Por Danai Galleti Hernández
De la redacción de Europa
Los intentos por estabilizar la economía asumidos por el gobierno conservador, liderado por el ex primer ministro Rishi Sunak, registraron expresiones menores como algunos signos de recuperación, un ligero aumento en el crecimiento y la reducción del desempleo.
No obstante, el país europeo afrontó una inflación persistente y el alto costo de la vida, pese a medidas centradas en la inversión en infraestructura y la promoción de industrias, sobre todo, vinculadas con las tecnologías y las energías renovables.
Los comicios generales determinaron la victoria del laborista Keir Starmer y, de acuerdo con los expertos, los principales retos de su gobierno radicarían en el impulso de una economía en recesión, la revitalización del sistema sanitario y el restablecimiento de la confianza en el ejecutivo.
En octubre último, el Partido Laborista presentó su primer presupuesto en 14 años —el mayor de su tipo desde 1993— que contempló aumento de impuestos (en alrededor de 48 mil millones de euros) en la búsqueda de rescatar y estabilizar las finanzas.
El documento también recoge la congelación del impuesto sobre la renta, con el 2028 como fecha límite, el incremento del gravamen sobre las ganancias de capital, el congelamiento al tributo sobre el combustible el año venidero y la introducción del IVA en las tarifas de las escuelas privadas.
DISTURBIOS ANTINMIGRACIÓN
A mediados de año, los disturbios antiinmigración resultaron el primer desafío para el recién estrenado en el poder Keir Starmer como consecuencia de los cuales hubo caos, desorden, incendio de vehículos, así como ataques contra mezquitas y hoteles para solicitantes de asilo.
Los sucesos, a juicio de los expertos, reflejaron una creciente tensión social y política en el país, unido a un profundo descontento entre algunas comunidades —avivado por grupos de extrema derecha— lo que llevó a la adopción de medidas de emergencia.
Del 30 de julio al 7 de agosto, acontecieron alrededor de 29 manifestaciones y motines, en su mayoría violentos, contra la inmigración en 27 ciudades, las cuales derivaron, de acuerdo con el Consejo Nacional de Jefes de Policía, en el arresto de más de mil 200 personas.
Las raíces de esos eventos pueden encontrarse en una combinación de factores socioeconómicos y políticos, pues, el aumento de la inmigración, generó una percepción de competencia por recursos limitados, como empleo, vivienda y servicios públicos.
Pese a la crisis y demoras judiciales, el ejecutivo aceleró los procesos contra los responsables de la violencia callejera, y ya, el 8 de agosto, más de 200 aprehendidos tenían en sus manos una sentencia y, un mes más tarde, casi 600 detenidos habían pasado por los tribunales.
Los datos oficiales refieren que esa nación no registraba un desorden similar desde 2011, cuando cuatro mil personas fueron arrestadas, en el plazo de 30 días y cerca de dos mil procesadas durante dos meses.
El trágico catalizador de esa situación fue la acusación de Axel Muganwa Rudakubana, nacido en Cardiff (Gales) y de ascendencia ruandesa, del apuñalamiento de tres niñas, seguido por la difusión de información falsa en las redes sociales, sobre una supuesta solicitud de asilo del atacante.
De ahí que, entre los manifestantes —incentivados por múltiples influencers y teóricos de la conspiración— resultaran comunes frases como “salven a nuestros niños, paren las embarcaciones”, en alusión a la llegada de ciudadanos procedentes de otros países.
LONDRES ¿ANTE LOS TRIBUNALES?
La Comisión Europea llevó el pasado lunes 16 de diciembre a Reino Unido ante los tribunales por la no concesión a los ciudadanos de la UE de todos los derechos prometidos en el acuerdo de Brexit, suscrito en 2019.
De acuerdo con lo informado, al menos tres millones de ciudadanos de ese continente residían en Reino Unido al momento de su salida del bloque y, según la Comisión, Londres incumplió su promesa alusiva a la permanencia de esas personas en las mismas condiciones.
El órgano ejecutivo del mecanismo regional subrayó deficiencias en la aplicación del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, sobre todo en el derecho a los trabajadores a la circulación y residencia libremente en otros condados.
Durante las conversaciones sobre el Brexit, la UE expuso como una de las prioridades fundamentales a los residentes europeos en las islas británicas, sumado al pago de la factura presupuestaria a Bruselas y la salvaguarda de una frontera terrestre abierta con Irlanda.
El primer ministro, Keir Starmer, exjurista internacional y experto en derechos humanos, prometió el reajuste del acuerdo del Brexit, calificado por él de “chapucero”, ante, por ejemplo, los problemas con los músicos de gira y el comercio de productos.
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