Por Stella Calloni*
Colaboradora de Prensa Latina
Mientras, se conocen más datos sobre el plan elaborado en Washington, que iba a desatar extrema violencia utilizando mercenarios como sucedió en la madrugada del pasado 29 de julio, cuando produjeron daños millonarios incendiando incluso a sedes del organismo electoral.
Era más que previsible repitiendo un escenario criminal, el cual dejó en otros momentos muertos y heridos ante la feroz campaña mediática con una sincronización extraordinaria alentada, asesorada y financiada por Estados Unidos y sus más cercanos asociados.
Esto, como parte de un plan preparado, a sabiendas de que lo único que no podían ni pudieron hacer es intervenir el sistema electoral venezolano, reconocido como uno de los más seguros en todo el mundo y que dejó en herencia el expresidente y líder Hugo Chávez Frías.
El líder venezolano se adelantó a lo que está sucediendo ahora cuando el poder hegemónico necesita como nunca controlar colonialmente a su insubordinado “patrio trasero” y uno de los objetivos es socavar las elecciones, impidiendo el triunfo de gobiernos populares y tratando de destruir asimismo la unidad en diversidad de América Latina y el Caribe, que decidió en su momento que la región sea un territorio de paz.
Esta unidad de América Latina era un obstáculo para el plan geoestratégico de recolonización en la región que intenta hacernos regresar a 1823 con la doctrina Monroe, la de “América (del sur) para los americanos (del norte)” con que comenzó la expansión colonial imperial en el siglo XIX.
No ha pasado tanto tiempo como para que hayamos olvidado lo que somos, países dependientes que nos merecemos la independencia definitiva en este siglo, después del genocidio a que fuimos sometidos a lo largo del pasado, mediante las dictaduras impuestas por Estados Unidos para proteger sus intereses y dominarnos colonialmente.
La Constitución de la nueva República Bolivariana de Venezuela permitió un cambio profundo en ese país ya que permitía avanzar en soberanía, recuperar el derecho sobre sus recursos naturales, detener el saqueo y esencialmente recuperar y ampliar los derechos de una población mayoritariamente empobrecida e invisibilizada, que salió desde las oscuridades del olvido para convertirse en un pueblo empoderado.
Que Estados Unidos y sus satélites estén al frente de los sucesos violentos y reconozcan a la oposición como ganadora, sin ninguna razón, sin cifras, sin nada, no sorprende porque Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo y otros valiosos recursos y una posición territorial estratégica, pero además un gobierno insumiso a sus mandantes, que debiera orgullecer a los nuestros.
Que algunos gobiernos y políticos de nuestra región no sepan nada de lo que es el sistema electoral venezolano resulta muy grave y si no lo sabían es más peligroso porque fueron cooptados por la feroz campaña mediática, saliendo a pedir “las actas” y violando la autodeterminación de los pueblos.
El pasado 28 de julio a las 16 horas, sin terminar el proceso electoral, la opositora María Corina Machado intentó que los comicios se cerraran anticipadamente y salió a decir que la oposición había triunfado. En su empeño disparó una cifra inadmisible e inconcebible de un 70 por ciento a su favor, para demandar las actas y proclamar un fraude que nunca existió.
De acuerdo al sistema en un primer conteo, cuando los resultados aparecieron con cifras que son irreversibles, el Consejo Nacional Electoral dio a conocer el triunfador, y tiene entre 48 o 72 horas y hasta 30 días para dar los resultados definitivos, los cuales pueden ser auditados abiertamente.
Las actas se iban a mostrar en su momento como siempre se hizo y el plan fue adelantarse a dar resultados falsos exigiendo justamente “mostrar” las actas. En tanto, como lo informó el presidente Maduro, si se demoró en dar los primeros resultados fue porque hackearon el sistema varias veces hasta que los técnicos lograron ubicar desde donde llegaba el ataque. Esto está bajo investigación del Tribunal Supremo de Justicia.
Lo que no podemos ni debemos olvidar es la posición tomada por partidos o sectores políticos que fueron muchas veces ayudados por la generosidad y solidaridad de los gobiernos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Son los mismos que hubiéramos querido ver salir al ruedo a reclamar por el genocidio contra el pueblo palestino, que Israel continúa agravando día por día.
Nunca habíamos asistido a un genocidio televisado día por día, donde podemos ver la crueldad que significa bombardear escuelas, hospitales, edificios habitados por miles que quedaron bajo los escombros, también refugios de Naciones Unidas, destrucción de ambulancias e impedimentos para llegar la ayuda humanitaria, en forma urgente.
Escuchar que el Congreso israelí justifica la tortura a los prisioneros palestinos, entre los que hay niños, mujeres y ancianos, es una afrenta a las víctimas del holocausto.
Lo sorprendente es lo que está sucediendo en Argentina, cuyo retroceso nos lleva hacia el siglo XIX y estamos bajo una dictadura encubierta que cada día da un paso más, como ahora, cuando el gobierno de Javier Milei envía un proyecto al Congreso para que las Fuerzas Armadas participen en seguridad interior, cuando su papel es cuidar la soberanía cada vez más lejana de nuestra patria.
Milei está entregando la patria y todos sabemos quiénes son los verdaderos gobernantes detrás del trono, quienes siembran pobreza, indigencia, desempleo, dolor e injusticia, y que son responsables de la represión, las amenazas la persecución política que aumentará con el plan del Ministerio de Seguridad Nacional, el cual dispone un “patrullaje cibernético”, una autorización para espiar a todos los ciudadanos, intervenir sus teléfonos, computadoras, como sólo puede ocurrir en dictadura. También permite los allanamientos por sospechas.
Pasamos todos a ser sospechosos “enemigos internos”, y nadie dice nada sobre la guerra que nos están imponiendo, contrainsurgente de baja intensidad, híbrida como quieran llamarla, lo que termina en persecución política, en represión ilegal. Una guerra por distintos medios con el mismo objetivo criminal.
En medio de la tragedia que está viviendo el pueblo argentino, sucedió lo imprevisible. El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria (peronismo) dio a conocer un comunicado sosteniendo que es “imprescindible” que el régimen (así lo dicen) de Nicolás Maduro publique las actas de las elecciones en Venezuela instando a las Fuerzas de Seguridad a “actuar de acuerdo a los estándares del derecho internacional”.
Es buenos recordarles lo que sucedió cuando ganó el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, en diciembre de 2022, cuando los violentos ultraderechistas del candidato a la reelección Jair Bolsonaro comenzaron un violento ataque al Congreso, a la casa presidencial, a edificios gubernamentales para provocar un golpe de Estado. Si no actuaban las fuerzas de seguridad, se hubiera incendiado ese país.
La pregunta es: ¿por qué el gobierno de Venezuela debe cruzarse de brazos cuando están incendiando el país, a sabiendas que ya había descubierto el plan de producir un enorme apagón en varias zonas del país, para impedir las elecciones?
También es necesario recordar que Venezuela es víctima de un bloqueo feroz desde hace una década, y se encuentra bajo una implacable guerra económica.
Por todas estas razones es incomprensible que el bloque de diputados peronistas reclamara “la reconstrucción del diálogo político y la plena vigencia del Estado de derecho”, lo que en realidad debían reclamarle al gobierno ultraderechista de Milei.
Si bien el peronismo no reconoció que hubo fraude en los recientes comicios del 28 de julio, los diputados afirmaron que el presidente Maduro “es el responsable de garantizar que el escrutinio sea transparente”, y de la exhibición de las actas ante veedores de las fuerzas políticas nacionales e internacionales, como paso indispensable para disipar cualquier cuestionamiento sobre el resultado de la elección”, algo que nunca se negó a hacer el mandatario y está previsto en el sistema electoral venezolano.
Al parecer no se enteraron de los contundentes informes de los veedores, entre ellos, el Partido de los Trabajadores de Brasil, y los argentinos, chilenos y de otros países que comprobaron la corrección del Consejo Electoral y la ejecución del sistema electoral venezolano, como ya dijimos, uno de los más seguros del mundo.
El único medio televisivo que tiene noticias verdaderas sobre lo que estamos viviendo aquí se ha prestado para silenciar la voz del gobierno de Nicolás Maduro, y curiosamente quedaron pegados a lo actuado por el ultraderechista Milei con respecto a Venezuela, “alineado” con Estados Unidos e Israel. Nunca estuvo en peligro la embajada argentina, ni los seis asilados, todos ellos parte del golpismo en Venezuela.
Y si hubo algún peligro en embajadas fue lo sucedido aquí en Buenos Aires, cuando la sede diplomática de Venezuela fue rodeada por un centenar de venezolanos residentes aquí, a cuya cabeza estaba nada menos que la ministra de Seguridad Patricia Bulrich y otros funcionarios con la decisión confirmada por la funcionaria de ingresar al lugar cuando se anunciara el triunfo opositor.
¿Con qué derecho se puede reclamar cuando ni siquiera se ha cerrado el escrutinio y además sin conocer siquiera el sistema electoral venezolano? ¿Era necesario semejante comunicado, como el que envió también el partido Renovador, contra un país y un gobierno hermano? Es necesaria una reflexión y una disculpa ante esta intervención indebida.
arb/sc
*Prestigiosa escritora, periodista y analista internacional argentina. Premio Latinoamericano de Periodismo ‘José Martí’ (1986).
