, así como arrestos y allanamientos arbitrarios.

El jefe de Estado se limitó a decir que las leyes se construyen con diálogo, pero se sostienen con responsabilidad.

Incluso sobre la decisión de suspender garantías constitucionales en la provincia de Bocas del Toro por 10 días -incluida la internet y los servicios de telefonía o el habeas corpus, algo ilegal- argumentó que su gabinete se apoyó en la Constitución Nacional.

“No fue arbitrario. Se hizo para aplacar acciones que no eran protestas cívicas, sino vandalismo, puro y duro. Ahora tenemos que buscar juntos una solución para recuperar la actividad económica de la provincia, pensando en construir un futuro y no en destruir el presente”, concluyó.

De acuerdo con el juicio de analistas, el discurso azuzó más las diferencias al decir que los maestros que participan en las manifestaciones han caído “en la trampa de las mentiras difundidas por algunos líderes sesgados ideológicamente”.

Al respecto, aseguró que la nueva ley no afecta sus derechos y desconoció que sus acciones fueran una huelga, calificando en cambio las protestas y negación de ir a las aulas como un secuestro a la educación.

SOBERANÍA NACIONAL

Sobre el memorando de entendimiento con Estados Unidos, Mulino repitió que Panamá “no ha cedido un milímetro de su soberanía”, declarando que el acuerdo lo que hace es reforzar la cooperación en temas de seguridad y lucha contra el narcotráfico.

Tampoco se refirió a la visita inusual de tres funcionarios de alto rango del presidente Donald Trump que amenazó con retomar el control del Canal, sin descartar el uso de la fuerza.

La estadía solo este año del secretario de Estado, Marco Rubio; del jefe del Pentágono, Pete Hegseth; y de la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, en ese orden, cumplieron con tal fin y fueron mucho más allá al demandar el paso libre y gratuito de las embarcaciones de guerra por la vía interoceánica, un tema obviado por Mulino en su comparecencia.

Para el mandatario, ese documento, “que ha sido objeto de interpretaciones malintencionadas, no viola nuestra soberanía bajo ningún concepto.

“Por el contrario, reafirma que todas las instalaciones de seguridad continúan siendo panameñas, que el control operativo corresponde exclusivamente al Ministerio de Seguridad Pública, y que cualquier colaboración extranjera será temporal y respetuosa de nuestra Constitución y nuestras leyes”.

Afirmó además que el acuerdo suscrito con Washington no contempla bases militares ni cesión territorial de ningún tipo, y puede ser cancelado por Panamá de forma unilateral con seis meses de notificación.

Se trata de uno más, de al menos 23 acuerdos de cooperación similares, que Panamá ha suscrito con los Estados Unidos desde 1990, practicada por todos los gobiernos en defensa del interés nacional, justificó.

Lo que sí va a pasar, dijo, “es que vamos fuertes contra el narcotráfico. Atacar este flagelo es defender a nuestra patria”. Además, aseveró que la Ley Orgánica del Canal, hoy con rango constitucional, tiene en la neutralidad su mejor defensa.

RESEVORIO DE AGUA DULCE

Si aún faltaba otro tema controversial, Mulino lo añadió al referirse a la construcción de un embalse en río Indio para favorecer las operaciones del Canal y un mayor abastecimiento de agua dulce a la población, pero rechazado por los pobladores de ese territorio que ven amenazadas sus comunidades originarias ante el posible desalojo.

Haciendo caso omiso a los altos porcentajes de rechazo en las consultas previas sobre esa obra, Mulino se limitó a decir que “el Canal necesita más agua, nosotros necesitamos más agua para beber. No podemos afectar nuestra gran ventaja competitiva y nuestra estratégica posición geográfica”.

Llegó a afirmar que “quien se opone a río Indio se opone al progreso, a tener más agua para la gente y a tener más recursos hídricos para el Canal”.

Mientras cientos de moradores de comunidades que serán afectadas por el embalse se han pronunciado contra el proyecto, el presidente confía en que la Autoridad del Canal de Panamá se encargará del impacto social.

PROMESAS INCUMPLIDAS

Diversos analistas recordaron que Mulino llegó a la presidencia de la República con la promesa de más chenchén (dinero en el bolsillo), es decir, de una revitalización de la economía local, compromiso que tras un año de gobierno no se ha podido cumplir

Sin embargo, aclaró que la recuperación lleva más tiempo que el imaginado debido al desorden y corrupción heredadas y en ese sentido hizo un llamado a la unidad a pesar de las diferencias.

“No importa si me adversan, si no simpatizan conmigo o si piensan distinto. Los necesitamos a todos porque los desafíos son enormes y debemos remar en la misma dirección para avanzar. Hagamos un Panamá donde la gestión supera a la política, donde la empatía supera los egos y el futuro supera cualquier diferencia”, sentenció.

Lo cierto, según estudios recientes de opinión, es que los panameños han perdido la confianza en esta administración, a la que le faltan aún cuatro años de mandato.

Según una pesquisa realizada en junio último por la encuestadora Prodigious Consulting, el 73,6 por ciento de la muestra afirma tener poca o ninguna confianza. En la medición hecha tras sus primeros 100 días, 26,4 por ciento confiaba en el actual jefe de Estado, ahora la cifra es de 7,8 por ciento.

El 81,5 por ciento de los encuestados considera que el actual gobierno no representa los intereses de la mayoría de los ciudadanos.

En julio de 2024, destalla la estadística, un panorama ampliamente optimista marcaba el sentir ciudadano: 66,6 por ciento se declaraba optimista o muy optimista, frente a apenas 2,7 por ciento que expresaba pesimismo.

Pero en junio de 2025 la situación da un giro radical: el 58,7 por ciento se declara pesimista o muy pesimista, y el optimismo cae en picada hasta el 15,8 por ciento.

Esta inversión en el ánimo colectivo refleja un quiebre profundo en las expectativas, y potencia la narrativa de desconexión entre promesas iniciales y realidades percibidas por la población.

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