Recientes pruebas mostradas en el proceso que se le sigue al capo en un juicio en Estados Unidos a donde fue extraditado este año, mencionan dos decomisos de droga efectuados en las aguas caribeñas de la comunidad originaria Guna Yala.
El pasado 5 de mayo, Otoniel se declaró no culpable en el juzgado de la Corte del Distrito Este de Nueva York por los delitos de narcotráfico internacional y encabezar la organización de las Auto Defensas Colombianas (AUC), considerada como un grupo terrorista.
Sin embargo, en su expediente sobresale una injerencia significativa de esos grupos en el istmo, específicamente en sus costas al océano Atlántico.
Los nexos conocidos hasta ahora del Clan del Golfo en Panamá reseñan a la operación ‘Fisher’ que en diciembre de 2021 desmanteló a un grupo de apoyo logístico.
En ese operativo decomisaron 10 millones de dólares en efectivo escondidos en una casa de la provincia caribeña de Colón, fincas, propiedades, y la detención de 57 personas, la mayoría residentes en esa región.
Sobre este tema, el ministro de Seguridad de Panamá, Juan Pino, explicó a Prensa Latina que ese operativo significó un duro golpe para la banda dedicada a traficar sustancias ilícitas desde Colombia hacia las costas de las provincias panameñas de Colón y Bocas del Toro, y de ahí a Estados Unidos.
Sobre el Clan del Golfo Pino precisó que “tenía un control absoluto de todas las actividades del narcotráfico y rutas hacia Centroamérica, donde han consolidado importantes alianzas con células del crimen en Panamá, Costa Rica y Honduras».
Por su parte, la banda de Otoniel o “Don Mario”, otro de sus alias, coordinaba el recibo de grandes cantidades de mercancía procedente de Colombia, la almacenaba y luego, bajo sus indicaciones la entregaban a grupos con los que hacían negocios, describió entonces a Prensa Latina el Procurador designado, Javier Caraballo.
AUGE DE PANDILLAS
Otro de los fenómenos asociados al narcotráfico en el istmo es el auge de las pandillas, sus nexos con el crimen organizado y la penetración de unidades policiales, males que preocupan a las autoridades de seguridad.
Según vaticinó el director de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), Carlos Valencia, la evolución de estos grupos podría convertirse en corrientes existentes en otros países de Centroamérica, como El Salvador y Honduras.
Las pandillas han aprendido en la cárcel a hacer alianzas para alcanzar objetivos específicos, las grandes absorben a las pequeñas, señaló.
A juicio del funcionario, de esa manera las bandas ganan territorio para operar y obtienen más poder a nivel provincial y nacional.
Sobre las amenazas al sistema por parte del crimen organizado, su penetración en las filas de uniformados y la necesidad de depurar las instituciones, Valencia consideró que la DIJ requiere renovar el personal que realiza análisis e investigación judicial.
La entidad que encabeza, con más de mil unidades, funciona subordinada al Ministerio Público en operativos de diferente índole, sin embargo la jubilación de mandos experimentados este año y en 2023 impactará en las pesquisas que se presentan ante los jueces, indicó.
Valencia consideró que las pandillas van escalando, los que eran jóvenes hace 10 o 15 años, ahora están a un nivel intermedio o de cabecillas de la agrupación y se unen en corrientes como las denominadas Calor Calor o Bagdad, agregó.
En 2008, recordó, ya se vislumbraba este panorama, similar al de otros países.
Sobre la penetración del crimen organizado en las unidades policiales señaló que utilizan varias vías: observan, analizan por dónde le pueden entrar a la persona, la estudian. Muchas veces le encuentran debilidades y por ahí van, comentó.
Sin embargo, aclaró, en lo que va de 2022 se han realizado 105 operaciones contra el crimen organizado, para lo cual en la labor investigativa es fortaleza que la DIJ esté dentro de la Policía Nacional.
Cuando detectan unidades penetradas por las bandas criminales, acotó, son desvinculadas de la DIJ y se someten al proceso interno de la Dirección de Responsabilidad Profesional por faltas administrativas.
Estos últimos años no hemos tenido tantos casos de esa índole, pero dentro de la Policía Nacional sí hemos encontrado y realizamos la depuración, como sucedió recientemente en Veracruz donde se detuvo a cuatro unidades, tres de la Policía y uno del Servicio Nacional Aeronaval.
2021, IMPORTANTES GOLPES, AÚN INSUFICIENTES
La Operación Fisher, de diciembre último, que arrestó a 57 personas y decomisó 10 millones de dólares a un grupo criminal es visto por autoridades panameñas como exponente de un 2021, el año de mayores éxitos en el combate al narcotráfico.
De acuerdo con Pino, entre los nuevos aprehendidos hay cuatro empleados públicos y dos empresarios extranjeros que colaboraban con la compra de bienes en efectivo para introducir el dinero ilegal en el sistema financiero del país canalero, llamados criminales de cuello blanco.
Para Valencia, la célula era el brazo logístico operativo del grupo que apoyaba en las tareas de tráfico, sicariato y almacenamiento de la droga.
Según indicó, todos los bienes fueron adquiridos durante la pandemia de Covid-19 y registrados a nombre de terceros o testaferros, personas naturales o jurídicas que están vinculadas al blanqueo de capitales fruto del narcotráfico.
Pino consideró además que con el decomiso de los 10 millones de dólares, se logró cortar la parte financiera a esta organización criminal transnacional que utiliza al país canalero como plataforma de tránsito para desarrollar sus actividades ilícitas dentro y fuera de la región.
También en los allanamientos, decomisaron lujosas viviendas, entre ellas una residencia ubicada en el distrito La Chorrera, Panamá Oeste, vinculada a la banda.
El inmueble, aún sin estrenar, sería habitada presuntamente por el cabecilla de la organización, Jorge Luis Cárdenas, con vínculos con el Clan del Golfo.
La vivienda, de 340 metros cuadrados, valorada en más de 700 mil dólares, se adquirió en abril del pasado año y fue registrada a nombre de la sociedad Yojimor S.A., representada al momento de suscribir el contrato por Navir Yesabett Gómez.
El Clan controla la producción de unas 300 toneladas de cocaína, un tercio de la cual proviene de Colombia y su red llega a 28 países.
Estadísticas de esa cartera, a las que tuvo acceso Prensa Latina, revelan además en 2021 se decomisaron unas 128 toneladas de drogas en varios operativos, cifra que supera las 78 toneladas incautadas el pasado año y las 87 en 2019.
Según esa fuente la mayor parte de los estupefacientes se registraron en embarcaciones procedentes de Colombia y en contenedores con destino también a Europa y Estados Unidos.
Fuentes del Ministerio Público precisaron que trabaja además para neutralizar pandillas locales que prestan sus servicios a esas redes del narcotráfico que traen la droga hasta Panamá y luego la introducen en los puertos del Atlántico y el Pacífico.
A juicio del titular de Seguridad, pese a avances todavía es insuficiente el enfrentamiento a ese flagelo, que a su vez tiene un efecto directo en el incremento de los homicidios.
Reiteró además que la aprobación de un proyecto de ley para crear la legislación de extinción de dominio en Panamá, el cual está en la Asamblea Nacional desde abril de 2021, devendrá herramienta eficaz para atacar al crimen organizado.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La participación de Panamá en el tráfico de drogas se inició a comienzos del siglo XX, con el tráfico de opio de Asia a Europa a través del canal interoceánico.
En las décadas de 1960-1970, según estudiosos, se producía cannabis, pero fue reemplazado por la cocaína.
A partir de la década de 1980 en adelante, Colombia, hizo de Panamá el punto de tránsito natural de los estupefacientes en dirección a Estados Unidos y Europa.
Con la invasión norteamericana en diciembre de 1989, se abolió el ejército y la seguridad pasó a organizaciones civiles, estos tuvieron problemas en los años siguientes por falta de capacidad y experiencia, lo que permitió que variados tipos de grupos del crimen organizado consolidaran su poder.
La tendencia se mantuvo en los años 2000; entre 2005 y 2010, datos oficiales mostraron que se triplicó el número de pandillas que operaba en el país.
En la década de 2010, el Gobierno ha intentado varias estrategias para abordar el problema de las pandillas, ninguna de las cuales ha resultado ser exitosa.
Panamá ha sido un centro para el lavado de dinero internacional, debido a su amplio sector bancario, la economía dolarizada y de rápido crecimiento y la presencia de la Zona Libre de Colón (ZLC).
El rol central del país centroamericano en el lavado internacional de dinero quedó en evidencia en 2016 con la publicación de los llamados “Panamá Papers”.
Recientemente, las pandillas locales han comenzado a crear sofisticadas estructuras conocidas como “oficinas de cobro”, que trabajan directamente con narcotraficantes transnacionales.
Diferentes organizaciones criminales transnacionales, especialmente organizaciones con base en Colombia y México, usan al país istemño de puente para el tráfico de drogas, escapar de la presión en sus países de origen y hacer sus negocios.
Sobre este tema, el columnista Eduardo Lamphrey escribió en el diario la Estrella de Panamá que los carteles del narcotráfico no solo están recibiendo más dinero por menos droga, sino que la pandemia de Covid-19 les dio la oportunidad de mayor control de territorio y compra de voluntades.
En 2021, a pesar de que Bagdad ganó protagonismo como la principal pandilla de Panamá, dijo, otra banda, Calor Calor, sigue siendo parte importante del narcotráfico del país, pues mueve numerosos cargamentos de drogas y controla el microtráfico en muchos barrios de la ciudad de Panamá.
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