Por Karina Marrón González

Corresponsal jefa en Angola

Si a mediados de diciembre de 2024 todo falló cuando parecía que se concretaría el pacto con Ruanda, a través de la mediación de Angola, el momento actual no es muy diferente.

El Proceso de Luanda, a pesar de meses de conversaciones a nivel de expertos y cancilleres, fracasó cuando sólo faltaban las rúbricas de los presidentes, pues Kigali condicionó ese paso a las conversaciones entre el Gobierno de RDC y los rebeldes de la Alianza del Río Congo-Movimiento 23 de Marzo (AFC/M23).

Un año después, finalmente los mandatarios congoleño, Félix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, estamparon sus firmas en un acuerdo auspiciado por Estados Unidos; también están en curso los diálogos entre Kinshasa y la AFC/M23, sin embargo, en el este congoleño continúan los enfrentamientos.

UNA OCUPACIÓN QUE SE EXPANDE

Enero de 2025 marcó un punto decisivo en el nuevo capítulo del conflicto en la RDC, pues los insurgentes de la AFC/M23, apoyados por Ruanda, comenzaron a ocupar ciudades importantes del país.

Tras la caída de Goma, capital de la provincia de Kivu Norte, a finales del primer mes del año, se sucedieron otras entre las que estuvo Bukavu, cabecera de la provincia de Kivu Sur.

Importantes polos mineros como Rubaya quedaron bajo control de los rebeldes, quienes comenzaron a administrar los territorios y a establecer autoridades de gobierno y judiciales, abriendo una herida en el corazón del Estado congoleño, que vio ejecutarse sus temores de una fragmentación.

La AFC/M23 asegura que están liberando al pueblo congoleño, mientras que el Gobierno acusa a los insurgentes de servir a los intereses de Ruanda y cometer crímenes de toda índole.

Sólo la ocupación de Goma ocasionó la muerte de alrededor de tres mil personas y otras tres mil resultaron heridas, pues según Kinshasa fueron bombardeados campamentos de desplazados, hubo ataques contra civiles y zonas de refugio fueron transformadas en objetivos militares.

El más reciente informe del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre la RDC asegura que la AFC/M23, respaldada por Kigali, tiene el objetivo de lograr la autonomía en las zonas que controla, lo cual se refleja en la estrategia de atrincheramiento y el establecimiento de un gobierno paralelo.

“Desde abril de 2025, la AFC/M23 ha intensificado sus esfuerzos para consolidar su control militar mediante un mayor reclutamiento, un mejor entrenamiento militar, redespliegues coordinados de tropas y operaciones en Kivu Norte y Kivu Sur”, precisó el reporte.

En julio, el secretario permanente del movimiento, Benjamin Mbonimpa, declaró que se proponían el federalismo como forma de gobernanza, mientras que figuras centrales han afirmado que no se detendrán hasta llegar a la capital del país y derrocar al Gobierno de Tshisekedi.

La ofensiva de enero y febrero generó una fuerte condena internacional, que se consolidó en la aprobación de la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la cual condenó las acciones de Ruanda y la AFC/M23 y demandó el cese las hostilidades, así como la retirada de las zonas ocupadas. No fue hasta marzo, sin embargo, que hubo un rayo de esperanza, cuando de la mano del Gobierno de Qatar se retomaron los diálogos entre Kinshasa y Kigali, y también se inició un nuevo capítulo con las conversaciones entre rebeldes y representantes gubernamentales.

EL CAMINO DE LOS ACUERDOS

Tras fracasar también en propiciar el intercambio entre los insurgentes y la RDC, y bajo la sombrilla de la presidencia rotatoria de la Unión Africana, Angola se retiró de la mediación en el conflicto y un nuevo actor entró en escena: Estados Unidos.

La tentación de los minerales congoleños involucró a Washington en el asunto, aunque sus representantes aludan a intereses altruistas. Kinshasa, por su parte, acudió a buscar un socio fuerte, uno a quien Kigali no pudiera dejar plantado como hizo en Luanda.

El resultado fue la firma de un “acuerdo estratégico sin precedentes” con Estados Unidos en el sector minero, según palabras del presidente Tshisekedi, quien aseguró que los recursos nacionales “jamás serán vendidos ni entregados a intereses ocultos”, sino que beneficiarán al pueblo congoleño.

En tanto, el 27 de junio se firmaba en la capital estadounidense, por los cancilleres de Ruanda y la RDC, un acuerdo de paz, el cual establecía además la rúbrica de un Marco de Integración Económica Regional, considerado esencial para la estabilidad en la Región de los Grandes Lagos.

Este último fue uno de los asuntos más criticados de la propuesta, pues voces congoleñas valoraron que el Gobierno negoció la paz a costa de la entrega de sus recursos naturales, no solo al país vecino considerado invasor y enemigo, sino también a Estados Unidos.

El marco de integración refiere que, mediante la coordinación conjunta en áreas como energía, infraestructura, minería, gestión de parques nacionales, turismo y salud pública, la RDC y Ruanda promuevan el progreso económico y mejoren la vida de las comunidades locales, pero nada de esto sería posible si antes no se detienen las hostilidades.

Pese a las críticas y las dilaciones de Kinshasa en la búsqueda de presionar para la retirada de las tropas ruandesas, a principios de noviembre se firmó el convenio marco, dejando el camino listo para que los presidentes de ambos países acudieran a Washington con vistas a la ratificación de todo lo convenido.

El 4 de diciembre, el mandatario estadounidense Donald Trump posó orgulloso para las cámaras junto a sus homólogos de Ruanda y RDC, en presencia de otros líderes africanos.

Mientras eso ocurría, la AFC/M23 impulsaba una ofensiva que terminó con la adjudicación de la ciudad de Uvira, capital provisional de Kivu Sur, y el riesgo de una escalada del conflicto al involucrar a Burundi, que recibió incluso bombardeos desde territorio de Ruanda.

Los rebeldes -cuyo diálogo con el Gobierno congoleño llevó a la rúbrica en julio de una Declaración de Principios, en octubre al establecimiento de un mecanismo de monitoreo y verificación del alto el fuego que incluyó la identificación y liberación de detenidos, y en noviembre a la firma del Marco de Doha para el Acuerdo de Paz-, intensificaron las acciones.

Acusaron a Kinshasa de bombardear poblaciones civiles y de realizar una limpieza étnica, por lo que extendieron su control un poco más y, aunque frente a la presión internacional anunciaron una retirada unilateral de Uvira, diversas fuentes señalan que se trata de un repliegue táctico.

Analistas incluso consideran que los rebeldes se están abriendo camino hacia la región del Gran Katanga, considerada el corazón económico del país.

ESCENARIO INTERNO

Las verdaderas víctimas, en todo el proceso, son las poblaciones civiles. Más de siete millones de congoleños abandonaron sus hogares debido a la violencia, alrededor de 500 mil sólo en Kivu Sur desde el 1 de diciembre, según Unicef.

El Programa Mundial de Alimentos señaló que 26,6 millones de congoleños enfrentarán inseguridad alimentaria aguda para enero de 2026, mientras que el país vive el peor brote de cólera de los últimos 25 años y también debió asumir la contención de otras epidemias, como el ébola.

En ese escenario, el Gobierno ha dedicado grandes esfuerzos a buscar la condena de Kigali en los foros, organizaciones y cortes internacionales, al tiempo que, según el más reciente reporte del Grupo de Expertos de la ONU, paga mensualmente unos 300 mil dólares a las milicias denominadas Wazalendo.

Igualmente, mantiene vínculos con las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), a las cuales se comprometió a neutralizar como parte del acuerdo firmado con Kigali.

El reporte refiere, asimismo, que Ruanda tiene en territorio de RDC unos siete mil soldados en apoyo a la AFC/M23, y además proporcionó tecnologías y equipos militares avanzados, incluyendo sistemas de interferencia y suplantación de identidad.

El conflicto es también aprovechado por diversos actores políticos, como mostró el surgimiento de una nueva plataforma denominada Movimiento para Salvar la RDC, encabezada por el expresidente congoleño Joseph Kabila.

Integrada por diversos partidos y figuras de oposición que hasta el momento no han podido saborear el poder, el movimiento tiene el propósito explícito de derrocar a Tshisekedi, que tras la creación de la plataforma en octubre prohibió varias de las formaciones miembros. Kabila, por su parte, aprovechó la instalación de la AFC/M23 en el este congoleño y regresó al país bajo la bandera de un diálogo verdadero para resolver las profundas causas del conflicto, lo que a su vez el Tribunal Superior Militar usó para involucrarlo con los rebeldes y condenarlo a muerte por traición y a una indemnización de 33 mil millones de dólares.

En documentos y cortes todo marcha sobre ruedas, en el terreno el conflicto persiste y la tan necesaria ayuda humanitaria escasea ante la falta de financiamiento, la inseguridad, y el cierre de aeropuertos y carreteras.

arb/kmg