Por Ivette Fernández

Corresponsal jefa en Colombia

Esa es la interpretación que sectores afines al Gobierno confirieron a una tutela emitida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, que ordenó dejar de televisar las reuniones ministeriales presididas por el gobernante en los canales privados, así como por otros medios regionales, locales y comunitarios.

El pasado 4 de febrero, el mandatario anunció que transmitiría en vivo los Consejos de Ministros para que la ciudadanía estuviera al tanto de lo que se discutía en esos encuentros y hasta la fecha solo se pusieron al aire seis de ellos.

Como parte de su fallo, el tribunal alegó que las transmisiones, bajo la figura de alocuciones, “suprimen la pluralidad informativa, porque fuerza a los televidentes a informarse de una única fuente, con una sola versión de los hechos”.

Tras el suceso, el mandatario calificó como una equivocación la decisión tomada por los magistrados y describió el fallo como un intento por censurar al jefe de Estado.

“No me consideran presidente simplemente porque pertenezco a la corriente mundial del progresismo humano, o porque mi poder solo proviene del voto popular y no de los clubes del dinero, y por eso, a través de fallos, quitan mis facultades constitucionales”, expresó.

También cuestionó por qué nunca fueron censurados los programas de su antecesor Iván Duque (2018-2022), cuando sus discursos eran diarios.

“La ley dice que el presidente tiene derecho a las alocuciones en cadena, ¿cómo van a quitarme ese derecho legal?”, inquirió. Estimó además que la democracia implica el debate público y que, con esa postura, los magistrados del Consejo de Estado cierran tal posibilidad en Colombia.

“Buscan la destrucción del gobierno progresista, de las reformas que votó el pueblo, es el lawfare (guerra jurídica), que ya no podrá detener la voz del pueblo”, afirmó.

Sostuvo que ahora le toca a la población desplazarse de los canales privados a los que calificó como la voz de la plutocracia, al pluralismo ofrecido por las plataformas públicas.

UNOS SÍ, OTROS NO

El presidente de Colombia alerta desde hace meses sobre la existencia de un sesgo político y mercantil que predomina en la política informativa de los grandes canales, cuyos discursos y agendas considera lesivas hacia su gestión.

Recientemente, un reporte del medio RTVC Noticias, del sistema de Medios Públicos, puso en evidencia cómo varía la imagen que alrededor de las figuras políticas ofrecen los canales de comunicación privados.

Así lo expuso mediante una intervención el concejal Julián Triana, del Partido Verde, realizada durante un debate de control político acerca de una posible favorable relación entre los medios de comunicación tradicionales y el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán.

Triana alegó que la percepción que tiene la ciudadanía acerca del funcionamiento de Bogotá no es la misma reflejada en los noticiarios. Consideró que esto puede deberse a que tres de los cinco conglomerados empresariales de comunicación fueron también los principales financiadores de la campaña de Galán.

Durante el debate, el concejal reveló que la campaña del alcalde Galán recibió mil 185 millones de pesos (unos 280 mil dólares al cambio actual) por parte de las compañías de comunicación de Ardila Lulle, Santo Domingo, Gilinsky y Prisa.

Aseveró que posterior a dos crisis de la Alcaldía durante septiembre de 2024, se realizó una inversión de 500 millones de pesos (más de 115 mil dólares) en los medios que hacen parte de los mentados grupos empresariales “para que hablen cosas buenas en materia de seguridad y recogida de basuras”. Asimismo denunció que mientras la impresión construida en los medios de comunicación sobre la seguridad de la capital es positiva, bajo el slogan de “Bogotá camina segura”, las cifras muestran que cada 14 horas sucede un caso de sicariato en la urbe y se reporta un incremento del 64 por ciento en el delito de extorsión.

El concejal aseguró que con su presentación se puso de relieve cómo con el alcalde actual los medios son mucho más benevolentes que cuando estuvieron los anteriores líderes regionales Claudia López o Gustavo Petro, hoy presidente.

“Galán es más cómodo para el establecimiento”, afirmó Triana a modo de conclusión.

RESPALDO A PETRO

Los Consejos de Ministros transmitidos hasta la fecha abordaron cuestiones vitales en torno al desarrollo económico y social del país.

La ciudadanía pudo conocer acerca de los detalles de un plan con vistas a eliminar al menos 25 mil hectáreas de los cultivos de coca mediante un programa de incentivos económicos para el campesinado en la región del Catatumbo (en el noreste), azotada hoy por una escalada de violencia.

Otras iniciativas se divulgaron, como la que persigue la reducción de las tarifas de la electricidad en los barrios más pobres de la región Caribe a través de la autogeneración y venta de energía por medio de la instalación de paneles solares y otras soluciones energéticas.

Se denunció además en uno de ellos que los oligopolios dedicados a la industria de los medicamentos en la nación, aprovechan su posición para elevar los precios de esos productos, de acuerdo con representantes del poder Ejecutivo.

En otra de esas reuniones fue revelado que, en el transcurso del pasado año, el Gobierno destinó el mayor presupuesto de su historia al sector educativo, el cual fue de casi 74 billones de pesos (más de 17 mil 500 millones de dólares al cambio actual).

Tras la decisión del Consejo de Estado de limitar el alcance de las reuniones ministeriales, organizaciones y líderes sindicales expresaron su respaldo al mandatario.

La Confederación General del Trabajo aseveró que censurar los Consejos de Ministros solo refleja el miedo de la oligarquía a que el pueblo se entere de lo que pasa.

Por su parte, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias, manifestó que la decisión del tribunal atenta contra el derecho a la veracidad. “Sólo quieren las informaciones de los medios de comunicación proempresariales y oligárquicos. No quieren la verdad ni la información directa del gobierno”, sostuvo.

El representante a la Cámara Heráclito Landínez refirió igualmente que la prohibición al presidente de hacer alocuciones por los medios pone los intereses comerciales por encima de los nacionales, menosprecia la soberanía de los ciudadanos que eligieron al presidente y desconoce las sentencias de la Corte Constitucional.

Mientras, el ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló que se impugnará el fallo al alegar que una tutela no puede ir en contra de la Ley 182 de 1995.

“Por una ciudadana que apague el televisor no se puede privar a millones de personas de que se enteren de las decisiones del Ejecutivo. Por la trascendencia de este fallo, pediremos que la impugnación se resuelva en la Sala Plena del Consejo de Estado”, informó.

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