Por Juan Carlos Díaz Guerrero
Corresponsal jefe en Venezuela
El jefe de Estado reelecto alcanzó con el 80 por ciento de ese conteo el 51,20 por ciento de los votos de los asistentes a la urnas y su más cercano oponente, el representante de la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González, el 44,2 por ciento.
Apenas cuatro días después, y en medio de ataques cibernéticos sistemáticos contra el sistema informático del CNE, este ofreció un segundo parte en el que Maduro obtuvo el 51,59 por ciento, a la cuenta de seis millones 408 mil 844 electores que sufragaron por él.
Mientras, el apoderado de la PUD logró cinco millones 326 mil 102 votos para el 43,18, por ciento de las boletas.
Un simple cálculo muestra una diferencia numérica de un millón 82 mil 742 sufragios a favor del candidato oficialista, con el 96,87 por ciento de las actas contabilizadas.
Tanto el presidente como otras autoridades de los poderes públicos denunciaron en más de una ocasión que estos comicios -antecedidos de negociaciones y acuerdos con esa oposición extrema e incluido Estados Unidos- solo fueron para la derecha el pretexto para empujar de nuevo al país a la violencia.
El único que puede y debe emitir un resultado electoral aquí, “no son ni los medios de comunicación internacionales ni las agencias que se han dedicado a crear zozobra”, afirmó cinco días antes de los comicios el fiscal general de la República, Tarek Willian Saab.
Quien usurpe esa función estará cometiendo un delito y “tiene que estar sujeto a que sea procesado y detenido”, advirtió entonces.
No obstante a esas y otras declaraciones emitidas antes de las presidenciales del 28 de julio, la derecha fascista, sin mostrar pruebas convincentes, cantó fraude y el plan meticulosamente preparado con anticipación, entró en ejecución.
Maduro y el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, venían anunciado que esa oposición fascista no tenía como propósito el desarrollo de elecciones, sino desde un primer momento, subvertir el orden y llamar a la guarimba, tal y como sucedió después.
La líder del partido Vente Venezuela e inhabilitada política por 15 años María Corina Machado, que condujo la campaña electoral de González, con datos inexactos y dudosos por su naturaleza y fin, dijo tener las supuestas actas del Consejo Nacional Electoral, lo cual fue desmentido posteriormente.
Como denunció el mandatario reelecto se trataba de una película ya vista en los años 2002, 2004, 2014, 2017 y 2019, en que la oposición, sin prueba alguna, siempre cantó fraude, en un sistema electoral que está reconocido por expertos nacionales y extranjeros como uno de los más blindados del mundo.
La estrategia fue organizada de manera meticulosa por el gobierno de Estados Unidos y la derecha nacional e internacional, con la participación del magnate Elon Musk y del narcotráfico colombiano, como denunció Maduro, y su único objetivo fue provocar un golpe de Estado para sacar al gobernante del poder.
LA ARREMETIDA Y SUS CONSECUENCIAS
“Estamos enfrentando una arremetida mundial del imperialismo estadounidense, de Elon Musk -interesado en el petróleo y riquezas minerales de Venezuela-, de la derecha internacional extremista y del narcotráfico colombiano”, denunció el Presiente.
El 29 de julio en la tarde, Caracas y los 23 estados del país comenzaron a arder literalmente ante una ola de violencia criminal y fascista que arremetió contra zonas y barrios populares y todo lo que tuviera que ver con la Revolución y sus símbolos religiosos y patrios.
Como señaló el dignatario en rueda de prensa, “se trató de la típica imagen de las revoluciones de colores impulsadas por los gringos en varios lugares del mundo”.
El plan –como en las ocasiones anteriores- llevaba por objetivo apoderarse del país a través de la criminalidad, el caos, la violencia, la manipulación y la mentira, y para ello utilizaron a mercenarios pagados y la delincuencia nacional organizada, de los que más de dos mil fueron capturados hasta el momento.
Como dato curioso, el 80 por ciento de los aprehendidos –en su inmensa mayoría jóvenes y adolescentes- no votaron en las presidenciales por no estar inscritos en el Registro Electoral y estaban preparados para meter el zarpazo el domingo 28 de julio.
Asimismo la información aportada por la Fiscalía reveló que el 85 por ciento fueron migrantes que volvieron y recibieron adiestramiento en el exterior en naciones como Chile, Perú y Estados Unidos (Texas), y estos últimos retornaron en vuelos procedentes de ese país como parte del acuerdo migratorio alcanzado.
Pudo conocerse por las revelaciones de los detenidos, entre ellos más de 10 dirigentes opositores, que recibieron miles de dólares como forma de pago, cuyos montos variaban según la tarea, desde 20 hasta 150 dólares, incluida la entrega de golosinas para menores involucrados.
De acuerdo con la información ofrecida por Nicolás Maduro, estos llamados comanditos fueron organizados por el partido Vente Venezuela, mientras marchaban los preparativos de las elecciones presidenciales y Estados Unidos estaba al tanto de ello.
Pero además de estos grupos violentos organizados, contra Caracas se articuló un plan desestabilizador a través de las redes sociales, TikTok e Instagram fundamentalmente, y los grandes medios de comunicación, los cuales desdibujaron la realidad para convertirla en posverdad a través de la manipulación.
El uso de las nuevas tecnologías fue clave en el proceso desestabilizador al lanzar un brutal ataque cibernético contra el CNE y más de una veintena de empresas nacionales de telecomunicaciones, además de servir de soporte para la instalación de un portal web que contribuyera a amplificar la mentira.
“Hoy todas las redes sociales están complotadas contra Venezuela”, denunció el jefe de Estado.
Según las autoridades, el ataque cibernético al sistema informático impidió la trasmisión oportuna de los resultados electorales y fue el espaldarazo para sembrar duda, confusión y zozobra entre la población y en el mundo.
Como colofón del vandalismo y ataques terroristas durante 48 horas, resultaron destrozados 70 centros educativos, entre ellos 12 universidades, siete escuelas de educación inicial, 21 de educación primaria y 34 liceos, según balance ofrecido a los periodistas por el jefe de Estado.
En la salud 37 objetivos fueron quemados o destrozados: seis Centros de Diagnósticos Integral con médicos y enfermeras dentro, tres hospitales, un centro de alta tecnología de salud, 30 ambulatorios y una farmacia móvil.
Asimismo la emprendieron contra seis centros de almacenamiento de alimentos y supermercados, incluidos del Comité Local de Abastecimiento y Producción, una radio comunitaria, 11 estaciones del Metro de Caracas, un tren y 38 unidades de autobuses.
También derribaron 27 monumentos y estatuas de Simón Bolívar y Hugo Chávez, y asaltaron y quemaron 10 sedes del Partido Socialista Unido de Venezuela e igual número del CNE regionales y 250 módulos policiales. Entre las víctimas resultaron heridos un general de brigada, un teniente coronel, un primer teniente, 21 soldados profesionales, 120 funcionarios de la Policía Nacional y perdieron la vida dos efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y algunos transeúntes (cifra no divulgada), entre otras atrocidades y crueldades.
Maduro responsabilizó de todos los destrozos y de las muertes a Edmundo González y María Corina Machado, artífices y peones del imperialismo estadounidense en la trama golpista.
LA JUSTICIA PARA RESOLVER CONTENCIOSO
Como vía para dirimir la controversia creada y en apego a la institucionalidad del país, el presidente venezolano acudió a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para presentar un recurso de amparo con el objetivo de esclarecer la situación y detener los ataques contra el país.
Este recurso legal está contenido en la Carta Magna, en la Ley Orgánica de Procesos Electorales y Ley Orgánica del TSJ.
“Solicito se active un contencioso electoral y me pongo a disposición de ser convocado, interrogado e investigado en todas sus partes por dicha instancia como candidato presidencial ganador de las elecciones”, expresó el mandatario.
El propósito es confrontar todos los elementos de prueba y certificar mediante “un peritaje de altísimo nivel técnico, los resultados electorales de los comicios del 28 de julio”, refirió. Como jefe político y líder revolucionario, Maduro manifestó que el Gran Polo Patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela “están listos para presentar el 100 por ciento de las actas electorales que están en nuestras manos”.
En ese sentido, dijo esperar que la Sala Electoral del TSJ “haga lo mismo con cada candidato y cada partido” de los 38 participantes.
Horas después, el máximo órgano judicial emitió una primera sentencia en la cual decidió asumir el contencioso electoral y convocó a los 10 candidatos que lidiaron en los comicios para que comparecieran ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo.
El TSJ “admite, avoca e inicia el proceso de investigación y verificación para certificar de manera irrestricta los resultados del proceso electoral”, en procura del orden constitucional, garantizar la voluntad de los electores y que reciban “una efectiva y oportuna tutela judicial”, dijo su titular Caryslia Beatriz Rodríguez.
En un nuevo dictamen el órgano judicial instó a todos los involucrados acatar la sentencia que emane de la Sala Electoral de ese órgano, aunque en el ejercicio de oficio estuvo ausente el representante de la PUD, que según reveló Maduro, la decisión respondió a la petición de Machado.
Asimismo en las próximas horas, el CNE deberá acudir al Poder Judicial para presentar las actas de escrutinio de las mesas electorales a nivel nacional, la de totalización definitiva del proceso eleccionario y las de adjudicación y proclamación del mencionado proceso.
También solicitó al Poder Electoral las pruebas relacionadas al ataque cibernético denunciado contra su sistema informático que “impidió la oportuna transmisión de los resultados electorales” y “todos los elementos de prueba asociados a tal evento”.
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