Por Carmen Esquivel
Corresponsal jefa en Chile
Entre el 18 de octubre de 2019 y marzo de 2020, millones de personas salieron a las calles en todo el país para repudiar el actual modelo neoliberal y las desigualdades sociales, y fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad.
“Esto provocó una treintena de muertos, oficialmente casi tres mil heridos y alrededor de 400 personas, sobre todo jóvenes, con daño ocular producto de perdigones lanzados por la policía uniformada”, recordó el periodista Hugo Guzmán en entrevista concedida a Prensa Latina.
A ello hay que agregar los miles de pobladores, de mujeres, llevados a recintos carcelarios, donde fueron maltratados, e incluso hubo abuso sexual, según lo denunciaron organismos humanitarios tanto nacionales como internacionales.
Interrogado sobre si se ha hecho justicia, el también director del periódico El Siglo consideró que no se ha avanzado mucho, opinión con la que coinciden organizaciones sociales, académicos y especialistas.
“Ahora está el proceso de formalización de los jefes de Carabineros, donde los fiscales están demostrando por un lado que el alto mando permitió o incentivó las agresiones hacia los manifestantes o que no evitó las violaciones a los derechos humanos”, expresó.
La Fiscalía imputa a los exgenerales Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate por “el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidios”.
El séptimo juzgado de garantía de Santiago decretó arraigo nacional para los tres acusados, aunque desestimó la prisión preventiva bajo el alegato de que en su situación actual no representan un riesgo para entorpecer la investigación.
“Estamos a la espera del resultado de este proceso. No sabemos qué va a pasar”, señaló.
LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL
Con el paso de los años, algunos sectores intentan distorsionar la narrativa, ocultar las causas que dieron origen a las movilizaciones sociales y tratar de circunscribirlas solo a actos de carácter delictivo.
El estallido surgió por un conjunto de factores que presionaban al pueblo chileno, como la desigualdad social y económica, y los abusos por parte del gobierno de Sebastián Piñera, de las patronales y las empresas, recordó Guzmán. “Se había acumulado mucha molestia y mucha rabia y eso evidentemente gatilló en el mes de octubre”, dijo.
El analista reconoció que hubo situaciones de vandalismo, de quema de estaciones del metro, hechos que –aseguró- tienen que ver con segmentos del lumpen, de los llamados “intramarchas”, que se infiltraron en las manifestaciones.
Ahora bien, sintetizar el estallido como un acto de violencia, como lo están haciendo sectores conservadores y de derecha, es una caracterización muy acotada de solo un factor que estuvo presente en esos días.
Las manifestaciones se produjeron en las 16 regiones del país y en las 52 comunas de la Región Metropolitana y una marcha en Santiago reunió a más de un millón y medio de personas.
Además, dijo, hubo un paro nacional decretado por la Central Unitaria de Trabajadores, al cual se sumaron organizaciones sociales, participó el movimiento feminista y está comprobado que unas dos millones de personas participaron en cabildos populares y territoriales.
“Es decir, hay innumerables ejemplos que dan cuenta de que la revuelta social de 2019 fue una masiva y extendida movilización social y ciudadana”, declaró.
A partir de ahí surgió la necesidad de un proceso constituyente y se plantearon demandas como la reforma de pensiones, el acceso a la educación superior y la salud, y los derechos de las mujeres.
Los economistas, sociólogos, legisladores, dirigentes políticos, e incluso, funcionarios del actual gobierno sostienen que las respuestas a estas demandas no llegaron.
“Fracasaron los dos procesos constituyentes, está en veremos la reforma previsional, hay problemas en salud y educación, estamos viviendo en los últimos meses una crisis en el poder judicial, pero también en el sistema político, es decir, no hay ningún avance estructural y profundo”, afirmó.
En opinión de nuestro entrevistado, hoy nadie puede predecir que pueda reeditarse lo de 2019, pero sí hay condiciones objetivas para que se produzcan manifestaciones ciudadanas y protestas populares.
El director del periódico El Siglo se refirió también al papel de la prensa en la cobertura del estallido.
Durante las protestas y cinco años después los medios convencionales y hegemónicos, en manos del empresariado, ponen el acento en el caos, el desorden y la violencia, y hablan muy poco de lo que fueron las expresiones ciudadanas.
Es la contraparte, la prensa alternativa, social, popular, territorial, la que está rescatando la memoria de todas las expresiones del movimiento del 2019.
arb/car
