Por Juan Carlos Díaz Guerrero

Corresponsal jefe en Venezuela

Anunciada apenas unos días después del ataque al país por Estados Unidos y el secuestro del mandatario constitucional Nicolás Maduro y la primera combatiente, diputada Cilia Flores, el 3 de enero, la iniciativa busca garantizar transparencia y eliminar los vicios de los cuales ha estado plagado durante décadas.

Las propias autoridades reconocen que el funcionamiento del sistema judicial está lleno de irregularidades como la corrupción y la discriminación hacia los sectores más vulnerables; según los datos oficiales, el 68 por ciento de las personas privadas de libertad provienen de los estratos económicos menos favorecidos.

Para el presidente de la Asamblea Nacional (parlamento), Jorge Rodríguez, se trata de establecer una administración de justicia “más coherente y eficiente”, que responda a las necesidades de la nación.

El proceso de cambios de la justicia venezolana lo acompaña todo un andamiaje de transformaciones con la aprobación de nuevas disposiciones jurídicas como la Ley de Jueces de Paz que nace de la comunidad, la Ley de Amnistía por la Convivencia Democrática y la Paz, y la Reforma Parcial a la Ley Orgánica del TSJ.

Pero implicó, además, la creación de estructuras como la Comisión Especial de Seguimiento a la Ley de Amnistía, y el Programa por la Paz y la Convivencia Democrática, que han servido de puente para el diálogo y el entendimiento con todos los sectores de la vida social y política del país.

En forma paralela ha estado trabajando también la Comisión para la Revolución Judicial, presidida por el vicepresidente sectorial de Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, que entre sus misiones supervisa de conjunto lo relacionado con el accionar de los cuerpos policiales y la justicia penitenciaria.

Durante los primeros meses del comienzo de esta nueva etapa que vive el país, se alcanzaron resultados cuantitativos satisfactorios en opinión de las autoridades, que redundaron en la excarcelación de miles de privados de libertad, incluidos en su mayoría quienes cumplían medidas cautelares.

A todas estas acciones se suma también, a partir del 1 de junio, el inicio de la Gran Consulta Nacional por la Reforma de la Justicia Penal, convocada por la jefa de Estado y a la que están llamados a sumarse todos los sectores de la vida nacional.

Esta consulta pública e institucional buscará transformar en forma profunda el sistema para “edificar un modelo de justicia penal plenamente acorde con la Constitución”, así como definir sus líneas centrales que el país requiere, vinculado al retardo procesal y corrupción judicial, anunció la mandataria.

También, la atención de delitos vinculados a hechos como el golpe de Estado de 2002, el sabotaje petrolero y episodios de violencia registrados en 2004, 2006, 2014, 2017 y 2024.

Todo este procedimiento en marcha lo acompaña también la estrategia de profundizar el diálogo y el entendimiento entre venezolanos, sin importar ideología, doctrina religiosa, filiación política ni estatus social, solo basta con querer el bien para la República, en medio de un panorama complejo luego del 3 de enero último.

Un factor aglutinador ha sido la Gran Peregrinación por una Venezuela sin Sanciones y en Paz, que en abril pasado recorrió todos los estados y ahora avanza, en una segunda etapa, por pueblos y comunidades en contacto directo de la máxima dirección política del país con sectores productivos.

PARLAMENTO Y LA TRANSFORMACIÓN DEL TSJ

Cumpliendo sus obligaciones constitucionales, la Asamblea Nacional ha sido clave para avanzar con celeridad en el complejo proceso con la aprobación de nuevas leyes o modificación de otras a fin de adecuarlas a la actual coyuntura.

Más allá de algunas posiciones encontradas en el parlamento unicameral, integrado por la Bancada de la Patria (oficialismo) y de la llamada oposición democrática, fragmentada en pequeños grupos, ha prevalecido el interés de avanzar mayoritariamente o de manera unánime por el bien común de la nación.

Un ejemplo se manifiesta en la Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en la que el Poder Legislativo, en dos sesiones ordinarias de trabajo, acordó en pleno modificar su artículo ocho para incrementar en 12 los cargos en el máximo órgano judicial y pasar de 20 a 32 magistrados.

Del total de funcionarios, siete dirigirán la importante y estratégica Sala Constitucional (antes eran cinco) y cinco (antes eran tres) comandarán la Político Administrativa, Electoral, Casación Civil, Casación Penal y Casación Social.

La aprobación de esta Reforma Parcial de la Ley Orgánica incluyó también modificar su artículo 80, el cual definió que las Inspectorías de Tribunales, General de la Defensa Pública y la Escuela Nacional de la Magistratura “son órganos dependientes jerárquica, organizativa y funcionalmente de la Sala Plena” del TSJ.

Este último establece que ante la “falta absoluta” en la dirección de los órganos auxiliares, el parlamento designará un nuevo período -según procedimiento de la Ley en tanto se realiza la designación- que será asistido temporalmente por los suplentes correspondientes de cada órgano auxiliar.

Al presentar los motivos de los cambios de la normativa en el hemiciclo parlamentario, su titular subrayó que las modificaciones favorecerán la celeridad judicial en el máximo tribunal, prevendrá el retardo de las decisiones y permitirá conformar un “ente más plural desde el punto de vista de su desempeño orgánico”.

No se trata de cambios cosméticos en algunos elementos del sistema de justicia, sino ir “en profundidad” para que las personas corrientes, el pueblo, la gente de la calle, de los barrios, pueblos y ciudades, sientan “cada vez más cerca la administración de justicia en Venezuela”, enfatizó.

Rodríguez expresó que la criminalización de la pobreza “no es concebible en un sistema político y de democracia” como la de Venezuela, donde ser pobre o de bajos recursos sea un delito o genere más perjuicio a las personas sometidas a alguna situación de justicia.

Un legislador, representante de la fracción opositora Vamos Venezuela, celebró la reforma y manifestó, en nombre de su grupo, tener “profunda fe y esperanza” en que verdaderamente “se está dando un cambio en el Estado de derecho y el sistema de justicia” nacional.

La Ley Orgánica del TSJ fue firmada, promulgada por la dignataria encargada, y horas después publicada en la Gaceta Oficial, con lo cual adquirió su valor legal para su entrada en vigor.

A esta normativa le acompañó, en forma paralela, la creación de una comisión preliminar de diputados que se encargó a su vez de elegir al Comité de Postulaciones Judiciales, integrado por 10 personas de la sociedad civil y los 11 legisladores de la comisión.

Ese Comité de Postulaciones, elegido y juramentado por la Asamblea Nacional, seleccionará a 20 personas para cubrir las plazas vacantes existentes hoy en el TSJ, ocho magistrados que presentaron su jubilación y otros 12 necesarios después del incremento de su número por la Reforma Parcial a la Ley Orgánica.

Hasta el 6 de junio se prolongará el periodo para la selección de los candidatos a esos cargos, según el presidente del Comité de Postulaciones, Giuseppe Alessandrello.

En tanto, poco más de mes y medio durará el tiempo estimado en el cual seleccionarán, evaluarán y serán escogidos por el paramento los 20 candidatos a cargos en el TSJ, así como a la Inspectoría General de Tribunales y la Escuela Nacional de la Magistratura.

LEY DE AMNISTÍA PARA LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA

En un balance para medir la eficacia de la Ley de Amnistía, autoridades de Gobierno y la Asamblea Nacional evaluaron sus resultados al cumplirse 63 días de su entrada en vigor el 19 de febrero de 2026.

Al presentar su propuesta el 30 de enero pasado, la dignataria encargada puntualizó que esta debe ser una ley que “sirva para reparar las heridas” dejadas por la confrontación política desde la violencia y el extremismo, así como “reencausar la justicia y convivencia” entre los venezolanos.

Delcy Rodríguez declaró que quedarán exceptuados de esta Ley aquellos procesados por homicidio, tráfico de drogas, corrupción y violaciones graves a los Derechos Humanos.

Pese a campañas políticas e inconformidad de sectores opositores y cuestionamientos de afines al oficialismo, los datos revelados recientemente indicaron que desde la entrada en vigor casi nueve mil personas recibieron el beneficio, entre más de 12 mil solicitudes presentadas.

Del total de ocho mil 740 personas favorecidas en 63 días, 324 guardaban prisión y el resto se encontraban sometidos a medidas cautelares judiciales.

Previo al inicio de la amnistía y paralelo después a este proceso, se logró la excarcelación adicional de 885 ciudadanos y otras 395 liberaciones mediante mecanismos alternos de la Comisión de la Revolución Judicial, el Programa de Convivencia Democrática y Paz, y consultas con universidades y Organizaciones No Gubernamentales, reveló la presidenta en funciones. Asimismo, anunció la puesta en libertad “en las próximas horas de 500 excarcelados”, para un total de mil 594 perdones en el transcurso del presente año.

“Yo pido que esas excarcelaciones se asuman con madurez, que se hagan con respeto y se enfoquen desde un punto de vista constructivo”, advirtió la mandataria, si se tiene en cuenta que muchas de esas personas fueron protagonistas de las guarimbas generadoras de violencia tiempo atrás.

Cabello informó en el balance de la Ley de Amnistía, que en lo que va de año tres mil 630 personas fueron liberadas de la justicia ordinaria por “cumplimiento de pena, por redenciones y por temas de retardo procesal”, que calificó de gran avance y cuya cifra superó la totalidad de los casos atendidos durante 2025.

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