Por Mario Hubert Garrido

Corresponsal jefe en Panamá

El portavoz Guo Jiakun confirmó que las autoridades del gigante asiático tomaron nota de la transacción en cuestión y llevan a cabo una revisión legal del caso “para garantizar la protección de la competencia justa en el mercado y salvaguardar los intereses públicos”.

Quiero reiterar que China siempre se ha opuesto firmemente a cualquier acción que utilice coerción económica o prácticas abusivas para violar o dañar los derechos e intereses legítimos de otros países, declaró.

La revisión forma parte de los esfuerzos de Beijing por garantizar que las grandes transacciones comerciales cumplan con las normativas nacionales e internacionales, según el comunicado oficial.

Tras amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, el consorcio BlackRock-TiL llegó a un principio de acuerdo para la compra de Panama Ports Company (PPC), perteneciente al conglomerado CK Hutchinson Port Holdings Ltd, con base en Hong Kong.

Adicional a esto, BlackRock-TiL se quedará con 43 puertos, 199 atracaderos ubicados en 23 países, junto con otros recursos de gestión de operaciones, sistemas operativos de terminales, y otros sistemas y activos relacionados.

En Panamá la compañía china opera los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), en cada lado del Canal de Panamá y la concesión al parecer de Trump fue una victoria en su afán de retomar el control de la vía interoceánica o al menos desterrar la presencia del país asiático.

Al respecto, el gobierno de José Raúl Mulino afirmó que la venta por parte de una empresa china a una estadounidense de dos puertos en esa ruta fluvial, es un trato “entre compañías privadas”.

El valor total de la transacción se acordó en 22.8 mil millones de dólares y se esperaba que estuviera concretada para el 2 de abril, pero la fecha ha sido pospuesta debido a la revisión mencionada.

Esto ocurre en medio de una crisis diplomática entre Panamá y Estados Unidos tras las amenazas del magnate republicano de apropiarse de la megaestructura sin descartar el uso de la fuerza debido a una supuesta influencia china.

INTERESES GEOPOLÍTICOS

Sobre este complejo asunto, diversos analistas consultados por Prensa Latina alertan sobre lo que realmente está en juego: los intereses geopolíticos y el inicio de una nueva etapa de la guerra comercial entre Washington y Beijing.

Esta situación cambiaría el panorama del comercio global y reconfiguraría la competencia en un sector que se considera altamente rentable y extremadamente difícil de ingresar. El negocio portuario es uno de los más codiciados a nivel mundial debido a su capacidad de generar ingresos estables a largo plazo y las altas barreras de entrada, que incluyen costos de infraestructura, regulaciones estrictas y la necesidad de concesiones gubernamentales a largo plazo.

Es por eso que la venta de una cartera tan grande de puertos en una sola transacción no solo es inusual, sino que representa una oportunidad única para BlackRock-TiL y sus socios de consolidar su presencia en el comercio global.

Las negociaciones se llevaron a cabo con una rapidez inusual, de acuerdo con medios locales de comunicación.

El diario La Prensa indicó que en cuestión de días y mediante reuniones virtuales y llamadas telefónicas, se cerró el acuerdo en principio con BlackRock-TiL y sus socios Global Infrastructure Partners (GIP) y Terminal Investment Limited (TIL), negociación que mucho antes dominaba el presidente estadounidense.

En ese sentido señala que CK Hutchison tomó esta decisión debido a una combinación de presiones financieras y políticas, pues en los últimos cinco años, la empresa china ha sufrido una caída del 40 por ciento en su valor de mercado.

Por otro lado se suma la creciente presión política, ya que antes de su llegada al Despacho Oval, Trump manifestó su intención de reducir la influencia de China en el sector portuario, especialmente en el Canal de Panamá.

El matutino de circulación nacional incluso citó al periódico británico Financial Times, cuando asevera que Trump fue avisado de la transacción en una reunión privada, lo que refuerza la teoría de que este acuerdo tiene implicaciones geopolíticas, más allá del aspecto comercial entre dos empresas.

En ese sentido, ubican la operación no solo como un cambio de manos en la propiedad de puertos estratégicos, sino que también se enmarca en la competencia global entre Estados Unidos y el gigante asiático.

En los últimos años, Washington ha intentado contrarrestar la creciente influencia china en América Latina, y el sector portuario, clave para el comercio internacional, se ha convertido en un punto de disputa.

En Panamá, la relación de CK Hutchison con el gobierno ha sido duramente cuestionada.

La empresa que opera los puertos de Cristóbal y Balboa, con un contrato de concesión extendido por 25 años, no ofrece mejoras en las condiciones para el país, a pesar de que la decisión se adoptó después de la expansión del Canal en 2016, y en medio de dudas sobre la transparencia de la compañía.

A la fecha, en la Corte Suprema de Justicia existen dos demandas pendientes, una de ellas por inconstitucionalidad contra el contrato de concesión. También similar recurso reposa en el Supremo contra la prórroga a la concesión portuaria.

Aún no está claro cómo la compra por parte de BlackRock-TiL afectará estos procesos ni si se modificarán los términos de la relación entre el operador y el Estado panameño.

La entrada de un nuevo jugador como BlackRock-TiL podría significar cambios en la relación con el gobierno, pero también deja abierta la interrogante de si se mantendrán las condiciones actuales de la concesión o si habrá una renegociación.

NECESARIA AUDITORÍA El Gobierno panameño, en un breve comunicado, se limitó a decir que la auditoría que realiza la Contraloría General a la filial a cargo de las terminales marítimas “debe continuar hasta su finalización” y el resultado de esas acciones “será un factor importante por parte del Gobierno Nacional respecto de una nueva relación con el concesionario”.

También precisa que el Ministerio de Economía y Finanzas y la Autoridad Marítima de Panamá estarán vigilando que el acuerdo cumpla todas las regulaciones y leyes del país.

Al respecto, organizaciones populares invocan a la transparencia y exigen que toda deliberación que el Estado haga sobre este asunto debe ser pública y que las decisiones no afecten la soberanía en detrimento del país.

Para muchos el negocio de navegación y transporte marítimo atrae cada vez más miradas y bolsillos de socios e inversores a nivel global, y luego de las amenazas de Trump de recuperar el principal activo económico del istmo, ahora está en juego más allá del Canal, el control de la estratégica posición geográfica.

arb/GA