Por Juan Carlos Díaz Guerrero

Corresponsal jefe en Venezuela

Los atropellos a que fueron (y son) sometidos los jóvenes venezolanos en violación de su debido proceso, contradicen las normas del Derecho Internacional y Humanitario, de los Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas y de cuanta regulación establecida sobre la movilidad humana.

Esta invocación del presidente estadounidense, Donald Trump, de la Ley del Enemigo Extranjero de 1798, a través de una orden ejecutiva, contradijo las propias normas legales de la nación norteña, al punto de quedar inoperativa de forma temporal por decisión del juez federal Brian E. Murphy.

La jueza Patricia Millett, del Tribunal de Apelaciones para el Circuito de Washington, fue más explícita al valorar que “los nazis recibieron un mejor trato bajo la Ley de Enemigos Extranjeros que lo que ha ocurrido aquí”, en referencia a los venezolanos deportados por supuestos vínculos con el Tren de Aragua.

Esa Ley del siglo XVII solo fue utilizada por Estados Unidos durante la conflagración interna de 1812 y la Primera Guerra Mundial (1914-1919) y la Segunda (1939-1945) , que permitió en este último caso el internamiento en campos de detención de 30 mil personas de origen alemán, italiano y japonés.

Analistas y expertos consideran su aplicación actual fuera del contexto que se vive en el país norteño, al tratarse de una disposición creada para tiempos de guerra.

Los argumentos utilizados por Washington para ponerla en vigor se sustentaron en “una invasión o incursión predatoria contra el territorio de Estados Unidos”, en la que los venezolanos fueron todos acusados, sin pruebas, de ser miembros del Tren de Aragua, organización que, inclusive, resultó acusada de terrorista.

La orden de Trump alcanzó hasta los venezolanos de 14 años para que sean “detenidos, asegurados y expulsados por ser enemigos extranjeros”.

Pero en la práctica, la realidad demostró, a partir de testimonios de migrantes que regresaron a la República Bolivariana mediante el plan de gobierno Vuelta a la Patria, que la medida afectó a menores de edad, a quienes entraron en forma legal a ese país, se encontraban en proceso de trámites y a residentes.

El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Venezuela, Jorge Rodríguez, denunció que con la implementación de esa Ley los migrantes venezolanos “son detenidos, segregados y trasladados a otros países”.

Los niños están siendo secuestrados salvajemente sin que medien los derechos establecidos por las Naciones Unidas para los infantes, a quienes “les arrebatan sus celulares, son sacados de las escuelas, de las iglesias y los sitios públicos” sin conocerse a donde son llevados, denunció.

REACCIÓN Y DENUNCIA

Fue precisamente Rodríguez, al día siguiente de las imágenes divulgadas por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien en rueda de prensa expresó la indignación del gobierno bolivariano.

El designado para los Diálogos de Paz calificó como una “muestra de infamia, arbitrariedad y barbarie”, el secuestro de los connacionales que fueron enviados por el Gobierno de Estados Unidos a El Salvador, y lo valoró como “crimen de lesa humanidad”.

Esta barbaridad solo puede ser comparada con “las páginas más oscuras que ha vivido la humanidad”, solo puede ser comparada con las leyes de Núremberg de la Alemania nazi, afirmó.

La proclama estadounidense, en base a Ley del Enemigo Extranjero de 1798, constituye una “acción absolutamente ilegal” que violenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, subrayó.

El legislador manifestó que como Estado establecerán “todos los mecanismos posibles y mandaremos los aviones que haya que mandar a Estados Unidos para el regreso a sus hogares”, de los compatriotas.

Rodríguez notificó el inicio de una campaña nacional e internacional de denuncia para traer a los migrantes secuestrados que hasta el momento, abarcó aspectos legales con la contratación de bufetes de abogados en El Salvador y en el orden diplomático.

Paralelo a ello, se organizaron actos y movilizaciones con cientos de miles de personas en las calles para apoyar a los familiares, y en las Plazas Bolívar de todo el país las personas siguen acudiendo para plasmar su firma en libros, en solidaridad con lo que llaman “nuestros hermanos”.

Entre todas las acciones públicas promovidas merece destacarse las conversaciones telefónicas sostenidas por el presidente Nicolás Maduro con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, y el Alto Representante de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.

Ambos diálogos por separados, el 26 y el 28 de marzo, respectivamente, versaron sobre la solicitud para “asegurar la liberación inmediata y sin condiciones de los compatriotas injustamente detenidos en los campos de concentración de El Salvador”.

En territorio centroamericano los jóvenes fueron “encarcelados sin ningún tipo de proceso judicial y privados de su derecho a la defensa”, indicó en un comunicado el Ministerio para Relaciones Exteriores.

Maduro demandó la necesidad que el Sistema de Naciones Unidas “asuma un compromiso firme en la garantía de los derechos de los venezolanos migrantes, velando por el cumplimiento del Derecho Internacional, en especial aquel que protege a las personas en condición de movilidad”.

Los altos funcionarios de la ONU expresaron su compromiso de “activar todos los mecanismos disponibles para restablecer, lo antes posible, los derechos flagrantemente violados de los migrantes venezolanos”, de acuerdo con el texto oficial.

Asimismo, el Presidente patentizó la firme determinación de su Gobierno de “no descansar hasta garantizar el regreso seguro a la patria de cada compatriota, injustamente encarcelado”.

El canciller Yván Gil cuestionó la política de doble rasero de las Naciones Unidas y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos en el caso de los migrantes venezolanos.

“Se condena a un país por situaciones injustas y luego su población migrante no es defendida por ellos”, enfatizó.

El alto diplomático aseveró que estas instituciones “extrañamente hasta ahora han mantenido cierto silencio”, y demandó que “deben ponerse al servicio de la humanidad y de los venezolanos de bien que ejercieron su derecho a emigrar”.

Otro elemento importante fue el apoyo y condena unánime de los cancilleres y altas autoridades de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos, en la recién finalizada XXV Reunión del Consejo Político, celebrada en Caracas.

También se suman innumerables mensajes y comunicados de solidaridad de gobiernos, partidos políticos, movimientos populares, sociales y religiosos de diversas partes del mundo.

Más allá de las contradicciones políticas existentes entre sectores de la sociedad venezolana, una reciente encuesta de la empresa Hinterlaces reveló que el 89 por ciento de los entrevistados rechazó la invocación de la Ley del Enemigo Extranjero de 1798 y el 91 por ciento señaló que viola profundamente los derechos humanos.

Asimismo, un 85 por ciento dijo estar de acuerdo con el programa de Gobierno del plan Vuelta a la Patria, que retornó desde el 2018 a 1,4 millones de personas.

Un sentimiento casi que generalizado lo expresó el legislador por la bancada opositora Jesús Brito, quien convocó desde la Asamblea Nacional a la unidad “para defender los derechos de estos hermanos nuestros”.

“Ahora no se trata de ser del chavismo o de la oposición, sino de acompañar desde este Parlamento, ambas bancadas, esta lucha”, enfatizó.

CULPA DE LA ULTRADERECHA

Las autoridades venezolanas acusan a la oposición extrema, liderada por María Corina Machado, Leopoldo López, Carlos Vecchio, Miguel Pizarro, Antonio Ledesma y David Smolansky, entre otros, de ser los responsables de promover la campaña para que los connacionales emigraran del país.

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, denunció que ellos suscitaron el tema de la migración, y luego “vino la satanización de los venezolanos en el extranjero y quienes comenzaron hablar del Tren de Aragua”, fueron ellos.

“Es mentira que quienes fueron enviados a El Salvador sean del Tren de Aragua, es mentira”, reafirmó, al descalificar el plan tejido por la ultraderecha.

El presidente Nicolás Maduro convocó a no quedarse callados ante este despropósito, “es una barbaridad de tamaño bíblico decir que los migrantes económicos que se fueron del país debido a las sanciones, son todos unos delincuentes producto de una invasión de Venezuela hacia Estados Unidos”.

Remarcó que calificar a los migrantes venezolanos como delincuentes, terroristas y asesinos es “el acto de mayor enemistad e injusticia que jamás se haya cometido desde Estados Unidos contra un pueblo de América Latina y el Caribe, y quizás del mundo”, subrayó.

Decir que la República Bolivariana planificó una invasión de delincuentes a Estados Unidos “es la más grande mentira que se haya dicho sobre nuestro país, comparado al decir que había armas de destrucción masiva en Iraq”, acotó.

Enfatizó que es “la intención de agredir un país sobre una mentira que no cree nadie” y denunció que son ellos (Estados Unidos) los que protegen a los delincuentes como Juan Guaidó, Iván Simonovis, Carlos Paparoni y otros.

“Son ustedes quienes han financiado y protegido a los delincuentes, que se llevaron lo peor de las personas a su propia tierra”, reafirmó.

arb/jcd