Por Elizabeth Borrego Rodríguez
Corresponsal jefa en Naciones Unidas
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En entrevista con Prensa Latina, el coordinador residente de la ONU en el país caribeño, Francisco Pichón, consideró injusta esa política coercitiva, recrudecida con la clasificación como patrocinador del terrorismo por el departamento de Estado norteamericano.
El más reciente informe anual de la representación de organismo en la nación confirmó que el impacto del cerco afecta no solamente al territorio insular, sino también a las operaciones de Naciones Unidas.
Ese cerco por un lado restringe la financiación, mientras que por otra obstaculiza el acceso a ciertas plataformas de proveedores basados en Estados Unidos para operaciones como comprar bienes o equipos, y en su traslado a través de navieras, detalló el diplomático.
“En todos los casos, esto implica un aumento para los costos aún bajo condiciones de respuesta a una emergencia”, insistió.
A juicio de Pichón, la política hostil contra Cuba contrasta con el hecho de que el país es un abanderado de la Agenda 2030, el recién aprobado Pacto del Futuro y la cooperación entre el Sur Global.
“Además, Cuba con sus propias inversiones en ciencia y tecnología ha generado bienes públicos para el resto de la humanidad e invierte en la formación de médicos de todas partes del mundo”.
La propia Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU publicó recientemente un documento que demuestra cómo las sanciones unilaterales coercitivas impiden el goce de los derechos para la alimentación, la educación, la salud y el desarrollo.
UNA POLÍTICA DE ASFIXIA SOSTENIDA
De acuerdo con cifras oficiales, entre 2023 y 2024 Cuba sufrió pérdidas por cinco mil 56,8 millones de dólares como consecuencia del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos.
El más reciente informe, divulgado por la cancillería de La Habana, estima que los daños experimentados desde el 1 de marzo de 2023 hasta el 29 de febrero de 2024, representan un incremento de 189,8 millones con respecto al informe anterior.
La afectación aproximada es de más de 421 millones de dólares mensuales, más de 13,8 millones de dólares diarios, y más de 575 mil 683 dólares en daños por cada hora de bloqueo.
En total, tras más de seis décadas de cerco, las consecuencias superaron el billón 499 mil millones de dólares.
Al presentar el informe, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció en particular el impacto de la política sobre el comercio exterior y las relaciones financieras internacionales de Cuba.
Estas, aseguró, han sido severamente reforzadas con la inclusión de la mayor de las Antillas en la lista del Departamento de Estado norteamericano de naciones “patrocinadoras” del terrorismo.
ONU: UNA DESIGNACIÓN CONTRADICTORIA
Para la Organización de Naciones Unidas, la participación de Cuba en procesos de mediación, en particular sus esfuerzos para la paz de Colombia, contradice su permanencia en el listado norteamericano.
En respuesta a Prensa Latina, el portavoz del secretario general del organismo (António Guterres), Stéphane Dujarric, apreció los esfuerzos del pequeño país insular con actores políticos colombianos que determinaron la firma del Acuerdo de Paz en 2016.
“Ese no es el tipo de comportamiento que uno esperaría de países acusados de ser patrocinadores del terrorismo”, dijo en junio el vocero a esta agencia de noticias.
La continuidad del país antillano en esa lista es considerada también injusta por gobiernos y agrupaciones incluso dentro de Naciones Unidas.
Hasta la fecha, 31 resoluciones fueron adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en reconocimiento a la necesidad de poner fin al bloqueo contra Cuba y en rechazo al impacto de esa política en los cubanos.
A finales de mayo de este año, el Departamento de Estado confirmó la no inclusión de Cuba en el listado de países que, según Estados Unidos, no cooperan plenamente en la lucha contra el terrorismo.
Sin embargo, tanto la comunidad internacional como el Gobierno cubano consideran insuficiente la disposición, que no equivale a la eliminación de la lista de países patrocinadores del terrorismo, la cual implica mayores limitaciones para el intercambio económico y comercial del país caribeño.
“Estados Unidos debería hacer lo correcto y coherente con esa posición: sacar a Cuba de la lista arbitraria del Departamento de Estado y poner fin a las medidas económicas coercitivas que lo acompañan”, escribió el presidente Miguel Díaz-Canel en su reacción al anuncio.
Cuba fue incluida por primera vez en la lista de patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado durante la administración del presidente Ronald Reagan en 1982.
En 2015, el entonces mandatario Barack Obama consideró que esa designación no tenía mérito en el caso de la isla y la retiró.
Sin embargo, Donald Trump la reincluyó en enero del 2021, pocos días antes de abandonar la Casa Blanca, algo que mantiene su sucesor demócrata, Joe Biden, a pesar del reclamo para que rectifique esa postura en su política hacia la nación caribeña.
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