Por Osvaldo Cardosa

Corresponsal jefe en Brasil

En esa fecha, la Fiscalía General acusó al líder de la derecha opositora de capitanear una organización criminal para imposibilitar la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo derrotó en las elecciones en 2022.

Juristas explican que en Brasil la ley castiga el conato golpista, incluso si la confabulación no ha tenido éxito.

Resulta infracción “intentar, con empleo de violencia o grave amenaza, abolir el Estado Democrático de Derecho” e “intentar deponer, por medio de violencia o grave amenaza, al Gobierno legítimamente constituido”.

Tal ley fue sancionada por el propio Bolsonaro en septiembre de 2021.

Figuran ahora en el acta de acusación de 272 páginas, que también involucra a otras 33 personas, los delitos de organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y golpe de Estado.

También los crímenes de daño calificado por la violencia y grave amenaza contra el patrimonio de la Unión, con considerable perjuicio para la víctima y deterioro de patrimonio declarado.

Según el fiscal general Paulo Gonet, que presentó la denuncia ante el Supremo Tribunal Federal (STF), el entonces gobernante (2019-2022) también sabía y estuvo de acuerdo con la conjura para matar a Lula, por envenenamiento, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al ministro Alexandre de Moraes, de la corte.

En el documento enviado al juzgado superior, la Fiscalía enumera los actos que fundamentan las acusaciones en cada uno de los delitos.

“Los miembros de la organización criminal estructuraron, en el ámbito del Palacio del Planalto (sede del Poder Ejecutivo), plan de ataque a las instituciones, con vistas al derrocamiento del sistema de funcionamiento de los Poderes y del orden democrático, que recibió el siniestro nombre de Daga Verde y Amarilla”, refiere la imputación.

Precisa que el proyecto violento fue elaborado y llevado a “conocimiento del presidente de la República, quien lo convino, en el momento en que se divulgó el informe en el que el Ministerio de Defensa se veía en la contingencia de reconocer la inexistencia de detección de fraude en las elecciones”.

Incluso, el plan “se desdoblaba en minuciosas actividades”, tenía al Supremo como blanco a ser neutralizado y proponía el asesinato de De Moraes y la intoxicación mortuoria de Lula.

EVIDENCIA VÁLIDA O ILEGAL

A todo lo anterior se une la delación premiada del exayudante de órdenes de Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid, quien proporcionó un testimonio fundamental en las acusaciones contra su exjefe por su presunta connivencia en el ensayo de golpe.

Con beneficios para las partes, el acuerdo entre el confidente y la Policía Federal es utilizado por la Fiscalía General para presentar denuncias formales ante el Supremo.

Sin embargo, algunos expertos legales cuestionan la legitimidad de esta revelación.

Argumentan que el alegato de Cid podría haber sido obtenido bajo coacción psicológica, lo cual pondría en entredicho su valor.

Señalan, además, que la prisión preventiva del exasesor, decretada en abril de 2023, carecía de fundamentos sólidos y se basaba en conjeturas sobre hechos pasados, sin presentar elementos contemporáneos que justificaran tal medida.

A pesar de estas controversias, el STF decidió levantar el secreto de la delación del oficial de alto rango, permitiendo que su contenido sea utilizado en los procedimientos legales en curso contra Bolsonaro y otros implicados.

La validez definitiva de esta evidencia será determinada en el transcurso de los procesos judiciales, en el cual se evaluará su legalidad y pertinencia como prueba.

Dada la naturaleza sensible del caso, podrían surgir presiones políticas que intenten influir en el curso del proceso judicial.

El timonel del Supremo, Luis Roberto Barroso, aclaró que el cargo contra Bolsonaro será analizado con seriedad y sin visión politizada.

“Si el fiscal general de la República viene a ofrecer denuncia contra cualquiera que sea, el Supremo la apreciará como debe apreciar todo en la vida, con seriedad examinando las pruebas. El proceso penal, sobre todo, es prueba”, certificó Barroso días antes de recibir el pliego acusatorio del Ministerio Público.

Aseguró que su “visión del derecho en general no es una visión politizada, es una visión fundada en la integridad, en lo que es correcto, justo y legítimo. Eso es lo que creo que el tribunal debe hacer”, remarcó.

Corresponde al STF y, específicamente al juez relator De Moraes, admitir la denuncia y dar inicio al pleito judicial.

Durante esta fase, se recopilarán y analizarán pruebas adicionales, se tomarán declaraciones y se realizarán audiencias para determinar la veracidad de las acusaciones.

Una vez concluida la instrucción, el Supremo realizará el juicio. Si el expresidente es declarado culpable, podría enfrentar penas de hasta 28 años de prisión y 30 de inhabilitación política.

FRAGMENTACIÓN DE LA DERECHA

Bajo este escenario, afloró una feroz disputa en la derecha brasileña por definir quién será el sucesor de Bolsonaro en las elecciones de 2026.

Sin el exmilitar en la batalla electiva, nuevos nombres emergen con ambiciones presidenciales, entre ellos, el cantante Gusttavo Lima, el empresario Pablo Marçal y el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas.

Inicialmente interesado en un puesto en el Senado, Lima sorprendió al anunciar su posible candidatura presidencial.

Ese movimiento tomó desprevenido a Bolsonaro y sus aliados, quienes consideran que sin el respaldo del excapitán del Ejército o Lula, el artista difícilmente tendría una campaña fuerte.

Analistas posicionan a Marçal, una figura ajena a la política tradicional que ganó notoriedad con discursos disruptivos, como un posible outsider (intruso) en la contienda.

Entre los tres, Tarcísio de Freitas se perfila como el nombre más fuerte dentro de la tendencia.

A diferencia de su primera incursión electoral en 2022, cuando dependía del apoyo de Bolsonaro, el político del Partido Republicanos ahora demuestra ser capaz de atraer votantes por sí mismo.

Su ascenso, desde un perfil técnico hasta convertirse en gobernador del estado más poblado de Brasil, lo ubica como una alternativa viable para liderar la derecha en 2026.

Definitivamente, la denuncia contra Bolsonaro podría profundizar divisiones dentro de los partidos conservadores, entre sus leales y aquellos que buscan distanciarse para preservar su capital político.

Con el exparacaidista enfrentando posibles sanciones e invalidaciones, surgirían nuevos líderes que intentarían llenar el vacío de poder y redefinir la agenda política del sector.

La ausencia de Bolsonaro como candidato podría alterar las dinámicas electivas, beneficiando potencialmente a otros partidos o coaliciones.

Un proceso judicial transparente y riguroso, y al final una sonada condena contra el político ultraderechista, podrían reforzar la confianza en las instituciones democráticas de Brasil, y demostrar que incluso las figuras más poderosas están sujetas al Estado de derecho.

arb/ocs