Por Liz Santos Nambak

Estudiante de Periodismo.

Hace cuatro meses, una auditoría rutinaria al Departamento de Obras Públicas y Carreteras destapó lo que hoy se conoce como uno de los mayores casos de malversación de fondos públicos en la historia reciente de la nación.

Un fraude que no sorprende a nadie

La Autoridad Antilavado de Dinero confirmó la congelación de activos por más de cinco mil 200 millones de pesos filipinos (88 millones de dólares), cifra que muestra la magnitud del desfalco y la profundidad de un problema que se repite con diferentes nombres y actores dentro del aparato estatal.

El precedente más recordado es el escándalo del “pork barrel” de 2013, cuando legisladores desviaron recursos públicos hacia fundaciones ficticias, un modelo de fraude que marcó el inicio de la actual maquinaria de corrupción, ahora disfrazada de programas de infraestructura.

La Comisión de Auditoría ya había advertido sobre anomalías de este tipo, primero en 2019 por sobrecostos injustificados y luego, en 2022, al detectar irregularidades en poco más de tres mil proyectos locales valorados en 131 mil 570 millones de pesos filipinos (2,2 mil millones de dólares), que formaban parte del Proyecto Nacional de Mitigación de Inundaciones.

Sin embargo, en cada ocasión los informes fueron ignorados, nadie fue sancionado y los documentos quedaron archivados.

En septiembre de 2025, los medios nacionales expusieron la trama con nombres, cifras y documentos que el Estado trató de minimizar, pero sus reportajes también dejaron al descubierto la otra cara de la moneda: la normalización de la impunidad.

Respuesta política y complicidad

Los primeros indicios de que un desfalco de tal envergadura era de pleno conocimiento por las máximas autoridades del país se dieron a conocer el pasado mes de julio.

En su discurso anual sobre el estado de la nación, el presidente Ferdinand Marcos Jr. calificó de “horrible” el fraude en los proyectos de control de inundaciones y ordenó la creación de una comisión para investigar las irregularidades.

Los hallazgos iniciales abarcan casi 10 mil proyectos valorados en más de 545 mil millones de pesos filipinos (nueve mil 200 millones de dólares), muchos de ellos inconclusos o inexistentes.

De acuerdo con fuentes oficiales, el 70 por ciento de los fondos destinados a obras de mitigación fue malversado, y al menos 20 por ciento del presupuesto anual de infraestructura terminó en manos de contratistas privados vinculados a figuras políticas. En total, más de 18 mil millones de dólares se esfumaron desde 2023, nueve mil solo este año.

La crisis obligó a renunciar al secretario de Obras Públicas y en la posterior dimisión del presidente del Senado, Francis Escudero, el 8 de septiembre, así como del titular de la Cámara de Representantes, Martin Romualdez, el 17 de septiembre, ambos señalados por facilitar contratos a empresas vinculadas con legisladores.

Las sanciones anunciadas contra ocho contratistas constituyen un paso inicial ante la magnitud del daño, aunque en la práctica el proceso podría diluirse entre demoras administrativas y acuerdos políticos que impidan penas más duras.

Mientras continúan las investigaciones, organizaciones civiles reclaman la creación de una comisión independiente para supervisar los fondos de infraestructura, una medida que -según expertos- el gobierno debería asumir no como amenaza, sino como oportunidad para recuperar credibilidad.

Más de lo mismo

En un país donde cada año se multiplican los daños por tifones e inundaciones como consecuencia del cambio climático, la corrupción en los proyectos de mitigación no deviene solo desfalco económico, sino que constituye una condena a la sociedad filipina.

Cada proyecto fraudulento implica más que un dato en un informe, se traduce en comunidades desprotegidas, barrios inundados y presupuestos evaporados, hechos que erosionan la confianza ciudadana en las instituciones.

A estas alturas, ya no es secreto el hecho de que en Filipinas los fondos destinados a obras públicas no siempre se usan para construir carreteras o diques; también sirven para financiar campañas, asegurar lealtades y consolidar la permanencia en el poder.

Resta saber si en esta ocasión el proceso investigativo alcanzará a los funcionarios que autorizaron los pagos o si, como tantas veces, la justicia se detendrá justo donde comienza la ambición política.

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