Por Lianet Arias Sosa

Corresponsal jefa en México

El anuncio ocurrió tras la designación por parte del vecino país del Norte a seis cárteles del narcotráfico y otros dos grupos foráneos como organizaciones terroristas, un hecho que reaviva las inquietudes sobre posibles pretextos para intervenciones o injerencias en territorio nacional.

El historial de Washington en este sentido está lejos de ser plausible, dada la lista de invasiones y ataques en otros territorios que fueron sustentadas por la misma denominación, a lo cual se suman declaraciones de altos funcionarios que han amenazado con esa opción en el caso de México.

“Dicha caracterización no tiene nada que ver con el combate al fenómeno delictivo, sino con potenciar el intervencionismo en los asuntos internos de México mediante la aplicación extraterritorial de las leyes estadunidenses”, expuso el prestigioso diario La Jornada.

A través de un editorial, el medio explicó que al poner a un colectivo, del tipo que sea, en esa lista, la Casa Blanca se da a sí misma la autorización para efectuar operaciones militares en cualquier parte del planeta que le parezca conveniente, sin siquiera requerir el aval del Congreso.

En opinión del periódico, ello “no puede tomarse a la ligera en un país que ha sido víctima de masivos robos de territorio, golpes de Estado y espionaje por parte de la superpotencia”.

Al referirse al tema durante una de sus habituales encuentros con periodistas, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que su país comparte con la nación vecina el combate contra estos grupos delictivos, especialmente por su impacto en la violencia.

Los más recientes resultados de la estrategia del Ejecutivo en materia de seguridad dan la razón a la mandataria y señalan como infundado el cuestionamiento de Estados Unidos, que acusa a México de no estar haciendo lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico.

En menos de cinco meses, este país detuvo a 13 mil 139 personas por delitos de alto impacto, decomisó 112,8 toneladas de droga, incluyendo mil 260 kilogramos y un millón 324 mil 924 pastillas de fentanilo, e incautó seis mil 582 armas de fuego.

La problemática va más allá: México ha insistido en innumerables ocasiones en la necesidad de que Estados Unidos enfrente también en su propio territorio el trasiego de esas sustancias, sobre todo de fentanilo, considerado el estupefaciente más común en las muertes por sobredosis en aquel país.

A juicio de las autoridades latinoamericanas, Washington debe hacer su parte para atender el asunto de salud pública del consumo de tales sustancias, el lavado de dinero proveniente de esos hechos ilícitos y la distribución allá de las drogas.

Sin embargo, Estados Unidos parece obviar su papel en esa crisis, prefiere buscar culpables exclusivamente fuera de sus fronteras y señalar a naciones como México y Canadá, sus socios comerciales en el tratado de Norteamérica, a quienes amenaza también con la imposición de aranceles.

“Cooperamos para que no haya el tráfico, particularmente de drogas sintéticas, aunque de todas las drogas, evidentemente, ilegales”, aseveró Sheinbaum el 20 de febrero, al advertir en referencia a la designación de los cárteles que su nación no negocia la soberanía.

En tal contexto, la dignataria remitió ese día al Legislativo una iniciativa de reforma a la carta magna contra cualquier intento de injerencia.

La modificación propuesta al artículo 40 de la constitución precisa que el pueblo, “bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación”.

Entre estos, se mencionan “golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo”.

“Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables”, agrega el texto.

En el caso del artículo 19, se señala que a cualquier nacional o extranjero involucrado en el trasiego de armas y a cualquier extranjero que realice actividades vinculadas con los párrafos del artículo 40 se le impondrá la pena más severa posible y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

“Estas son las dos modificaciones que estamos enviando a la constitución. Qué significa esto: colaboramos, nos coordinamos, trabajamos juntos, pero no hay injerencismo, no hay violación a la soberanía. Eso es lo que queremos que quede claro”, concluyó Sheinbaum.

COMPLICIDAD DE FABRICANTES DE ARMAS

En enero, un informe divulgado por el Departamento estadounidense de Justicia reconoció que el 74 por ciento de las armas letales que llegan a las manos de los grupos delictivos en México y les dan poder de fuego provienen de la nación norteña.

Tal realidad ya había sido denunciada por el gobierno de este país latinoamericano, que presentó en 2021 una primera demanda en Massachusetts, en el territorio vecino, contra ocho empresas fabricantes y distribuidoras de armas, y un año después formalizó otra contra cinco tiendas en Arizona.

En una carta enviada en noviembre al entonces presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ante el anuncio sobre la aplicación de aranceles del 25 por ciento al país latinoamericano debido a la supuesta falta de acción frente a la migración y el fentanilo, Sheinbaum puso los puntos sobre las íes.

“El 70 por ciento de las armas ilegales incautadas a delincuentes en México, proviene de su país. Las armas no las producimos nosotros, las drogas sintéticas no las consumimos nosotros. Los muertos por la delincuencia para responder a la demanda de drogas en su país, lamentablemente los ponemos nosotros”, resumió. A raíz del reporte presentado por el Departamento de Justicia, el fiscal general de México, Alejandro Gertz, aludió a la existencia de “una especie de conspiración” en Estados Unidos que permite el flujo de una enorme cantidad de armas hacia esta nación de Latinoamérica.

Nuestros esfuerzos para poderle dar seguimiento a esos artefactos “que estamos deteniendo aquí se encuentra con un tope dentro del sistema norteamericano en que los sistemas de control que ellos tienen son de un atraso tal, que la información que pedimos puede tardar meses en llegar”, develó.

Ahora, con la designación por parte de Washington a los grupos criminales, este fenómeno cobra nueva significación.

“Dado este nombramiento (de los cárteles como terroristas), pues tiene que haber un vínculo entre quien le vende las armas a estos grupos delictivos que hoy han sido catalogados con este nombre por parte de los Estados Unidos”, apuntó la jefa del Ejecutivo.

En ese sentido, se refirió a la demanda presentada contra fabricantes y distribuidores de armas en la nación norteña y anunció una ampliación de esta “por complicidad de aquellos que vendan” esos artefactos introducidos al país.

Políticos, gobernadores, legisladores y otros actores de la sociedad expresaron su respaldo a las iniciativas y las consideraron acertadas frente a esta y otras cuestionadas medidas de la administración de Trump, quien insiste en una política de amenazas ante el mundo.

arb/las