Por Orlando Oramas León

Corresponsal jefe en Uruguay

Ello atrae a miles de migrantes, no pocos de países caribeños pero también argentinos, peruanos y allende los mares, que esperan un mercado del trabajo amigable, aunque la realidad para no pocos de ellos resulta otra.

Los anuncios de empleo se repiten para labores como “deliverys”, reponedores de mercancías en las tiendas, ayudantes de cocina y limpieza, por citar algunos ejemplos.

Sobre el tema Prensa Latina conversó con Laura Martínez, miembro del Secretariado Ejecutivo de la central sindical PIT-CNT, que tiene una comisión dedicada al asunto, tanto para la defensa de los derechos laborales de los apuestan por vivir aquí, como para conseguir su sindicalización cual forma de protección.

Para la dirigente sindical los inmigrantes resultan el sector más desprotegido, sobre todo por la necesidad de conseguir “un primer laburo”, y luego lo difícil de mejorar.

La cifra de extranjeros que aportan a la seguridad social ronda el 6,5 por ciento del empleo formal, según cifras del Banco de Previsión Social.

Pero el 80 por ciento de la población migrante termina colocándose en sectores como servicios y comercio, con una alta informalidad, un fenómeno que también afecta a una parte importante de los nativos, dice Laura Martínez.

Explica que los que llegan consiguen colocarse con salarios bajos y exigencias de laborar cantidades mayores de horas semanales. En ello sobresalen, entre otros, quienes se emplean en plataformas digitales, léase profesionales de las tecnologías de la información y las comunicaciones

Los que llegan de fuera trabajan más que la población nativa porque el mercado les genera espacios en los puestos más precarios, acota la representante sindical.

Añade otra dificultad a la hora de reconocerles los títulos profesionales y pone como ejemplo a cubanos y venezolanos, muchos de los cuales tienen alta calificación.

“Entonces cuando entran en un trabajo vinculado a los servicios suelen quedarse mucho más tiempo de lo que deberían de estar por su formación”, léase médicos, ingenieros y otras profesiones.

Martínez menciona los apuros para las mujeres migrantes, sobre todo las que tienen hijos y son cabeza de familia. Muchas veces ocupan plazas de limpieza y de cuidados de otros, con frágil estabilidad laboral.

El país de origen tiene también sus implicaciones. Las dominicanas y peruanas están más destinadas a los trabajos domésticos, en particular con cama incluida, lo cual quiere decir que prácticamente viven donde laboran.

Son formas de explotación, subraya mi entrevistada, y reconoce tanto desconocimiento de las leyes laborales como incumplimientos por parte de los empleadores.

Se aprovechan de la urgencia del trabajo, presionan para que no se organicen sindicalmente, no se afilien. Les piden que trabajen más o que hagan tareas que quizás los nativos no harían, entre otras razones porque saben del convenio colectivo y del derecho, apunta.

Subraya que se trata de una “precarización forzada porque se aprovechan de la necesidad de tener unos pesos para pagar una pensión, un alquiler, acomodarse con la familia”, y con ello el desconocimiento de la normativa.

OTRO LADO DEL ASUNTO

Una reciente encuesta de la firma Equipos Consultores arroja que un 42 por ciento de los uruguayos considera que la llegada de inmigrantes perjudica al país, mientras que un 37 por ciento entiende que lo beneficia.

El 16 por ciento restante evalúa que no genera efectos claros o tiene un impacto neutro, y un cinco por ciento prefirió no emitir opinión.

La representante del PIT-CNT relativiza estos números pero reconoce flagelos que afectan a los inmigrantes.

Apostamos desde nuestra labor sindical a afrontar las barreras reales que enfrentan los migrantes, y por ello, a la tolerancia y la integración, refirió.

Sabemos que con las olas migratorias debemos encarar discursos de odio, combatir el racismo y la xenofobia, que están sucediendo, reconoció.

Apunta que desde el movimiento obrero buscan integrar a los migrantes para “combatir la explotación, el miedo y la desinformación”.

“Tenemos que explicarles la idiosincrasia de nuestra organización en Uruguay, que es diferente a otros países del continente. Por ello tenemos en la agenda sindical la defensa de sus derechos y el enfrentamiento a la lógica de explotación y presiones que juega con la necesidad, lo cual explica la baja tasa de sindicalización”.

En tal sentido enseñamos a nuestros dirigentes sindicales las dificultades y barreras que encara la población migrante para ejercer su derecho a la movilidad humana y laboral, remarca.

UNA CUESTIÓN DE ESTADO

Laura Martínez menciona que desde el gobierno se aplican políticas dirigidas a los migrantes, “pero requieren recursos que en algunos momentos no los tienen o resultan insuficientes”.

Explica que es un tema que se discute en el Diálogo Social convocado por el Poder Ejecutivo y con el que se decidieron líneas de trabajo gubernamental.

A la par, se discute en el Parlamento el proyecto de Rendición de Cuentas del gobierno con una pauta presupuestal restringida pero que prioriza políticas sociales, sobre todo para enfrentar la pobreza infantil, la inseguridad y las personas en situación de calle.

“También tenemos problemas estructurales que debemos atender, como por ejemplo la falta de trabajo para nuestros jóvenes, las brechas de género para el acceso a los trabajos. Además un pendiente con la política de cuidados que obstaculiza la inserción femenina en el mercado del trabajo”.

Y en todo ello la población migrante, que en su mayoría está en la edad productiva, entre los 29 y 59 años, quienes resienten estas limitantes, pero ante las cuales hay reconocimiento y voluntad de superar, concluye la directiva del PIT-CNT.

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