“’Disfrutamos la llegada a la súper ronda y fuimos nuevamente felices cuando nuestro pueblo celebró el acceso a una peleada discusión de bronce que debió saber a hiel a quienes hicieron hasta lo indecible para desmoralizarnos”, expresó la Federación (FCB) insular de este deporte en una declaración pública.
Como resultado de esas provocaciones, desertaron 12 de los 24 integrantes del equipo que participó en la Copa Mundial para menores de 23 años.
La FCB describió que la agresividad de los traficantes de seres humanos contaminó los escenarios de competencia, y denunció que esta violación de las leyes internacionales tiene sustento directo en la anulación de la implementación del acuerdo firmado con las Grandes Ligas de Béisbol (MLB).
Sobre el particular, el organismo rector de este deporte recientemente declarado Patrimonio Cultural de la Nación enfatizó en que la desactivación de tal convenio veta la inserción segura y ordenada de los atletas cubanos en ese circuito, además de atentar contra el bienestar y la tranquilidad de la familia de la mayor de las Antillas.
“Denunciamos la mezquindad con que la administración de Donald Trump inhabilitó el acuerdo, empeñada en estimular capítulos como los vividos ahora por nuestra delegación, para presentarlos como parte de su campaña de desprestigio contra Cuba”, reafirmó el escrito.
En las actuales circunstancias, la determinación del Gobierno estadounidense condiciona que la aspiración de los peloteros cubanos de probarse en las Grandes Ligas pase por un trato humillante y discriminatorio que implica renunciar a su nacionalidad y correr riesgos para sus vidas.
Rubricado el 19 de diciembre de 2018 y roto por el mandato de Trump el 8 de abril de 2019, las cláusulas del entendimiento entre la FCB y la MLB abrían puertas para acabar con el robo de talentos isleños y con su ingreso ilícito a territorio norteamericano.
Según lo pactado, la parte cubana liberaría a todos sus jugadores con al menos 25 años de edad y seis o más de experiencia en la Serie Nacional para que fueran fichados por clubes de la denominada Gran Carpa.
Sin embargo, a la par de financiar una campaña mediática que pretende sustituir el concepto de desarrollo del deporte nacional de los cubanos por la matriz de “supervivencia”, la Casa Blanca incluyó esta represalia en las 243 medidas impuestas por Trump y mantenidas hasta el presente por el actual mandatario, Joseph Biden.
ESCÁNDALO Y PROTESTAS
Luego de las protestas de jugadores latinos por el trato privilegiado que en el país del Norte se daba a los cubanos y a sus ilícitos patrocinadores, y hasta de un escandaloso juicio que concluyó en mayo de 2017 con sanciones de cárcel y decomisos, el propio comisionado de la MLB, Rob Manfred, reconoció la utilidad de un entendimiento con la FCB.
“Durante años, la MLB ha estado tratando de poner fin a la trata de jugadores de béisbol de Cuba por parte de organizaciones criminales, creando una alternativa segura y legal para que firmen con los clubes de Grandes Ligas”, aseguró tras cerrar el acuerdo.
En el proceso judicial, en tanto, fueron condenados a 46 meses de cárcel por un juez de Miami el agente deportivo Bartolo Hernández y el preparador físico Julio Estrada como culpables de contrabandear peloteros de la ínsula hacia Estados Unidos.
La cadena CNN informó que en las vistas en las que declararon varios atletas traficados, salió a la luz una operación que incluía salidas ilegales de la isla en lanchas rápidas hacia Haití o México, país que en la última década devino puente para el lucrativo negocio de los fichajes de peloteros de élite.
Allí firmaban documentos declarándose residentes en su nuevo país y al final recibían el visto bueno para concertar acuerdos con clubes de la Gran Carpa.
La Fiscalía demostró que los contrabandistas hicieron pagos al cartel de narcotráfico de Los Zetas, reveló papeles con información falsa, utilizados con el objetivo de que los jugadores se radicaran en territorio mexicano y haitiano, requisitos para poder ser declarados agentes libres.
Al margen de la condena carcelaria, a Hernández y a Estrada les fueron confiscados casi 16 millones de dólares, bienes raíces, cuatro vehículos Mercedes-Benz y jugosas cuentas bancarias.
mem/jpm
(*) Editor de Cuba Internacional.
(Tomado de Cuba Internacional nO. 478).
